Favorecer con una amnistía a Arnoldo Alemán —quien, como es bien sabido, cumple en su confortable residencia de El Chile una condena a veinte años de presidio por delitos de corrupción en perjuicio del Estado y del pueblo de Nicaragua— significaría amnistiar a la misma corrupción.

Ciertamente, al quedar Alemán en absoluta libertad y exonerado de todos los cargos por los que fue condenado judicialmente, el Estado y la sociedad estarían perdonando y justificando la corrupción, tal como se hizo en los años noventa con las amnistías que perdonaron y dejaron en la impunidad las piñatas sandinistas.

Por otra parte, la amnistía para Alemán significaría también el fracaso de la lucha contra la corrupción, que por cierto ya se había mediatizado y estancado debido a que las autoridades judiciales —que son determinantes en este caso— están controladas por las cúpulas de los partidos de Ortega y Alemán. Por eso es que prácticamente todos los casos de corrupción que fueron denunciados por el actual Gobierno quedaron en la impunidad, y el único acusado que guarda formalmente cárcel es Arnoldo Alemán.

Como sea, al decretarse la amnistía para Arnoldo Alemán la lucha contra la corrupción habrá fracasado. Y se tendrá que reconocer que en Nicaragua los corruptos valen más que las personas honradas; que son más importantes las fortunas amasadas a base del robo de bienes ajenos, que los capitales construidos con decenios de sacrificio y trabajo honrado; que la impunidad es más fuerte que la justicia; y que la única razón por la cual Nicaragua había recuperado el respeto de la comunidad democrática internacional —o sea la lucha contra la corrupción— vino a ser al fin y al cabo otra falsedad nacional.

Al respecto de la amnistía a Arnoldo Alemán, para lo cual esta semana se activó en la Asamblea Nacional la correspondiente iniciativa, la diputada del PLC, Jamileth Bonilla, dio a conocer que aquél podría quedar libre en el corriente mes de marzo. En una entrevista exclusiva para LA PRENSA, publicada en la edición del domingo 27 de febrero recién pasado, la diputada Bonilla confirmó que su partido, el PLC, le ha entregado al FSLN todo lo que éste ha querido —después de que en el primer pacto, en 1999, le había concedido una reforma constitucional para facilitar el regreso de Daniel Ortega a la Presidencia de la República—, a cambio de la benevolencia sandinista hacia el reo Arnoldo Alemán: primero trasladándolo desde la cárcel a un hospital privado, después a su residencia de El Chile, y ahora, pendiente todavía de cumplimiento, con su liberación y lavado de culpas mediante una resolución del Tribunal de Apelaciones que anule la resolución judicial que lo condenó por corrupción, o por medio de la amnistía.

Sin embargo Ortega y su FSLN otra vez le están dando largas al cumplimiento de su compromiso de liberar a Alemán, ahora con la justificación de que podrían pagar un alto costo político que sería aprovechado por Herty Lewites, quien ha planteado una aparatosa disidencia en su afán de ser a cualquier precio el candidato presidencial del FSLN.

De hecho Daniel Ortega y el FSLN ya han pagado un considerable precio político por su maridaje con la cúpula del PLC y Arnoldo Alemán, a los que antes demonizaron como representantes del viejo somocismo y ahora los tienen como aliados en su sedicente “lucha antioligárquica”. Pero peor serían las consecuencias que tendría que pagar Ortega, según consideran los mismos miembros de la cúpula orteguista, si asumiera descaradamente la responsabilidad de liberar y exonerar de culpas a Arnoldo Alemán.

Por eso es que los portavoces parlamentarios del FSLN están hablando de que no apoyarán la amnistía para Alemán. Sin embargo, tal como lo han explicado públicamente fuentes parlamentarias debidamente identificadas, la bancada del FSLN facilitará a los diputados del PLC que puedan aprobar el correspondiente decreto legislativo, sin necesidad de que voten por él los diputados sandinistas.

De esa manera quedaría asegurado el interés de Daniel Ortega y del FSLN en cubrir con la impunidad la corrupción de Arnoldo Alemán y la cúpula del PLC, de la misma manera que antes quedó impune la piñata sandinista.

Amnistía a la corrupción