La democracia está en peligro
El Diario LA PRENSA publicó el recién pasado sábado 16 de julio, un despacho de la agencia internacional de prensa AFP sobre el informe de la situación de la democracia en América Latina, que el Diálogo Interamericano (DI) dio a conocer el jueves 14 de julio del año en curso; informe en el cual se señala que, en Nicaragua, “el presidente Enrique Bolaños apenas puede gobernar la nación” (debido a que) “una alianza de legisladores corruptos de izquierda y de derecha tomaron el control del parlamento y del sistema judicial del país”.
El Diálogo Interamericano es un instituto formado por unas cien personalidades de mucho prestigio en América Latina —y algunos de ellos en el mundo entero— que está encabezado por el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y destacan nombres como el del escritor Mario Vargas Llosa; el todavía presidente del BID y próximo Secretario de la Cooperación Iberoamericana, Enrique Iglesias; el ex vicepresidente del Banco Mundial para América latina, David De Ferranti, y otros de más o menos igual calibre intelectual, académico y político.
En el informe del Diálogo Interamericano , titulado Un claro en las nubes: América Latina y el Caribe en 2005, se señala que los peores casos políticos de la región son, por supuesto, el de Cuba (“único país de la región bajo un régimen autoritario”), Venezuela y Haití (“que difícilmente califican hoy como democracias”), pero también mencionan con énfasis las amenazas contra la democracias en Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
El caso de Nicaragua ofrece un especial interés porque es una experiencia novedosa de amenaza a la democracia por medios que no son los tradicionales (golpes de Estado y dictaduras militares), ni los otros que últimamente se han convertido en una constante en algunos países suramericanos (asonadas populistas) como Ecuador y Bolivia. Se trata, como citamos al comienzo de este comentario editorial y es necesario repetirlo , de “una alianza de legisladores corruptos de izquierda y de derecha (que) tomaron el control del parlamento y del sistema judicial del país” y desde allí han asestado y están tratando de consolidar un golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo y la institucionalidad democrática del país, con apariencias o pretensiones de legalidad que, sin embargo, es obvio que no engañan a nadie, ni dentro ni fuera del país.
La situación sobre Nicaragua planteada en el informe del Diálogo Interamericano, confirma las denuncias que el Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, ha presentado ante los jefes de Estado de América Central y ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Y coincide también con los planteamientos de las fuerzas democráticas de Nicaragua que están luchando contra el pacto y la corrupción —ahora, incluso, con manifestaciones cívicas masivas, como la del 16 de junio pasado en Managua y la de ayer 17 de julio en Granada— las cuales señalan que los pactistas libero-sandinistas que se apoderaron legalmente de la Asamblea Nacional y otras instituciones del Estado, han asestado desde allí un golpe de Estado de hecho contra las bases del sistema democrático de gobierno, mediante las reformas constitucionales espurias que impusieron en enero del año en curso.
Pero este problema de Nicaragua trasciende las fronteras nacionales, como lo demuestran el informe del Diálogo Interamericano, la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia que declaró inválidas las reformas constitucionales pactistas, y las resoluciones que recientemente ha dispuesto la OEA sobre Nicaragua, incluyendo el envío al país de dos misiones especiales del más alto nivel. En realidad, así como el deterioro de la democracia en Venezuela está amenazando gravemente la estabilidad política en una buena parte de América del Sur, la conspiración antidemocrática de los pactistas del FSLN y el PLC amenaza también la estabilidad política y la seguridad en la subregión centroamericana.
Las amenazas contra la democracia son un problema internacional. Como tal hay que abordarlo y de hecho ya se le está tratando de esa manera. Los esfuerzos internos deben unirse con acciones internacionales para poner en su lugar a quienes pretenden ampararse en los principios de autodeterminación para encubrir sus crímenes contra la democracia y contra los pueblos de sus propios países.
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