Cada vez son más intensas las sospechas alrededor del Poder Electoral. Uno de los precandidatos presidenciales, el sandinista Herty Lewites, advierte desde ya sobre un supuesto fraude electoral. No ha presentado pruebas, sin embargo. En tanto, los organismos de observación insisten en que lo ocurrido en Granada en las municipales del 2004, fue un verdadero fraude. El Poder Electoral guarda silencio y prefiere no dar su punto de vista, pese a reiteradas solicitudes. Mientras tanto, los desafíos de la autoridad electoral se multiplican
El primero y segundo miembros de la JRV 8060, José Alfredo Noguera y Helton Jesús Ruiz Delgado, muestran las actas de escrutinio de la discordia, de la Junta situada en Los Cocos, en la Escuela Santa Teresa de Jesús, Granada.

Eduardo Marenco Tercero

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La misión técnica de la Organización de Estados Americanos que visitó el país entre el 18 y el 24 de mayo y elaboró un informe sobre el estado de la democracia representativa, hizo varias observaciones acerca del régimen electoral.

La misión estuvo integrada por Enrique Lagos, jefe de la misma, así como por Moisés Benamor y Roberto Menéndez, quienes se reunieron con 68 personalidades de los cuatro poderes del Estado y de la sociedad civil.

De acuerdo al informe, existe la demanda de que el Poder Electoral atienda “aspectos de organización y administración a la mayor brevedad posible”.

Los aspectos torales: la democratización a lo interno de los partidos políticos, abrir los canales de participación para tener acceso a los cargos de elección popular, depurar el padrón electoral y mejorar los procesos de emisión y de entrega de cédulas.

ELECCIONES LIBRES

Igualmente —continúa el documento— se enfatizó en la conveniencia de que la OEA observe el proceso electoral desde su convocatoria.

La misión señala que entre sus fuentes existe “certeza” de que en los últimos quince años, los procesos electorales nicaragüenses se han dado en apego a las leyes. En líneas generales, los observadores locales coinciden, a excepción del caso de Granada en las municipales del 2004.

Sin embargo, acota la misión, se espera que los próximos comicios, “se lleven a cabo en condiciones de mayor confianza, seguridad y previsibilidad”.

Y que la organización electoral incluya la existencia de un marco legal “no sujeto a la libre interpretación”, un ambiente propicio para “promover y garantizar la activa participación ciudadana” y un mayor compromiso del árbitro electoral, de actuar con probidad y transparencia.

Asimismo, la misión estableció la necesidad de que el Poder Electoral garantice unas elecciones libres, justas y transparentes.

Resalta el informe que si no hay elecciones legítimas se “podría conducir al desconcierto ciudadano y hasta a un posible desconocimiento de la legitimidad de sus resultados”.

Por estas razones instaron a la sociedad civil y a los medios de comunicación a ejercer un “control ciudadano de manera eficaz” y de forma “objetiva, apartidaria y con compromiso cívico”.

TEMORES DE FRAUDE

El ex alcalde de Managua, Herty Lewites, quien ha sido expulsado de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha sido uno de los primeros aspirantes presidenciales en hacer una denuncia de un supuesto fraude electoral.

Lewites ha instado a una alianza en contra de esa posibilidad y en contra del pacto político entre los ex presidentes Arnoldo Alemán (hoy reo) y Daniel Ortega.

Esta denuncia ha sido antecedida por la del organismo de observación electoral, Ética y Transparencia, que en su primer informe de observación afirmó que temían un fraude si las autoridades no daban muestras de resolver distintas irregularidades como las ocurridas en Granada.

Las elecciones en aquella ciudad en noviembre del 2004, fueron ganadas por Alianza por la República (APRE), con una diferencia de once votos sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Pero gracias a la anulación de la junta 8060 el FSLN adquirió ventaja al perder Apre 130 votos.

La Junta fue anulada con base en el artículo 162 de la Ley Electoral, numeral 4, el cual establece que serán nulas las votaciones en cualquier Junta Receptora de Votos “cuando la documentación electoral se haya alterado o esté incompleta, de conformidad a lo que se establezca reglamentariamente”.

Una de las actas de escrutinio de esa junta fue considerada alterada debido a que le hacía falta la firma de sus miembros. Sin embargo, el resultado electoral era el mismo en todas las actas de esa misma junta: siempre favorable al Apre. De todos modos, el Poder Electoral anuló la votación en la Junta 8060 beneficiando al FSLN.

A juicio de Ética y Transparencia, tal anulación alteró la voluntad popular y por tanto, constituyó un fraude.

“La decisión fue legal, pero no tiene la legitimidad que sólo el voto popular le da a los electos”, dice Mauricio Zúñiga, director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), organismo de observación electoral. Teme que esto ocurra de nuevo en una elección presidencial.

La otra gran pregunta es si de cara a las elecciones del 2006, existen los factores que permitan alterar la voluntad popular de forma masiva con este tipo de tácticas.

ESCENARIOS INFINITOS

¿Qué factores harían posible un fraude electoral? A juicio de Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia, el término fraude tiene una definición básica: “Es una alteración intencional de la voluntad popular”.

Hay dos tipos de fraude, considera Courtney: la alteración numérica de sus resultados y el establecimiento de restricciones a los competidores. O su eliminación. “Inhibición”, es la palabra técnica.

“Cuando la autoridad electoral está dispuesta a hacerlo, sus maneras, posibilidades y mecanismos para hacer el fraude, son infinitos”, señala Courtney.

El fraude basado en la alteración de la relación numérica de los votos, se dio en Nicaragua por primera vez, en las municipales de Granada del 2001, insiste Courtney.

Un segundo tipo de fraude que se ha venido “perpetrando” en Nicaragua, señala, es el de “manipular las condiciones de competencia”. El instrumento: la Ley Electoral que dificulta la participación de distintas opciones políticas. El modo: inhibiendo a candidatos populares.

Es por esta razón que ha generado preocupación que los recién electos magistrados electorales por parte del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Marenco y René Herrera, se hayan pronunciado con anterioridad en contra del precandidato liberal Eduardo Montealegre. Y se teme que sea inhibido de alguna manera. Al igual que Lewites, a quien el Poder Electoral ya le prohibió hacer uso de los símbolos sandinistas en concentraciones públicas.

DESCONFIANZA

Marenco expulsó de hecho a Montealegre del PLC y aseguró que no podría ser candidato por ese partido y Herrera lo mandó a buscar sus zapatos (para “correr” como candidato) a El Chile, la hacienda del ex presidente Alemán. “Eso es implicancia”, dice Courtney. Marenco y Herrera no respondieron solicitudes de entrevista con LA PRENSA.

Una de las razones por las que más provoca desconfianza el Consejo Supremo Electoral (CSE) es por la partidarización de dicho tribunal. Cada magistrado es escogido en función de sus avenencias partidarias. No existe, como en otros países, un tribunal electoral separado de una autoridad profesional dedicada exclusivamente a organizar comicios, sin vínculos con los partidos políticos.

El temor es que un Poder Electoral en manos de liberales y sandinistas, elimine opciones que no convienen al FSLN y al PLC.

Si se imponen candidatos, se elimina la libertad de escoger, advierte Zúñiga. “El sufragio democrático debe estar libre de coacción y amenazas, y debe dar la libertad para elegir de una oferta diversa. Cada ciudadano debe tener derecho a ser elegible, y si me impiden como ciudadano ser candidato, entonces el sufragio electoral está siendo coartado”, agrega Zúñiga.

Otro mecanismo para eliminar opciones, aduce Courtney, es exigir un cuatro por ciento de votos a cada partido que haga parte de una alianza electoral. O exigirles estar constituidos en el ochenta por ciento de los municipios del país. “Tenés que nacer gigante o no podés nacer”, se queja Courtney.

Sin embargo, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia devolvió la personería jurídica a una serie de micropartidos. Es la otra cara de la moneda: se cierra y se abre el abanico de opciones a conveniencia bajo el razonamiento aquel de “dividir a la derecha ayuda a la izquierda, y dividir a la izquierda, ayuda a la derecha”.

FALLAS EN EL PADRÓN

Por otra parte, Courtney asegura que Ética y Transparencia realizará una auditoría sobre el fenómeno del ratón loco, tal como se ha conocido a los fallos en el padrón electoral, sobredimensionado y sin depurar.

Ética y Transparencia contabilizó que en el noventa por ciento de las juntas ocurrieron casos de personas que acudían a votar y no aparecían en el padrón de la junta en la que le tocaba ejercer el sufragio.

Así le ocurrió a la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro en las municipales del 2004. En cada junta, entre una y cuatro personas no votaron por no aparecer en el padrón, asegura Courtney.

La gran pregunta es si el fallo en el padrón se da con mayor realce en juntas donde gana o pierde un partido específico. En Ética y Transparencia se han propuesto averiguarlo.

Mientras, Courtney no olvida la frase de James Baker, ex secretario de Estado de EE.UU., quien de visita durante las elecciones de 1996, advertía: “Sólo los novatos tratan de robárselas el propio día de las elecciones”.

EL JUEGO DE LAS NULIDADES

El artículo 168 de la Ley Electoral señala que se puede declarar nula una elección, siempre que se compruebe que existen vicios informados o reclamados, o se verifique que los votos anulados se corresponden a más del cincuenta por ciento de los electores.

“Esta disposición no ayuda a fortalecer la confianza en el organismo electoral. ¿Entonces yo puedo falsear el cuarenta por ciento de las elecciones y la elección no sería declarada nula?”, se pregunta Mauricio Zúñiga, director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, organismo de observación electoral.

En ese sentido, recalca, hay que fortalecer distintos aspectos de la Ley Electoral para brindar confianza al resto de actores políticos de la sociedad, porque lo que está en juego es la representación política ciudadana. Zúñiga añade que el sujeto de la democracia es la ciudadanía y los partidos políticos son instrumentos claves de la democracia, pero no la sustituyen ni tampoco sustituyen al Estado.

Los movimientos sociales y las asociaciones de suscripción popular, también tienen un rol en la democracia, advierte.

“La democracia es de los ciudadanos”, reitera.

Y la ciudadanía está demandando una mejor oferta electoral, añade.

Al mismo tiempo, demanda una auditoría en el padrón electoral para dar mejores garantías al proceso electoral del 2006.

JUEZ Y PARTE

Mauricio Zúñiga, director del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), organismo de observación electoral, advierte que la libertad para la competencia política en igualdad de condiciones, está restringida. Al mismo tiempo, recalca, el Poder Electoral se ve limitado en ofrecer garantías de que actuará de manera justa e imparcial, pues al estar partidarizado, se vuelve juez y parte.

LA CRUZ DE HERRERA

El viernes 3 de junio, el recién electo magistrado del Poder Electoral, René Herrera, brindó declaraciones a LA PRENSA. Desde entonces, no ha podido ser contactado.

Herrera piensa que la filiación partidaria no es indebida en un Poder Electoral y dice que los críticos quisieran colocar en esa institución a personas “afines a sus sentimientos”.

Igualmente, expresó que se debe redoblar el esfuerzo de cedulación pero apoyándola con un debido presupuesto. “La cedulación para mí es clave”, afirmó.

Sobre su filiación liberal dijo: “Cada quien carga la cruz de su parroquia, yo cargo la mía y me siento orgulloso de ser liberal”. También aseguró que no se referirá de nuevo sobre el precandidato Eduardo Montealegre. Y dijo: “Si él logra ir a buscar sus zapatos y su partido lo respalda...¡Bendito Dios, pues!” (LA PRENSA/ M.jJ. Uriarte)

Crece la desconfianza hacia el Poder Electoral