La agenda del diálogo
La llegada a Nicaragua de una nueva misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), esta vez encabezada por el ex Canciller argentino Dante Caputo, plantea la posibilidad real de organizar un verdadero diálogo nacional que sea instrumento eficaz para encontrar la solución de la crisis institucional que sufre el país actualmente.
Pero de antemano hay que estar claros de que un verdadero diálogo nacional debe celebrarse en un lugar que sea percibido por todas las partes como realmente neutral. Además, el diálogo nacional debe incluir a otros participantes, aparte de los del fracasado diálogo tripartito de la Unica, y tiene que ser auspiciado por la OEA y si fuera posible con su mediación.
En realidad, si la crisis es más institucional que otra cosa, lo lógico y necesario es que participen en la negociación política las instituciones que están directamente afectadas por el conflicto, para que así como son parte del problema lo sean también de su solución. Tal es el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que evidentemente es una de las piezas principales del conflicto y algunos de sus magistrados inclusive han adelantado propuestas públicas muy importantes para resolverla. Y lo mismo se puede decir del Consejo Supremo Electoral, que desempeñaría un rol decisivo en el caso de que se decidiera que la solución la crisis debe ser electoral.
Además, en un verdadero diálogo nacional deben participar otros sectores políticos, al menos los que tienen representación en la Asamblea Nacional. Y sin falta en el diálogo nacional debe estar el “partido” mayoritario de Nicaragua —que es el de los ciudadanos independientes—, por medio de organizaciones cívicas como la Red por Nicaragua que convocó a la multitudinaria marcha contra el pacto del 16 de junio.
En cuanto a la agenda de las negociaciones, la verdad es que no sería por falta de propuestas que no se podría llevar a cabo o que fracasaría el diálogo nacional. En efecto, desde que vino al país, a mediados de junio, la misión de alto nivel de la OEA que fue encabezada por su Secretario General, José Miguel Insulza, han menudeado las propuestas para resolver el conflicto institucional, algunas incluso disparatadas y otras insuficientes según los analistas políticos, pero todas ellas dignas de ser tomadas en cuenta para escoger de manera consensuada las que se consideren verdaderamente razonables y viables.
Por ejemplo, se ha planteado con insistencia la propuesta de celebrar un referendo nacional, para que sean los mismos ciudadanos los que con sus votos acepten o rechacen las reformas constitucionales, que causaron la crisis al alterar el balance de poderes institucionales en que se funda el sistema democrático de gobierno. En realidad, nada se perdería y en cambio es mucho lo que se podría ganar esperando los apenas 16 meses y medio que faltan para la celebración de las elecciones del 5 de noviembre del 2006. Y en esas elecciones, además de elegir a las siguientes autoridades ejecutivas y legislativas de la nación se podría agregar una boleta para que los ciudadanos expresen si están de acuerdo con las reformas constitucionales, o si las rechazan.
También sería muy beneficioso para el país, que los diputados que resulten electos en los comicios de noviembre del próximo año fueran facultados para redactar y aprobar una nueva Constitución, la que después sería sometida a un referendo popular. Y que la nueva Constitución sea el compromiso nacional para la refundación de la República, que se requiere de manera apremiante en las nuevas circunstancias históricas democráticas de Nicaragua y el mundo.
Finalmente, el acuerdo nacional debe comprender la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, a menos de que ocurriera el hecho absurdo e insólito de que los partidos pactistas obtuvieran la mayor cantidad de votos ciudadanos en unos comicios libres y honestos, entre candidatos escogidos en elecciones primarias .
La verdad es que hay material de sobra para la agenda de un verdadero diálogo nacional. Lo que falta es buena voluntad para buscar las soluciones apropiadas a la crisis institucional, por medio del diálogo y las concesiones políticas. Aparte de que es necesario que la población presione a los políticos negociadores con movilizaciones cívicas, como la del 16 de junio, y con otras acciones de poder ciudadano.
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