Nada personal
Los votos excluidos
Douglas Carcache
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Si la mayoría de los habitantes de Nicaragua está a favor de que los nicaragüenses en el exterior puedan votar en las próximas elecciones, los partidos que les impidan ejercer ese derecho podrían ser castigados en las urnas, por una razón más, el día de los comicios.
Los diputados de la Asamblea Nacional y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), que hace 12 días vieron marchar a miles de nicaragüenses en protesta contra el pacto de liberales y sandinistas, también necesitan fijarse en que el 71.2 por ciento de los ciudadanos quiere que sus compatriotas emigrantes tengan derecho a votar, según indica la última encuesta de la empresa M&R Consultores.
¿Por qué a los nicaragüenses en el exterior les han negado por años las cédulas de Nicaragua y la posibilidad de elegir a las autoridades de este país, como indica la ley? Porque los dos partidos que controlan el Poder Electoral, el Frente Sandinista (FSLN) y el Liberal Constitucionalista (PLC) temen que los votos de los nicas emigrantes les resten influencia política en las elecciones.
Éste es un ejemplo claro de lo que comentaba el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, antes de salir de Nicaragua hace nueve días, cuando dijo que la crisis del país se debe en parte a que algunos ciudadanos no pueden participar en las competencias electorales porque “son excluidos”, mediante sanciones, castigos o juicios que les montan en los poderes del Estado.
El bloqueo a los nicas en el exterior también se explica de esa manera. Les excluyen de votar con obstáculos burocráticos o financieros, alegando falta de presupuesto, a pesar de que mandan al país casi mil millones de dólares anuales, más de lo que dejan las exportaciones de bienes que suman poco más de 700 millones de dólares.
“En política —dijo Insulza—, lo interesante es ganar porque la gente, democráticamente, tiene la oportunidad de elegir lo mejor”. En Nicaragua, al contrario, los partidos quieren ganar mediante la exclusión de adversarios o de electores. Si en Estados Unidos viven casi un millón de nicaragüenses y en Costa Rica medio millón; y si al menos 500 mil de ellos pudieran votar, serían capaz de decidir cualquier elección apretada de Presidente o diputados en su país de origen.
“La gente quiere que la democracia nicaragüense funcione mucho mejor, quiere que se abran las puertas al diálogo con la participación plena de toda la ciudadanía... Quiere un proceso electoral transparente, limpio, democrático en el cual todos esperan participar”, dijo Insulza después de conocer in situ el problema.
Pero la desesperanza ha calado tanto en la sociedad que el 69.1 por ciento de los ciudadanos quiere irse del país, lo que augura menos votos para los mismos partidos pactistas en el futuro, ya que el 63.6 por ciento de los que se identificaron con el FSLN pretenden emigrar, igual que el 71.8 por ciento de los que dijeron ser PLC.
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