Las cúpulas del FSLN y PLC le hubieran ahorrado al país la grave situación de crisis en que se encuentra, si tan sólo hubieran acatado la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que declaró inaplicables las reformas constitucionales de enero de este año porque alteran el balance de los poderes del Estado y socavan las bases del sistema democrático de gobierno.

Pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también es culpable de esta grave situación porque se plegó a la posición del FSLN y el PLC en vez de respaldar la resolución de su homóloga centroamericana.

No obstante, ahora la CSJ podría resolver rápidamente este conflicto si sus magistrados pensaran y actuaran por un momento como nicaragüenses y como jueces verdaderos, y dejaran de hacerlo como partisanos del FSLN y el PLC y como miembros de dos bancadas partidistas.

En realidad, ya que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le negaron a la CCJ la jurisdicción para dirimir conflictos interinstitucionales de los países que forman parte de aquel tribunal regional, al menos deberían resolver con rapidez los recursos por inconstitucionalidad de la ley que numerosos ciudadanos introdujeron contra las reformas constitucionales pactistas y antidemocráticas, y fallarlos correctamente.

La verdad es que no sería mucho el esfuerzo que tendrían que hacer los magistrados para anular esas reformas constitucionales, pues son de bulto sus vicios de nulidad por violaciones al procedimiento. Al respecto, basta señalar que en la segunda legislatura se aprobaron textos que no habían sido aprobados en la primera legislatura. Y como si fuera poco, después de aprobadas las reformas constitucionales de esa manera ilícita, todavía les pusieron unas coletillas que acordó Daniel Ortega con el presidente Enrique Bolaños, que hicieron más grave el vicio de nulidad por violación al procedimiento de reforma parcial establecido en la misma Constitución.

Sin duda que si la Corte Suprema de Justicia declarara nulas las reformas constitucionales pactistas, se ganaría el reconocimiento de la ciudadanía y el respeto de la comunidad internacional. Pero, en todo caso, si los magistrados de la CSJ no se atreven a cumplir con su deber, queda la posibilidad de resolver la crisis por la vía de un diálogo nacional, pero de uno verdadero, no la farsa que las cúpulas del FSLN y el PLC han puesto en escena en la Unica.

La experiencia internacional enseña que para montar un diálogo y una negociación política es indispensable, ante todo, que las partes quieran dialogar, que estén dispuestas a hacer concesiones y que tengan voluntad de cumplir los acuerdos.

Una vez establecidos esos prerrequisitos, deben ponerse de acuerdo en quién será el facilitador del diálogo, cual será la metodología y reglamentación de las negociaciones, quiénes serán invitados a participar y cual será la agenda de discusiones. Y si es mucha la desconfianza que hay entre las partes en pugna, al extremo de que no puedan entenderse por sí solos, entonces deben buscar un mediador y/o garante, pero designarlo de común acuerdo.

En realidad, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien posee una larga experiencia como mediador y garante en conflictos, incluso, peores que el actual, esta delicada función sólo la puede cumplir quien tenga la aceptación y la confianza de todas las partes involucradas en el conflicto y la negociación.

Al parecer, hasta ahora lo único que hay es el deseo o la disposición de las partes en conflicto de resolverlo mediante el diálogo y la negociación. Al menos eso es lo que lo que dicen frecuentemente el Presidente de la República y los líderes de los partidos FSLN y PLC, lo mismo que los representantes de los otros sectores políticos y sociales que reclaman su derecho a participar en el pretendido diálogo nacional.

Ahora todos deben demostrar si es cierto que quieren resolver la crisis por medio del diálogo. Y para esto tienen que ponerse de acuerdo en el lugar de las negociaciones, en la lista de participantes, en la agenda de temas y el garante de los acuerdos. Y deben hacerlo antes de que se agrave más la crisis y que el país se precipite en el abismo de la absoluta ingobernabilidad.

Todavía hay soluciones