¿Fraude electoral en el 2006?
Los especialistas en elecciones aseguran que éstas se diferencian por su sentido neutro, o sea la simple técnica de designar —o confirmar— representantes y gobernantes, y por su significado “ontológico”, o sea la vinculación que el acto específico de elegir tiene con la posibilidad real del elector de optar libremente entre ofertas políticas diferentes. Y en este segundo caso es indispensable la vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el derecho electoral, las libertades individuales y los derechos políticos, así como la presencia al frente de los organismos electorales de personas honestas, imparciales y profesionales, no partidistas. Precisamente por eso es que se suele decir que no hay democracia sin elecciones, pero puede haber elecciones sin democracia.
Al respecto es importante y necesario comentar la presentación unitaria en público que hicieron el domingo pasado los principales líderes políticos democráticos del país, durante un mitin del Partido Conservador en el que acusaron a los partidos pactistas (FSLN y PLC) de estar preparando un gran fraude para las elecciones del 2006.
Advirtieron los denunciantes que una pieza estratégica de los preparativos del supuesto fraude electoral, ha sido la reciente “elección” de personas incondicionales de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, como nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), así como la “reelección” en su cargo de magistrado del hasta ahora presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes.
Éste rechazó la denuncia señalando que si fuese cierto que se está preparando un fraude para las elecciones del próximo año, eso significaría que la elección en el año 2000 de uno de los denunciantes, el ex Alcalde sandinista de Managua, Herty Lewites, también habría sido fraudulenta, pues básicamente son las mismas autoridades electorales las que organizarán los comicios del 2006.
Pero la denuncia de los líderes políticos democráticos —que en realidad recoge el temor de la mayor parte de la ciudadanía nicaragüense a la perpetración de un gran fraude electoral— no se refiere a las elecciones anteriores sino a las presidenciales y parlamentarias del próximo año; sin perjuicio de que ya en elecciones anteriores hubo denuncias de fraudes parciales, sobre todo en las municipales del año pasado, cuando la alianza Apre, el Partido Conservador y el Partido Resistencia Nicaragüense se quejaron de haber sido víctimas de maniobras fraudulentas en varios municipios del país, circunstancias en las que inclusive una periodista —María José Bravo, de LA PRENSA y Diario Hoy— fue asesinada por un activista-matón del PLC, en Juigalpa, Chontales, el 9 de noviembre del 2004, dos días después de los comicios y cuando las autoridades electorales no daban a conocer todavía el resultado del escrutinio.
Lo cierto es que no sólo los líderes de los partidos adversarios del PLC y el FSLN, sino que muchos ciudadanos según demuestran las encuestas, tienen la percepción de que los partidos pactistas sólo podrían retener el poder mediante un fraude en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2006, debido al gran desprestigio en que han caído. Además, por sus antecedentes en el manejo de las instituciones estatales, hay sobradas razones para temer que hagan el fraude electoral, y cosas peores aún.
De manera que es oportuno el llamado de los líderes políticos democráticos a la movilización ciudadana para impedir un probable fraude electoral, cuyos entretelones y antecedentes ya comenzaron de hecho con las decapitaciones de las candidaturas de Herty Lewites en el FSLN y de Eduardo Montealegre en el PLC. Además, la sospecha de que se está tramando el fraude electoral es acrecentada por la negativa de los partidos pactistas a aceptar —ni siquiera para discutirlas— las reformas electorales democráticas propuestas por partidos de oposición y organizaciones cívicas; porque los partidos pactistas en vez de mejorar democráticamente el sistema electoral lo que han hecho es incorporar al CSE o mantener en éste a fichas incondicionales de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán; y por todas las irregularidades políticas y técnicas que han sido denunciadas por Ética y Transparencia.
Las elecciones libres, limpias y competitivas son la última esperanza de que los problemas nacionales pudieran volver a comenzar a resolverse de manera pacífica y democrática. El fraude electoral, en cambio, sería una catástrofe para Nicaragua.
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