Policía Nacional a prueba
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Fiscalía acusa al Director de Telcor y pide interventor para que, con ayuda policial, lo desalojen del edificio |
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Apelaciones rechazó el amparo solicitado por Gutiérrez y horas después el fiscal le acusó por la vía penal |
José Adán Silva y
Moisés Martínez
nacionales@laprensa.com.ni
La acusación judicial contra Joel Gutiérrez, presentada ayer por la Fiscalía, incluye la solicitud de nombramiento de un interventor en el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), lo que implicaría que la Policía Nacional, por mandato judicial, tenga que retirar sus fuerzas de ese edificio.
¿Cumplirá la Policía un mandato judicial o mantendrá la debida obediencia al Presidente Enrique Bolaños?
La Fiscalía General de la República dio un golpe duro al Gobierno de Bolaños, al acusar por la vía penal al director de Telcor, Joel Gutiérrez, y reconocer así al último hijo del pacto libero-sandinista: la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
A las 4:50 de la tarde de ayer, el fiscal auxiliar Elton Ortega se presentó a la Oficina de Distribución de Causas de los Juzgados a interponer formal acusación contra Joel Gutiérrez, en su calidad de director de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), por negarse a entregar el cargo y el edificio a los nuevos superintendentes.
PIDEN DESTITUCIÓN
Al negarse Gutiérrez a reconocer la legitimidad de los nuevos cargos públicos, fue denunciado ante la Fiscalía por los electos, Víctor Guerrero, nombrado Superintendente de Servicios Públicos, y Freddy Carrión Jarquín, Superintendente de Telecomunicaciones y quien habría de heredar las funciones que Gutiérrez insiste en mantener.
Una semana después de interpuesta la denuncia, el fiscal Elton Ortega acusó a Gutiérrez y ordenó el cese de sus funciones al frente de Telcor.
LA PRENSA trató de hablar anoche con Gutiérrez, pero éste no respondió sus teléfonos.
El secretario de Comunicación de los Juzgados, Roberto Larios, confirmó que Ortega se presentó a las 4:50 de la tarde a interponer la acusación.
El proceso concluyó cuando la computadora de la Oficina de Distribución de Causas, eligió de manera aleatoria el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Audiencia.
Larios detalló que ese despacho judicial está a cargo de la juez María Concepción Ugarte, quien se encuentra de permiso para asistir a la Escuela Judicial, razón por la cual la causa recaerá en su suplente José Luis Araica.
De acuerdo con el proceso para la apertura de juicio, Larios detalló que el juez Araica debe notificar hoy a las partes y anunciar la fecha para la audiencia inicial.
Dentro de las medidas cautelares solicitadas por el fiscal Elton Ortega, según consta en la acusación, no figura la detención preventiva, pero se solicita retención migratoria, suspensión de sus funciones públicas y el nombramiento de un interventor del edificio, bienes y demás recursos de la institución Telcor.
La acusación contra Gutiérrez se dio apenas unas cuatro horas después que el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) rechazara un recurso de exhibición personal interpuesto por el hoy imputado, quien dijo sentirse amenazado en su seguridad personal, por declaraciones de diputados liberales y sandinistas que le exigían reconocer a los electos de la Sisep y entregar el edificio.
Gutiérrez siempre rechazó reconocer tales nombramientos, y con auxilio del ministro de Gobernación Julio Vega, rodeó el edificio de agentes de la Policía Nacional, para impedir la entrada de los electos, así como de auditores de la Contraloría General de la República.
En su declaración ante la Fiscalía, como principal sospechoso de la comisión de los delitos mencionados, Gutiérrez argumentó el mismo discurso del Gobierno: que no reconocía la elección de la Sisep porque la Corte Centroamericana de Justicia había declarado inconstitucionales las reformas a la Constitución Política, acordadas por diputados liberales y sandinistas opositores a Bolaños.
CUATRO DELITOS
El fiscal general Julio Centeno confirmó que los delitos imputados a Joel Gutiérrez, son: usurpación de atribuciones y funciones, desacato a la autoridad, desobediencia y prolongación de funciones indebidas en el cargo público.
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