Opinión económica
Nación libre para invertir con justicia
Henry Espinoza Nicaragua
Para muchos economistas y creyentes en el libre mercado como única salida al problema de la pobreza en nuestro país —y en el mundo—, se les hace difícil comprender que libertad para negociar no puede ser equivalente de libertad para explotar. Nuestros gobernantes tienen la gran responsabilidad ante el DR-Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos), y otros fenómenos de la globalización económica, de establecer los marcos legales y sistemas de implementación de leyes que nos permitan mantener estándares laborales mínimos y de protección de la vida. Que hay de malo en decir “SI” a la inversión económica “CON” respeto por los derechos humanos, por la justicia?
Nuestros gobiernos, particularmente de la última década, han hecho un gran esfuerzo por atraer inversión extranjera, la cual parece ser una buena estrategia para resolver el problema económico en casa. Hay que reconocer el éxito de esos esfuerzos, ya que el establecimiento de extranjeros y/o empresas extranjeras ha traído consigo nuevos empleos, nuevos conocimientos, nuevos productos, y por supuesto capital. Un recorrido por Granada y Managua permite evidenciar el “boom” económico en algunos sitios de estas dos ciudades, particularmente en bienes raíces, turismo y maquiladoras (zonas francas). Es sorprendente la adquisición y comercio de una gran cantidad de propiedades (casas, fincas, haciendas, etc.) y establecimientos de negocios de diversas escalas por extranjeros.
El problema de nuestros gobernantes ha estado en definir bien y aplicar bien las reglas del juego para los inversionistas. Para la empresa extranjera las cosas funcionan muy bien ya que, frecuentemente, el Gobierno ofrece como buenas razones para invertir a Nicaragua “exoneraciones de impuestos” y “mano de obra más barata”, entre otras cosas. A veces hasta pareciera que a nuestros gobernantes se les olvida que tienen una nación por la cual velar. Considerando que dos tercios de la población nicaragüense viven en pobreza (y la mitad de éstos en pobreza extrema) es fácil comprender los sentimientos encontrados en la población que ha logrado empleo gracias a este boom: felicidad por tener un trabajo y terror a perderlo por expresar cualquier inconformidad.
Ante el DR-Cafta nuestro Gobierno tiene la oportunidad de reconsiderar leyes y normativas que aseguren el bienestar de las/os trabajadores y la moralidad de los negocios.
Los inversionistas extranjeros o nacionales saben que Nicaragua es un paraíso para la inversión, incluso con todo y la frágil gobernabilidad; pues cada vez es más claro que ante cualquier fatalidad los intereses y la integridad de los gobernantes y de los inversionistas serán protegidos por sobre todas las cosas. Pero los inversionistas también saben que en Nicaragua podrían hacer trabajar a las/os empleados mas allá de los horarios establecidos, pagarles menos, contratar menores —quienes generalmente desconocen que tienen derechos humanos y laborales—, fomentar el comercio sexual entre tantas mujeres pobres y promover actividades que pueden ser incluso criminales (tráfico infantil, de mujeres, etc.). Incluso es posible que todo o algo de eso ya se haga. En esa misma dirección, y con la indiferencia del Gobierno, sólo podría esperarse un nuevo estilo de esclavitud. En fin, tener dinero es tener poder, y si no hay reglas que respetar o nadie que las haga cumplir, queda a la imaginación las cosas que podrían hacerse cuando hay mucho dinero que invertir y mucha pobreza que explotar.
Nuestros gobernantes deben atraer o retener a la inversión extranjera sobre las bases de la legalidad, de la justicia social y de una moral genuina. De hecho, los tratados de libre comercio y los procesos de la globalización económica, promovida por la Organización Mundial del Comercio (OMC), son una excelente oportunidad para hacer alianza con otros países y hablar de elevar la calidad de la inversión. Desafortunadamente esas instancias que promueven la globalización económica hacen poca o ninguna alusión a los derechos humanos y las condiciones laborales de niñas/os, mujeres y hombres.
El autor es Master en salud pública, reside en Estados Unidos.
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