Bolaños bloqueará fallos
María José Uriarte,
Moisés Martínez y
Mirna Velásquez Sevilla
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El presidente Enrique Bolaños advirtió ayer que él decidirá si la Policía cumple o no las resoluciones del Poder Judicial; mientras tanto, los sandinistas pretenden reformar la Ley de la Policía, para quitarle el control de esta institución al mandatario.
Sin embargo, Bolaños sufrió ayer dos nuevos golpes jurídicos, complicando también su situación política.
Primeramente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió dos recursos por inconstitucionalidad en contra de los decretos presidenciales que mandaban a la Policía Nacional acatar la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia.
Además, la Fiscalía General de la República anunció que interrogará al presidente Enrique Bolaños por los incidentes sucedidos en el edificio de Telcor el pasado 14 de junio, cuando la Policía Nacional desalojó a dos jueces por órdenes del mandatario.
Por su parte, Bolaños insistió que no reconocerá las reformas constitucionales que le restan atribuciones, porque eso sería “ponerle el yugo de la dictadura” a la democracia nicaragüense.
De esta manera, el Presidente se mantuvo en su posición, expresada en los decretos presidenciales 43-2005 y 44-2005, que ordenan a la Policía Nacional acatar el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que desconoce las reformas a la Carta Magna.
Los decretos mandatan a la Policía a no obedecer ninguna orden de otro Poder del Estado que contravenga dicha disposición.
BOLAÑOS, RESPONSABLE
A pesar de que las resoluciones del Poder Judicial son de ineludible cumplimiento, el mandatario precisó que él verá si la Policía Nacional las acata o no, porque está supeditada directamente a su persona.
“Que me las pasen por medio mío, para ordenarle a la Policía que las cumpla o no las cumpla; yo seré el responsable de que se cumplan o no, pero la Policía Nacional tiene una jerarquía, no puede venir un juez si está un policía dirigiendo el tráfico en una esquina, y el juez decirle: vení ve, vamos a hacer tal cosa”, comentó el presidente Bolaños.
Recordó que la Carta Magna señala que la Policía Nacional no es deliberante, pero reconoce que la confrontación de los poderes del Estado ha puesto a esa institución a tener que analizar a quién obedece, y esto contradice lo establecido en la misma, por lo que afirmó que para aclarar las cosas, tienen que someterse a lo que les oriente el Presidente de la República, de acuerdo a la ley.
“Dentro de las funciones, la Policía auxiliará al Poder Judicial, a auxiliar, pero no es que está sometido al mando del Poder Judicial, dice que está sometido al mando de la Presidencia, y la organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía y disciplina, jerarquía que nace del Presidente hasta el último policía”, observó Bolaños.
Lamentó que los otros poderes del Estado lo dejen solo en su lucha contra la dictadura, establecida, según él, por los caudillos de los dos partidos mayoritarios, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.
Los polémicos decretos dictados a inicios de esta semana por el presidente Bolaños en contra del Poder Judicial, fueron rechazados ayer por la Corte Plena, al admitir dos recursos que por inconstitucionalidad fueron introducidos el martes pasado contra la decisión del Presidente de reconocer la supremacía de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) sobre el más alto tribunal de justicia de Nicaragua.
Por segundo día consecutivo, los magistrados analizaron los decretos del Presidente y fue hasta ayer que decidieron admitir los recursos interpuestos por los abogados Fernando Santamaría Zapata y Denis Castro Cabrera, miembros del colegio de abogados.
La sentencia está firmada por catorce de dieciséis magistrados, que resolvieron poner en conocimiento de esta decisión al presidente Bolaños y al Procurador General de la República, Alberto Novoa.
“A través de este auto (resolución) no se suspenden los efectos, pero tengo entendido que los tribunales de Apelaciones están tramitando recursos de amparo que permiten la suspensión de los efectos de un decreto”, expuso el magistrado Manuel Martínez Sevilla, presidente de la Corte.
Este lunes, el mandatario Bolaños emitió un decreto de ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y otro en el cual ordena al primer comisionado Edwin Cordero Ardila, Director de la Policía Nacional, asegure la ejecución e inmediato cumplimiento de la sentencia dictada por este tribunal.
“Cuando se habla de inconstitucionalidad, la Corte Suprema siempre ha mantenido y sostenido que es la competente para resolver los conflictos entre los poderes del Estado”, expuso Martínez.
El magistrado Francisco Rosales, al referirse a la efectividad de esta decisión, indicó que mientras el supremo tribunal no declare la inconstitucionalidad de ambos decretos en lo que se refiere al tema de la Corte Centroamericana, “pueden ser efectivamente aplicables” porque tiene que haber una declaración de inconstitucionalidad o no en su momento.
Martínez insistió que la Policía Nacional debe obediencia a los mandatos judiciales, como lo ordenan la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los recursos serán resueltos de acuerdo a los períodos establecidos por la ley, pero en este caso se tomará en cuenta la gravedad del caso, conforme a lo expresado por Martínez.
El procurador general Alberto Novoa no se sorprendió con la decisión de la CSJ sobre los decretos establecidos por el presidente Bolaños, alegando que esto quedó claro desde el martes pasado, cuando el presidente del máximo organismo judicial, Manuel Martínez y otros magistrados, manifestaron públicamente su rechazo a las acciones del mandatario.
“Esa resolución ya está en la Corte Suprema de Justicia, ¿pendiente?, pendiente hubiera sido si hubiese una expectativa de lo que va a pasar, pero ayer (martes), el mismo presidente de la Corte y otros magistrados adelantaron todas las consecuencias, es más, se implicaron”, declaró Novoa durante una visita que hizo a Martha Julia Lugo, directora de Telcor.
Novoa defendió los decretos ordenados por Bolaños, alegando que como Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ordena el cumplimiento de una sentencia judicial, en este caso, la emitida por la CCJ.
“El Presidente está diciendo: Esta sentencia (la emitida por la CCJ) tiene igual valor que cualquier sentencia, y yo, como jefe de Estado, voy a aplicarla”, sostuvo Novoa.
CONSIDERARÁN RESOLUCIÓN
Novoa dejó entrever que el Ejecutivo no acataría inmediatamente una resolución surgida del máximo organismo judicial referida a los decretos emitidos por el Presidente, ya que antes de cualquier cumplimiento a lo inmediato, ésta sería “considerada”.
“Desconocerla, pues esa es una palabra bien fea, pero vamos a tomarla a consideración, ya sabiendo lo que iban a dictar, ¿qué otra cosa nos queda? Las tomaremos a consideración y ponderaremos su valor. Recuerden que el decreto habla a todos los poderes del Estado de Nicaragua. Y él (Bolaños) habló como Jefe del Estado de Nicaragua, Jefe de Gobierno y de las Fuerzas Armadas. Claro que todos los fallos judiciales son de ineludible cumplimiento, incluso los fallos de la Corte Centroamericana de Justicia”, respondió.
CORTE SIENTA PRECEDENTE
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentó un precedente ayer al admitir varios recursos de amparo que los diputados liberales María Haydée Osuna, Roberto Sánchez, José Castillo Osejo y Enrique Quiñónez, introdujeron contra el decreto presidencial que permitió el incremento de la tarifa de energía eléctrica.
Francisco Rosales Argüello, presidente de la Sala Constitucional, declaró que la decisión de los magistrados fue unánime y además fue declarado inconstitucional. Posteriormente el caso será elevado a Corte Plena donde analizarán sobre la inconstitucionalidad.
Así, la Corte ratificó la decisión del Tribunal de Apelaciones,de suspender el alza en la tarifa energética del 11.83 por ciento.
INTERPRETACIÓN
La iniciativa de interpretación auténtica de un artículo de la Ley 228, aún no es discutida por la junta directiva del parlamento para incluirla en agenda, a pesar de que dos de los directivos, los sandinistas René Núñez y Edwin Castro, presentaron la misma.
Castro dijo que la idea es determinar “que la Policía tiene obligación, sin discusión alguna, de prestar el auxilio judicial a las resoluciones jurisdiccionales” y que no pueda haber ninguna razón administrativa que entorpezca el cumplimiento de esa función.
No obstante, los liberales no coinciden en todos los planteamientos expuestos por los sandinistas en la iniciativa de interpretación auténtica de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, precisó el diputado Wilfredo Navarro, por lo que tendrán que negociar las reservas.
Navarro explicó que para el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), no son muy congruentes algunos de los planteamientos que realizan los sandinistas en la iniciativa, sobre todo en lo relacionado a la destitución de mandos de la Policía Nacional.
“Creemos que limitar la facultad del Presidente, sería deslegitimar la ley en su sentido estricto, en lo que sí estamos de acuerdo, es en que se aclare y se refuerce la posición de que la Policía Nacional tiene que cumplir ineludiblemente las resoluciones judiciales y ninguna autoridad, por muy Presidente que sea, puede ordenarle violentar la ley, en eso sí estamos claros”, concluyó Navarro. (Luis Felipe Palacios)
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