Colombia: ley para los “paras”
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Ley para desmovilizar a irregulares causa malestar internacional |
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Los grupos de extrema derecha de las AUC son los responsables de los peores crímenes en el conflicto colombiano y están en la lista de terroristas de EE.UU.
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Agencias
BOGOTÁ.- Las ONG de Colombia que reúnen a víctimas de crímenes atribuidos a los grupos paramilitares, se declararán en “desobediencia civil” por la “Ley de Justicia y Paz” aprobada el miércoles por el Congreso, dijeron ayer portavoces humanitarios.
Las protestas y las acciones ante los tribunales de justicia del país e internacionales deberán acompañar esa postura, según un llamamiento formulado en una reunión nacional de víctimas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
La campaña fue presentada por el director de la “Fundación Manuel Cepeda Vargas”, Iván Cepeda, en la primera jornada de esta reunión a la que asisten unos 700 delegados de organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el país.
La iniciativa legal establece que el “paramilitarismo” es un delito político.
La “Ley de Justicia y Paz” exige a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que confiesen sus crímenes, devuelvan los bienes apropiados y compensen a las víctimas. En cambio, las penas de cárcel se limitan a ocho años, que en algunos casos podrán cumplirse en colonias agrícolas.
Al mismo tiempo, la organización Human Rights Watch le escribió a los gobiernos de Holanda y Suecia para que se retracten de apoyar al Gobierno colombiano, porque la nueva ley desconoce los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, entre otros problemas con esa legislación.
“La ley sólo sirve a los intereses de los líderes paramilitares: no toca sus redes estilo mafia ni la riqueza con la que financian las actividades de estos grupos”, dijo el director para las Américas del organismo, José Manuel Vivanco.
Vivanco también arremete contra la Organización de Estados Americanos (OEA), observadora internacional del proceso, y dice que fue negligente en impedir esa legislación.
Aparte de la posición de Human Rights Watch, el presidente Álvaro Uribe enfrentará una difícil batalla para recolectar fondos para el proceso de paz en otros frentes.
En Estados Unidos, congresistas republicanos y demócratas han expresado su preocupación sobre la propuesta gubernamental, porque no servirá para detener a los líderes de las AUC que están detrás de los envíos de toneladas de cocaína.
Estos escuadrones de extrema derecha nacieron hace unos 20 años de la mano de ganaderos y narcotraficantes que crearon ejércitos privados para defenderse de las guerrillas izquierdistas, y de sectores alentados por algunos miembros de las fuerzas armadas.
Washington ha expedido solicitudes de extradición en contra de una docena de comandantes de las AUC, por cargos de narcotráfico, pero ahora podrían evitar la extradición.
ONU: “PUERTA A LA IMPUNIDAD”
La ONU advirtió que los crímenes de los paramilitares colombianos podrían no esclarecerse nunca ni juzgarse como consecuencia de la ley aprobada por el Congreso y que beneficia a los combatientes que depongan las armas, según declaraciones divulgadas el jueves.
"El texto que hemos visto hasta el momento no honra en las formas aconsejables el derecho a la verdad, por eso es muy probable que no se vaya a poder esclarecer lo que ha pasado", afirmó al diario El Nuevo Siglo, Michael Frühling, delegado para Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Frühling agregó que por ello "tampoco se va a poder hacer la justicia que se necesita". "En otras palabras, allí se abre la puerta de la impunidad", enfatizó.
El representante de la ONU lamentó que el Congreso no haya tenido en cuenta sus recomendaciones a la hora de votar la norma de “Justicia y Paz”.
ESTIMADOS
Se espera que este año se desmovilicen más de 13,000 paramilitares en el marco del proceso de paz, lo que le costará al Gobierno unos 170 millones de dólares en programas para reincorporar a los desmovilizados a la vida civil y otorgarles educación. El Gobierno colombiano anunció el jueves que lanzará una ofensiva diplomática para conseguir apoyo internacional al ampliamente criticado proceso.
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