Mayoría por diálogo más participativo
José Adán Silva
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La mayoría de la población nicaragüense no siente que obtiene ningún tipo de beneficio del diálogo entre el gobierno y los partidos políticos mayoritarios, pero aprueba un diálogo nacional donde participen todos los sectores del país.
Así lo revela la más reciente encuesta rápida de la firma M&R Consultores, elaborada el siete y ocho de julio mediante llamadas telefónicas a 802 personas mayores de 16 años que habitan en el área urbana, y con un margen de error del más o menos 3.5 por ciento.
De acuerdo con la encuesta, el 93 por ciento de la población desconoce alguna medida social o económica surgida del diálogo que hace meses inició el gobierno con los partidos Frente Sandinista (FSLN) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
ORTEGA MAL VISTO
A las personas también se les preguntó sobre el retiro del gobierno de la mesa de negociaciones bajo el argumento de que el líder sandinista Daniel Ortega, no cumple con lo acordado durante el diálogo.
El 83.5% dice que Ortega no cumple su palabra; un 7.1% cree que sí cumple y un 9.1% no opina.
OEA Y APERTURA
Si bien el Gobierno se retiró del diálogo nacional bajo el argumento de que Ortega no cumple con lo acordado, un poco más de la mitad de la población urbana opina que el Ejecutivo debe volver al diálogo, pero solamente si la Organización de Estados Americanos (OEA) sirve como garante.
El 52.7% que el Gobierno debe volver al diálogo con la presencia de la OEA para asegurar el cumplimiento de los acuerdos; un 23.2 opina que el Gobierno debe regresar a las negociaciones independientemente de quién sea el mediador, y apenas un 18.2 opina que no debe volver “porque se burlan de él”.
La firma M&R también preguntó sobre el tipo de diálogo que le interesa a la población.
La respuesta fue categórica: el 84.8% dice que deben participar otras organizaciones, y apenas un 13.2 dice que no es necesaria la participación de otros sectores.
La urgencia de un diálogo se acentuó debido a la aprobación de reformas a la Constitución que quitan al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar funcionarios en cargos de servicios públicos.
El 24.3% opina que sí debe aceptar la propuesta, pero la mayoría (68.5%) se opone a que acepte estas propuestas de nombramientos. El 7.2 % no opina.
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