Fiscalía avala “interventazo”
José Adán Silva
nacionales@laprensa.com.ni
El caos sigue imperando y Nicaragua parece una torre de Babel. Es una escena en la que todos gritan y se señalan, pero nadie oye ni se entiende: los policías conocen y desconocen los mandatos judiciales, los jueces se saltan los procedimientos, los fiscales justifican las anomalías a conveniencia, los poderes de Estado interpretan las leyes a su antojo, mientras afuera la gente amenaza con partirse la vida en defensa de uno y otro bando.
Entre el oleaje de voces, ayer se oyó con claridad la del Ministerio Público justificando la actuación judicial en la orden de intervenir el edificio y las funciones del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Esta semana, la Juez Segundo de Distrito Penal de Audiencia, María Concepción Ugarte, giró orden de captura contra el ex director de Telcor, Joel Gutiérrez, luego que la Fiscalía lo acusara por los delitos de usurpación de atribuciones y de autoridad, desacato a la autoridad y desobediencia en perjuicio del Superintendente de Telecomunicaciones, Freddy Carrión Jarquín.
Gutiérrez, quien no se ha presentado al juicio alegando inmunidad tras su nombramiento como viceministro de Transporte, se negó a entregar el cargo y reconocer la legitimidad de Carrión.
Este último fue electo por la mayoría de diputados liberales y sandinistas, tras unas reformas constitucionales que el Poder Ejecutivo desconoce porque le restan facultades al Presidente de la República, Enrique Bolaños, para administrar servicios públicos.
Ante la negativa de Gutiérrez, la juez Ugarte, sin desarrollar la audiencia inicial a que obliga el Código Procesal Penal (CPP), ordenó capturarlo y nombró interventor al juez sandinista David Rojas, para que ocupara Telcor y custodiara en su cargo a Carrión.
FISCALÍA: TODO BIEN
Para la Fiscalía, principal ente defensor y promotor del CPP, no hay anomalías en esta actuación judicial y si las hubo, salen de su esfera de actuación.
Así lo dijo la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, quien justificó la actuación judicial bajo el argumento de la “discrecionalidad” de los jueces.
“Eso es competencia exclusiva de la potestad discrecional del juez, es decir, el Ministerio Público presentó la acusación y el juez lo decidió así”, dijo la fiscal, agregando que lo que le toca ahora hacer a esa institución es seguir la causa e investigar una denuncia interpuesta por personal judicial contra el ministro de Gobernación, Julio Vega, y el presidente Enrique Bolaños.
El pasado martes, la juez Ugarte y dos secretarios judiciales interpusieron la denuncia en la Fiscalía y ésta, esa misma noche inició las diligencias y, ayer, designó a cargo del caso al fiscal Armando Juárez.
Juárez, quien está coordinando las acciones para investigar al Presidente, es de la misma opinión de Solórzano en cuanto a la actuación de la juez Ugarte respecto al procedimiento del CPP.
“Son válidas, primero porque están dentro del ámbito de su naturalidad; segundo, esa es la naturaleza, ante la deriva de una institución tan delicada, o cualquiera que sea, debe tomar una medida que preserve la institución, y el Ministerio Público lo que hizo fue la petición y ella (la juez Ugarte) valoró que era el momento. Si hay alguien que no esté de acuerdo, no puede ser por la vía de hecho, en todo caso existen los recursos”, explicó Juárez.
Ugarte sigue evitando hablar sobre sus decisiones.
PDDH APRUEBA PACTO
El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el sandinista Omar Cabezas, salió ayer al frente de la crisis, para defender las reformas constitucionales realizadas entre liberales y sandinistas.
Cabezas dijo que tanto el presidente Enrique Bolaños, como el ministro de Gobernación, Julio Vega, y el jefe de la Policía, Edwin Cordero, violaron la Constitución Política al negarse a acatar una orden judicial que mandaba entregar el edificio de Telcor a los funcionarios que fueron electos por los diputados del pacto para administrar la Superintendencia de Servicios Públicos.
Según Cabezas, los funcionarios anteriormente mencionados, aparte de ignorar al Poder Judicial, violaron el Artículo 167 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece que los fallos y resoluciones de los jueces y tribunales, son de ineludiblemente cumplimiento para las autoridades.
PROCURADURÍA PIDE PARTICIPAR EN JUICIO
El Procurador por la ley, Víctor Manuel Talavera, solicitó ayer a la juez María Concepción Ugarte, le conceda intervención en el juicio que la Fiscalía insta contra el ex director de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Joel Gutiérrez.
Talavera presentó el escrito la mañana de ayer en el Juzgado Segundo Penal de Audiencias y pidió declarar nulo el juicio abierto contra Gutiérrez, en el cual la juez ordenó la intervención judicial de las instalaciones de Telcor.
“La Procuraduría General de la República (PGR) como representante legal del Estado, no fue tomada en cuenta”, expuso Talavera al momento de introducir el escrito.
El argumento del funcionario es que la Procuraduría representa al Estado y sus instituciones, razón por la que debe considerarse como víctima en el proceso judicial.
Para esto, Talavera citó el artículo nueve del Código Procesal Penal, referido al derecho de la víctima a formar parte del proceso penal desde su inicio y en todas las instancias.
“Es una intervención que ha habido y no se han seguido los procedimientos establecidos”, expuso.
Talavera solicitó a la juez Ugarte que cite a las partes del juicio para que en una audiencia oral y pública se resuelva el planteamiento de nulidad propuesto por la PGR, argumentando defectos absolutos del proceso.
Dijo que la solicitud fue hecha hasta ayer porque no tenían conocimiento de las acciones judiciales que se estaban realizando.
Germán Vásquez, abogado acusador y representante del intendente Freddy Carrión, dijo estar extrañado de la comparecencia de Talavera y consideró la acción como una “maniobra” del Gobierno del presidente Enrique Bolaños.
(Con colaboración de Moisés Martínez, Mirna Velásquez y Roberto Pérez).
|
