Sobre las gestiones que una misión de la OEA está haciendo en Nicaragua para facilitar una solución política negociada a la crisis institucional, se ha dicho que lo bueno —de esa gestión— es que se viene haciendo en silencio y que por eso hay bastantes posibilidades de que tenga éxito. Inclusive se afirma que la misión anterior de la OEA, que vino a Nicaragua con el mismo objetivo y la cual fue encabezada por el nuevo Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, fracasó porque sus gestiones fueron abiertas y del conocimiento de toda la población nicaragüense.

Sobre eso LA PRENSA informó en su edición de ayer que: “Tanto el presidente Bolaños como el embajador Caputo (jefe de la misión de la OEA en Nicaragua) coincidieron en que para obtener resultados concretos en la labor de sentar a las partes para buscar una solución a la crisis política, es conveniente mantener los intercambios al margen del público, ya que consideran que lo contrario fue uno de los factores que llevó al fracaso el proceso de diálogo anterior”.

Pero, entonces, ¿dónde queda el derecho de los ciudadanos a la información? ¿Acaso no son del mayor interés público los asuntos que están de por medio en esta crisis y en cualquier solución que le encuentren, y por lo tanto los ciudadanos tienen derecho a estar informados de todo lo que se proponga, negocie y resuelva? Y el Presidente de la República y los diputados, ¿no es que son representantes y mandatarios del pueblo y por lo tanto están obligados a informarle a la población sobre sus actuaciones y resoluciones? (Artículo 131 Cn.).

Está bien que el señor Caputo se mueva con cautela y evite “desde su papel de facilitador de una negociación, emitir juicios que perjudiquen ese proceso”, tal como él mismo lo dijo a los medios de comunicación social y se publicó en la información de LA PRENSA que citamos arriba. Pero eso no significa que se le deba ocultar la información a los ciudadanos nicaragüenses, sobre todo en una negociación en la que están de por medio la suerte del sistema democrático de gobierno y el control de los poderes públicos que son financiados con los cuantiosos recursos que aportan los contribuyentes.

Desde que se terminaron la situación de guerra entre los nicaragüenses y la paranoia en el ejercicio del poder estatal y la actividad política en general, porque se estableció la democracia en Nicaragua, se le ha venido diciendo a los ciudadanos que la transparencia constituye una condición indispensable para la existencia de un verdadero gobierno democrático; que el poder político proviene del pueblo y por lo tanto éste tiene derecho a saber quién hizo qué, para qué lo hizo, cómo lo hizo y cuál es el costo que se debe pagar o el beneficio que se podría obtener. Esto conlleva el hecho de que los gobernantes den cuentas de todos sus actos a lo s gobernados, quienes son los que en última instancia, se benefician o sufren las consecuencias de las decisiones y políticas públicas de aquéllos.

El secretismo, el accionar político en la oscuridad, la compartimentación, el sentido conspirativo para manejar los asuntos estatales y públicos en general, son propios del totalitarismo, de la revolución, del autoritarismo y la dictadura, pero no de la democracia bajo cuyas reglas y principios se rige este país desde hace ya quince años, después de incontables esfuerzos e indecibles sacrificios.

Ni siquiera la diplomacia propiamente dicha cabe hacerla en silencio y en la oscuridad, a menos que sea para preparar una agresión o una defensa militar, para conspirar de algún modo en contra de otros Estados o para proteger estratégicamente al propio. Al respecto es interesante señalar lo que dice el diario español ABC de Madrid, en un editorial de ayer miércoles 13 de julio, en relación con una actividad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero: “La normalidad diplomática es un cristal transparente: si el presidente del gobierno recibe al embajador de Estados Unidos, la gente, desde fuera, los ve moverse y hablar tranquilamente. La normalidad diplomática deja de ser normal cuando el cristal es opaco: la gente, al otro lado, ve sombras en el mejor de los casos. Y lo normal, tras las sombras, es que surjan las dudas”.

Y si eso es cierto en la diplomacia, ¿qué tal en la política? Y, peor aún, en la clase de política que se practica en Nicaragua.

Tras las sombras surge la duda