Lenta investigación en caso Chinandega
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Nada nuevo en sucesos donde murieron tres campesinos |
José Adán Silva y
Mirna Velásquez
Una semana después que tres personas murieran por disparos durante un desalojo en Chinandega, nada nuevo han descubierto las autoridades que investigan el hecho.
Eso es lo que se desprende de las declaraciones del fiscal especial para ese caso, Richard Lara, quien se trasladó la semana pasada a Chinandega a investigar los hechos.
Lara informó que desde que llegó a ese departamento, ubicado 120 kilómetros al occidente de Managua, ha iniciado una serie de entrevistas con testigos y familiares de las víctimas, quienes habitaban en el asentamiento Camilo Ortega Saavedra, contiguo al predio de 16 manzanas que unas 600 personas intentaron tomarse a inicios de este mes.
El fiscal Lara informó que no ha recibido un informe de parte de la Policía Nacional, dado que la Dirección de Auxilio Judicial y Asuntos Internos de esa institución, investigan los hechos a su ritmo.
Comisiones especiales de la Policía Nacional también se han trasladado a Chinandega a reconstruir los hechos, para determinar las responsabilidades de los agentes involucrados en el caso.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 23 de febrero en la periferia de Chinandega, cuando un centenar de policías de línea y tropas antimotines se presentaron a la finca Pan Brand, a desalojar a unos 600 precaristas que habían invadido la tierra.
Ante la presencia policial, algunos precaristas reaccionaron con agresividad, lo que también provocó una reacción violenta de la Policía Nacional.
SALDO DEL EVENTO
Producto del enfrentamiento entre policías y pobladores, tres personas resultaron muertas por heridas de bala, cuatro resultaron heridas y siete policías lesionados.
BALAS DE FUSIL AK
El fiscal Lara señaló ante sus superiores del Ministerio Público, que el informe médico- forense determinó que las tres personas murieron por balas de fusil AK.
Las primeras averiguaciones determinaron que la Policía Nacional llegó a ejecutar una acción judicial por desacato a la autoridad y usurpación de propiedad, luego que la misma Fiscalía interpusiera una acusación contra ocho personas que encabezaban a los precaristas, incluyendo al líder Walter Arata, de quien sus familiares señalan que lo mató un francotirador.
DUEÑO EN LA CORTE
Milton Castillo Cantón, dueño de la propiedad, lamentó la muerte de tres personas en el intento de desalojo de la Policía y pidió una reunión en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para abordar el caso.
Reclamó respeto a sus derechos humanos y a la propiedad privada, la cual fue invadida.
“Queremos que saquen a la gente de las tierras por el momento porque es nuestro derecho como ciudadanos de tener una propiedad”, expresó.
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