Ofrecen “otras salidas”
Ludwin Loáisiga y
Mirna Velásquez
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El Vicepresidente de la República, José Rizo y el magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís Cerda, presentaron por separado ayer “salidas” a la crisis política actual, que incluyen amnistía y aceptación de las reformas constitucionales, respectivamente, por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, estas opciones de alguna manera se han manejado antes y el Ejecutivo las ha rechazado porque no se trata de repartir puestos, sino que el Legislativo violentó el equilibrio entre estos dos poderes del Estado.
Solís insinuó que un fallo de la CSJ sobre las reformas constitucionales, podría abrir espacios de negociación para elegir de nuevo a los intendentes de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
De este modo, el Gobierno podría incidir en el nombramiento de los funcionarios de la Sisep, pero tendría que reconocer la validez de las reformas constitucionales.
Este escenario político fue comentado por Solís a pocas horas del arribo de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el ex canciller argentino Dante Caputo, quien se propone reanudar el diálogo entre liberales, sandinistas y Gobierno.
El Poder Ejecutivo, basado en un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), desconoce la vigencia de las reformas constitucionales que dieron vida a la Sisep, y en consecuencia, los posteriores nombramientos efectuados por el parlamento.
Ni el Gobierno ni los liberales se pronunciaron ayer sobre el escenario sugerido por Solís, quien dijo que el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, les pidió no pronunciarse sobre el fondo de las reformas constitucionales, para no agravar la crisis política nacional.
Solís manifestó que la CSJ podría emitir fallos que aprueben o rechacen parcialmente la ratificación de las reformas constitucionales, abriendo así nuevos espacios para las negociaciones políticas.
Indicó que si se estudia a fondo el procedimiento de aprobación de las reformas constitucionales, algunos magistrados podrían interpretar que las coletillas agregadas en segunda legislatura, serían “no estrictamente constitucionales”.
Tales coletillas, no aprobadas en el plenario legislativo, establecen que los miembros de la Sisep y del Instituto de la Propiedad serían elegidos por consenso entre el Gobierno y el parlamento. Al final no fue así.
“Esa cola no se discutió y no se aprobó en la primera legislatura, sólo está en la segunda”, dijo Solís en el programa televisivo En vivo con Alberto Mora, periodista del Canal 4 y relacionista público de la Asamblea Nacional.
FALLOS Y ESCENARIOS
Uno de los posibles escenarios, a criterio de Solís, es que las coletillas podrían ser declaradas inconstitucionales, pero el resto de las reformas serían consideradas legales.
El resultado inmediato sería que los funcionarios de la Sisep, nombrados en el parlamento con el rechazo del Gobierno, tendrían que ser elegidos de nuevo.
Otra posibilidad, según Solís, es que las reformas sean aceptadas como válidas únicamente en su primera legislatura, por lo cual tendrían que ratificarse de nuevo en segunda legislatura.
“Eso le da mucho más tiempo al Poder Ejecutivo (para negociar)”, opinó Solís.
Sin embargo, el magistrado judicial afirmó que definitivamente las reformas constitucionales son legales según lo aprobado en primera legislatura.
Otra posibilidad, dijo Solís, es que la Corte diga: “La cola no vale, el resto sí y allí te abriría la posibilidad de volver a nombrarlos y buscar algún consenso... La otra variante, que sería en el fondo, más del beneplácito del Presidente de la República, y que se acerca un poco al Editorial de LA PRENSA de ayer (lunes), es decir: OK, como se metió una cola en la segunda legislatura, sólo se acepta lo aprobado en la primera legislatura, hasta el 15 de diciembre”, añadió el magistrado judicial.
RECURSOS INTRODUCIDOS
La CSJ debe fallar sobre el fondo y la forma de las reformas constitucionales, ya que miembros del Movimiento por Nicaragua, introdujeron unos 160 recursos de inconstitucionalidad.
Carlos Tünnermann y Rosa Marina Zelaya, del Movimiento por Nicaragua, han manifestado que una solución al conflicto sería que la CSJ emita una resolución en la cual acepte los recursos por inconstitucionalidad y a partir de ese fallo los actores políticos inicien nuevas negociaciones en lo relativo al nombramiento de los funcionarios públicos.
RIZO HACE SU PROPUESTA
Por otro lado, el vicepresidente José Rizo también lanzó a luz pública una serie de propuestas que, a su criterio, podrían solventar la difícil situación, que se vio agravada cuando el Ejecutivo publicó dos decretos en los cuales ordenó a los poderes del Estado y a la Policía Nacional, acatar la resolución de la CCJ.
Rizo sugirió que para finalizar con el conflicto, el presidente Enrique Bolaños acepte las reformas constitucionales que suprimieron facultades al Ejecutivo, al tiempo que el Legislativo aceptaría implementar los cambios a la Carta Magna hasta que el actual Gobierno concluya su período, el 10 de enero del año 2007.
La propuesta también incluye consultar a la población para conocer si acepta o no las controversiales reformas constitucionales; que las intendencias de servicios públicos funcionen por el momento con juntas directivas integradas por representantes del Legislativo, Ejecutivo y sociedad civil; y que el diálogo nacional continúe, pero con más amplitud.
Representantes del Ejecutivo y del Partido Liberal Constitucionalista no atendieron las llamadas a sus teléfonos celulares para que dieran a conocer su posición respecto a las propuestas de solución.
CUIDADO CON EL EJÉRCITO
La intervención del Ejército de Nicaragua para solucionar el conflicto que mantienen el Poder Ejecutivo y el Legislativo, propuesta por Edén Pastora, fue rechazada por el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Joaquín Cuadra y por el vicepresidente Rizo.
“El Ejército es el Ejército, es una maquinaria para combatir, y pensar que el Ejército salga a las calles a tomar las riendas del poder, creo que es la locura más grande que se pueda imaginar”, dijo Cuadra.
“Estaríamos cayendo de nuevo en algo que no queremos, eso es parte de la historia ya superada. Aquí jamás vamos a dirimir nuestros diferendos a punta de balas, porque yo quiero que la gente esté clara de que el Ejército no se mete a regalar caramelos”, sostuvo Cuadra.
Mientras, Rizo descalificó por completo la propuesta de Pastora.
“Discrepo una vez más de don Edén Pastora, porque él está evocando tiempos que a Dios gracias, para la población y para el Ejército son épocas superadas (...) Cuando se tocan las puertas de los cuarteles, no se sabe cómo termina cuando se abren”, señaló Rizo.
Pastora, conocido como el “Comandante Cero”, dijo que “la salida es que el Ejército tome el poder y ponga a todos estos politiqueros en su lugar”.
LA ÚLTIMA CARTA
El último punto de la propuesta de solución que anunció Rizo plantea la necesidad de una amnistía.
“Sugiero que la Asamblea Nacional dicte una Ley de Amnistía para los delitos y faltas derivados de los conflictos surgidos en relación a la aplicación de las últimas reformas constitucionales; de los delitos electorales relacionados con las elecciones generales de noviembre de 2001, y sobre cualquier otro tema acordado en el diálogo nacional”, indicó Rizo.
CSJ ESTUDIA DECRETOS
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reunida en pleno, estudió los decretos promulgados por el presidente Enrique Bolaños para controlar el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y evitar que la Policía Nacional acate las resoluciones judiciales, pero no emitió ninguna resolución.
Manuel Martínez, presidente del máximo tribunal, informó que ayer mismo la Corte recibió dos recursos por inconstitucionalidad contra los dos decretos, presentados por Fernando Santamaría Zapata y Denis Castro Cabrera, ambos miembros del colegio de abogados.
Se espera que hoy miércoles la Corte Plena nuevamente se reúna para tratar el asunto.
El magistrado Martínez afirmó que podría darse a conocer hoy "un adelanto de lo que se podría resolver".
"Creemos que el llamado a desatender los requerimientos del Poder Judicial por la fuerza pública es una apología del delito, es un delito contra la Constitución Política, contra la seguridad interior del país y en realidad es contra el mismo Estado de Derecho", añadió Martínez. Insistió en que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial facultan a ese Poder para ejecutar las resoluciones judiciales y no al Poder Ejecutivo. (LA PRENSA/ Mirna Velásquez)
ERROR GRAVE
El ex jefe de la Policía Nacional, Fernando Caldera, consideró "incorrecto" meter en medio de un conflicto de poderes al órgano policial, porque se trata de un error grave que atenta contra la institucionalidad.
"La Policía no va a resolver lo que no se resuelva por otras vías, que es la vía de la negociación política", enfatizó.
Conforme a Caldera, en este momento la Policía se ha convertido en un instrumento sometido a varias presiones donde los protagonistas no han encontrado la forma de entender, lo cual la ubica en una situación "gravísima" porque está perdiendo, a una velocidad grande, legitimidad.
"Yo si estuviera a cargo de la dirección política exigiría a los distintos protagonistas la búsqueda de una salida urgente política a este problema. En este país es muy difícil que alguien pueda imponerse por la vía de la fuerza sobre el otro”, dijo.
RIZO Y ALEMÁN
El vicepresidente José Rizo propuso una amnistía por la supuesta comisión de delitos electorales y en relación a la implementación de las reformas constitucionales. Respecto a si la propuesta incluiría una amnistía al ex presidente Arnoldo Alemán, Rizo respondió: “Yo soy amigo del doctor Alemán, es como si un hermano tuyo estuviera en un juicio y le preguntaras, '¿vos estarías de acuerdo en que de alguna forma se le diera amnistía?'”
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