Opinión económica
La gobernabilidad en el entorno económico
José Antonio Poveda Salvatierra
En Nicaragua se vive un conflicto permanente resultado de la confrontación de las necesidades de solución a los problemas sociales de desempleo, pobreza, exclusión, inseguridad, y las ofertas reales del Gobierno. Esto se ahonda por el entusiasmo que genera la alternancia en el poder de diversos partidos políticos, los gobiernos de coalición que surgen y la mejoría considerable de los instrumentos electores.
El discurso político se caracteriza por una buena dosis de promesas que alimentan las esperanzas de la población. Es la ilusión del gobernante y la necesidad de atraer votos por parte de los candidatos. La realidad, sin embargo, impone restricciones y los gobiernos no pueden cumplir lo que prometieron los candidatos y los partidos durante sus campañas.
Es más, en nuestro país se asignaron muchas tareas sin dinero y, paradójicamente, hay mucho dinero y, paradójicamente, hay mucho dinero sin tareas. También ocurre que existe una tensión entre el régimen democrático que tiende a incluir a la gente y el sistema económico que la excluye. Se ha demostrado que la relación entre crecimiento e igualdad es mucho más débil que la que existe entre educación e igualdad.
El incremento de una cultura de violencia ha alentado la criminalidad, la corrupción y la impunidad, afectando así a las instituciones de seguridad y justicia.
La integración social se ve amenazada por la consolidación de núcleos de pobreza, prácticas arraigadas de discriminación étnica y el debilitamiento de la familia como comunidad básica de la sociedad, con alarmantes estadísticas de violencia intrafamiliar e irresponsabilidad paterna. En el caso de las familias pobres, esos comportamientos contribuyen a reproducir el círculo de pobreza, limitando logros educativos y condicionando de manera adversa la posterior inserción laboral.
La inseguridad ciudadana es el correlato de la incapacidad gubernamental de dar solución a los problemas sociales, que se amplía cuando ocurre un crecimiento lento. Para nuestro país significa la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la justicia para crear y fomentar confianza y mejorar el desarrollo profesional de la actuación de la policía y del proceso judicial.
La principal responsabilidad en materia de seguridad ciudadana corresponde al Estado. Cuando aparece la inseguridad y su impunidad asociada, el fantasma de la ingobernabilidad se hace presente.
Actualmente se trata de disminuir el Estado su papel de regulador del desarrollo y lo remplazan por el mercado. Al mismo tiempo, la planeación gubernamental, en medio de un intencionado desprestigio es también sustituida por cuadros estadísticos sin vinculación con la realidad socioeconómica del país.
Es la miopía de sólo ver a corto plazo. Desarrollo sustentable significa actuar generosamente a favor de las generaciones futuras. Aquí recobra importancia la labor del Estado en términos de calidad, de capacidad de funcionamiento en torno a un proyecto de desarrollo político, económico y social. Recuperar su contenido es ver hacia delante.
El Estado sigue siendo la única instancia que permite la articulación de consensos nacionales, la distribución de bienes sociales y la regulación de mercados que no responden a la realidad de los consumidores.
El desarrollo sustentable se asocia a la democratización del Estado y exige el fortalecimiento de su capacidad política, lo que significa orientar las relaciones entre los partidos políticos y los actores sociales, fortalecer la representatividad y arbitrar los conflictos que se plantean en el seno de toda sociedad.
El autor es Vicedecano Facultad de Derecho UNAN-León.
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