Centenares de inmigrantes centroamericanos indocumentados se amotinaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, en protesta porque, supuestamente, policías estatales y municipales cometieron abusos y vejaciones contra varios de los inmigrantes arrestados, en las instalaciones del ferrocarril de Tapachula, en el Estado de Chiapas.

Prisión a coyotesen Costa Rica

SAN JOSÉ — Costa Rica está a un paso de contar con una ley de Migración que introduce penas de prisión para los traficantes de indocumentados y regula las diferentes categorías migratorias de los extranjeros que viven en ese país. El debate fue aprobado con el voto de 30 de 39 diputados presentes la semana pasada, pero la iniciativa irá a consulta ante la Sala Constitucional y si ésta no encuentra problemas, recibirá un segundo y último debate. “Se intenta crear un cuerpo legal que responda a la realidad de Costa Rica como país receptor de migrantes... para potenciar de manera positiva la contribución de las migraciones al desarrollo nacional y para integrar a los extranjeros a la sociedad”, informó la oficina de prensa de la Asamblea Legislativa. La normativa introduce penas de prisión de dos a seis años para los “coyotes” como se les conoce a los traficantes de personas. Además regula las diversas categorías migratorias, entre otras la residencia permanente y temporal, los no residentes, y categorías especiales como los trabajadores transfronterizos, estacionales y estudiantes. Datos de Migración indican que en el país habitan más de 300 mil extranjeros residentes regulares, cifra que no incluye por ejemplo a los ocho mil refugiados colombianos ni a los turistas y mucho menos a los foráneos en condición ilegal. Varias estimaciones ubican la cifra total hasta en un millón de extranjeros. (AP)



Protección a mujeres migrantes

La tarjeta de presentación de la abogada Heather L. Poole en su oficina en Pasadena, California, dice lo siguiente: “Iluminando el camino al sueño americano”. Ella es especialista en Leyes de Inmigración, Derechos Humanos y Violencia Doméstica, y se ha dedicado a iluminar el camino de los inmigrantes en el Sur de California, que han sido víctimas de abuso y violencia. Esta vocación le surgió cuando, recién graduada de la Escuela de Leyes, atendió a una mujer inmigrante abusada por su pareja. En Estados Unidos, los no-ciudadanos pueden obtener su Tarjeta de Residencia (Green Card) por medio del matrimonio con un ciudadano estadounidense, pero éstos a veces abusan de sus parejas bajo la amenaza de no tramitarles su legalización o de provocarles la deportación. Por eso, muchos no-ciudadanos, con hijos y familia que dependen de ellos, temen regresar a sus países de origen, explica Poole. Sin embargo en 1994 el Congreso de Estados Unidos decretó la Ley sobre Actos de Violencia contra la Mujer (The Violence Against Women Act, conocida como La Ley VAWA, que fue reformada en el 2001. Ésta contiene provisiones especiales permitiendo que no-ciudadanos sobrevivientes de violencia doméstica, asalto sexual, tráfico humano y otros crímenes, puedan obtener la legalización de su situación migratoria, sin tener que depender del apoyo o testimonio de sus abusadores o victimarios. Víctimas de abuso de su cónyuge pueden bajo la Ley VAWA hacer una petición directamente al Departamento de Inmigración de EE.UU. para obtener la visa migratoria y aplicación para la Tarjeta de Residencia (Green Card) sin el consentimiento o conocimiento del cónyuge abusador. Poole explica que el proceso es completamente confidencial y no es necesario que la víctima comparezca ante el juez. Todo el proceso se hace por medio de papeleo a petición de la víctima, quien puede dejar al cónyuge abusador en cualquier momento sin que esto afecte su situación migratoria. En ciudades como Los Ángeles existen oficinas de Ayuda Legal (Legal Aid o Public Counsel) que pueden asistir a las víctimas de abuso sin costo, o referirlas a abogados privados que ofrecen servicios a bajo costo. (Martha Abea, especial para LA PRENSA)



20 nicas detenidos en Chiapas

MÉXICO — Decenas de centroamericanos indocumentados se amotinaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para protestar por los abusos y vejaciones que presuntamente cometieron, durante el arresto, agentes de la Policía estatal y municipal, en los patios de maniobra de la empresa Chiapas-Mayab. Molestos por la actitud de las corporaciones policíacas que coadyuvaron en el arresto, los extranjeros arrojaron botellas vacías de agua y refresco contra los agentes mexicanos, lo que provocó la ira de éstos que trataron de controlar la protesta con gas lacrimógeno. Una vez controlada la situación, los policías sacaron de forma violenta a una treintena de indocumentados y los encerraron en la cárcel de la Policía Municipal. Según las autoridades migratorias, durante el operativo lograron detener a por lo menos 432 ilegales que pretendían viajar en el tren de la empresa Chiapas-Mayab con destino al poblado de Ixtepec, Oaxaca. Entre los detenidos están 213 hondureños, 106 guatemaltecos, 93 salvadoreños y 20 nicaragüenses que ingresaron ilegalmente a territorio mexicano, por el río Suchiate, que sirve de división política entre México y Guatemala. (Juan de Dios García Davish)



Cambian demografía tica

COSTA RICA — Según el académico costarricense y director del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, Luis Rosero Bixby, el futuro demográfico de este país dependerá de las migraciones internacionales, sobre todo la nicaragüense. Bixby recordó que en el censo del 2000 los extranjeros en Costa Rica llegaron a ser casi el ocho por ciento de la población, tres cuartas partes de ellos oriundos de Nicaragua. Según Bixby, una de las proyecciones de población supone que la inmigración de 20 mil personas anuales, principalmente nicas, produciría un aumento poblacional significativo de nueve millones de habitantes en Costa Rica a finales de siglo. (Josué Bravo / corresponsal)

Tras la frontera