Constituyente es deuda pendiente
La convocatoria a una Asamblea Constituyente para aprobar una nueva constitución de Nicaragua, es una deuda que tiene pendiente la clase política del país desde hace 15 años. Pero, por supuesto que esta vieja demanda no tiene nada que ver con la reciente propuesta de Daniel Ortega. La iniciativa original para aprobar una nueva Constitución es genuinamente democrática y ajena a maniobras politiqueras como las del caudillo sandinista.
La propuesta de adoptar una nueva Constitución fue planteada en 1989 por la Unión Nacional Opositora (UNO), después de los Acuerdos de Esquipulas II para la Pacificación y Democratización de Nicaragua. Esa demanda fue el corazón del Programa de Gobierno de la UNO para las elecciones de 1990. Lamentablemente las fuerzas democráticas no obtuvieron suficientes diputados para poder convocar a la Asamblea Constituyente, ni siquiera los indispensables para una reforma constitucional parcial, pues mediante un ilegal y fraudulento “recuento de votos” la UNO fue despojada de varias diputaciones.
Ahora bien, era lógico que la UNO demandara la Constituyente, pues la constitución sandinista de 1987 —que está vigente hasta ahora, con diversas reformas— fue concebida y elaborada como un instrumento jurídico-político para armar un Estado totalitario y construir una sociedad comunista, como la de Cuba. Por lo tanto, esa Constitución no era apropiada para sustentar una democracia auténtica e integral, como bien lo ha demostrado la experiencia política y gubernamental de los últimos 15 años.
De manera que después de la sustitución del régimen totalitario de Daniel Ortega por el gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro, en abril de 1990, la UNO siguió demandando la constituyente. Esa demanda se mantuvo hasta que comandos armados sandinistas secuestraron a la mayoría de miembros del Consejo Político de la UNO y al Vicepresidente de la República. Sólo entonces la alianza democrática que ganó las elecciones de 1990 desistió de seguir reclamando la constituyente, y se plegó a una iniciativa de reforma constitucional parcial promovida por una alianza parlamentaria de sandinistas con algunos partidos que se habían separado de la UNO.
El resultado de aquella operación estratégica sandinista contra la UNO y su demanda de constituyente, fue la aprobación de la reforma constitucional de 1995. Sin embargo la reforma fue vetada por el Poder Ejecutivo —sin tener facultades legales para hacerlo— porque reducía los poderes presidencialistas autoritarios que se habían aprobado expresamente para Daniel Ortega en la constitución sandinista de 1987. Y de esa manera el país se precipitó en una crisis institucional parecida a la de ahora, siendo necesario celebrar un diálogo entre representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, para resolverla.
El diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, con la Corte Suprema de Justicia al margen del conflicto, logró poner fin a la crisis institucional mediante un acuerdo para la ejecución gradual de las enmiendas a la Constitución, que fue consagrado en la Ley Marco para la Implementación de las Reformas Constitucionales, la cual, aunque rozaba a la misma Constitución porque estas reformas no tienen que ser aprobadas por el Ejecutivo, sin embargo su aplicación le evitó al país un mayor agravamiento de la crisis con peores e imprevisibles consecuencias.
Ahora la porfiada realidad política nacional ha vuelto a colocar en el debate público la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para aprobar una nueva Constitución Política de la República. Sin embargo, esta propuesta sólo podría ser viable y eficaz en el caso de que se realizara por medios auténticamente democráticos.
Dicho con otras palabras, antes de elegir a los diputados constituyentes se debe reformar la Ley Electoral, reestructurar el Consejo Supremo Electoral y garantizar la participación de todos los partidos y grupos políticos. Además, los candidatos a constituyentes deben ser escogidos en primarias, y su elección tiene que celebrarse bajo supervisión internacional para garantizar la confiabilidad de sus resultados. Finalmente,la nueva Constitución debe ser sometida a un referendo nacional.
Sólo de esa manera es que la Asamblea Constituyente podría contribuir eficazmente a resolver la crónica inestabilidad política nacional, porque una nueva Constitución democráticamente redactada y aprobada significaría el acuerdo de nación para la refundación de la República, que es indispensable para romper las cadenas que atan al país al pasado e impulsarlo, por fin, hacia el futuro.
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