La OEA y los ciudadanos
La Organización de Estados Americanos (OEA) no sólo tiene derecho sino también obligación de ayudar al pueblo de Nicaragua en la búsqueda de una solución verdaderamente democrática a la grave crisis institucional provocada por las reformas constitucionales pactistas, que alteran el equilibrio de poderes y, por eso mismo, son una grave amenaza contra las bases esenciales del sistema democrático.
En realidad, no sólo a Nicaragua sino que a cualquier otro país miembro de la OEA, ésta tiene la obligación de acudir en su ayuda cuando ocurran crisis de este tipo. Y debe hacerlo antes sin esperar a que sea demasiado tarde, antes de que la nación caiga en el abismo de la desaparición de las instituciones democráticas, del caos y la guerra civil.
El mandato permanente que tiene la OEA para actuar en estas situaciones está contemplado en el capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana (Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática), artículos 17 al 22, que tantas veces se ha mencionado en estos días de agudización de la crisis política y por la llegada al país del recién estrenado Secretario General de la OEA, el avezado político y diplomático chileno José Miguel Insulza.
“Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, se señala expresamente en el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana. Y en los artículos siguientes, hasta el 22, se mencionan las medidas que se podrían poner en práctica, incluso, en el caso de una ruptura total del sistema democrático.
A esta última situación extrema todavía no nos han llevado los pactistas, y ojalá que no se llegue a ella, aunque el ensoberbecimiento de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán y sus seguidores, los ha conducido ya al desconocimiento de los mecanismos institucionales y de derecho internacional de los que forma parte Nicaragua, como ha sido el caso de la Corte Centroamericana de Justicia.
Sin embargo, tal como —según tenemos entendido— el Secretario General de la OEA dijo claramente a algunos de sus interlocutores nicaragüenses durante la visita que hizo en los últimos días a Nicaragua, él personalmente e, institucionalmente, la organización que preside, muy poco o nada podrán hacer si el mismo pueblo nicaragüense no se moviliza en defensa de sus instituciones democráticas y de su libertad, la cual, agregamos nosotros, está gravemente amenazada por los pactistas que pretenden imponer una repulsiva dictadura bipartidista basada en el autoritarismo y la corrupción legalmente enmascarada.
Tiene razón el Secretario General de la OEA. Lo más que pueden hacer él y la organización que representa es mediar para que los protagonistas principales de la crisis institucional se sienten alrededor de una mesa de diálogo y busquen, como personas civilizadas que supuestamente son, las salidas que para estos casos permite la misma democracia. Pero la OEA y su Secretario General no pueden hacer nada más, ni aun en el caso de que alguno de los dialogantes incumpla lo que se acuerde, o se mantenga en el diálogo sólo para guardar las apariencias y para mientras logra dar un zarpazo peor a las instituciones democráticas y a la población.
De manera que son los mismos ciudadanos honestos, trabajadores democráticos —que sin duda son la mayoría de la población nicaragüense pero se han dejado imponer la dominación de unos caudillejos abusivos y corruptos— los que tienen en sus manos la posibilidad real de resolver las crisis provocada por el pactismo y la corrupción.
Y al respecto es muy importante subrayar que los ciudadanos ya abrieron el camino que conduce a una efectiva solución democrática de la crisis, como fue la impresionante y multitudinaria movilización cívica del recién pasado jueves 16 de junio. Pero los ciudadanos no deben quedarse allí. La movilización debe continuar, reproducirse, multiplicarse, transformarse en una fuerza irresistible para obligar a los pactistas a respetar las bases del sistema democrático y la posibilidad de cambiar el liderazgo político del país mediante elecciones libres, limpias y competitivas. O para sacarlos sin contemplaciones de las guaridas en que han convertido las instituciones republicanas.
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