Pulgas para el más flaco
Douglas Carcache
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Es fácil decir que la frontera agrícola es la culpable del desastre forestal del país. Lo difícil, para el Gobierno, es reconocer la ineficiencia institucional que estimula el avance de esa frontera agrícola y a la vez el tráfico de madera.
La frontera agrícola la hacen cada día miles de campesinos pobres que van buscando vida de la costa del Pacífico hacia la costa del Caribe de Nicaragua. Ellos botan árboles, queman y hacen de una montaña un potrero.
Pero el Presidente del país o un ministro, antes de señalar a esos precaristas como los grandes culpables de la deforestación nacional, tendría que responder al menos dos preguntas: ¿Quiénes son los que compran la madera y las tierras despaladas a los migrantes de la frontera agrícola? ¿Qué provoca la migración de miles de campesinos del Pacífico al Caribe?
Cuando las comunidades indígenas de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) dijeron al presidente Enrique Bolaños que hacía falta una moratoria forestal, en mayo pasado, lo hicieron bajo la presión de esa migración mestiza que ha invadido tierras comunales y arrebatado maderas preciosas preservadas por miskitos y mayangnas.
Entonces, cerca de la reserva de Bosawás, Bolaños declaró el 25 de mayo su apoyo a la veda forestal argumentando que “estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos sin riqueza”. Sin embargo, seis semanas después cambió de opinión y ahora el Gobierno está en contra de la veda forestal.
El Gobierno hizo su viraje con un argumento flojo, de que los principales culpables del desastre ambiental son los campesinos de la frontera agrícola, por sí mismos, cuando está comprobado que el tráfico de madera ha crecido gracias a la debilidad de las instituciones públicas, incapaces de controlar la tala de árboles.
Por ejemplo, en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) el 60 por ciento de la madera ha sido extraída de forma ilegal, según estudios recientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
¿Por qué tanto tráfico? “La falta de presupuesto se ha convertido en el principal argumento de las autoridades encargadas de la regulación forestal para no ejercer los controles requeridos para el manejo sostenible del recurso”, precisa el Informe de Desarrollo Humano 2005 del PNUD. Otras razones son la “falta de controles adecuados, de transparencia e información adecuada, la estructura de impuestos, corrupción y el pago de coimas”.
Entre el empalme de Rosita y Prinzapolka, la zona principal de extracción de maderas en la RAAN, añade el estudio, los madereros “han empezado a comprar tierras como una forma de asegurar un mejor acceso al bosque ante las restricciones que enfrentan” por el Estado y las comunidades indígenas. Esos no son campesinos pobres.
En la frontera agrícola se asientan familias pobres, que cultivan maíz y frijoles para autoconsumo, pero allí también hay “especuladores de tierras que presionan hacia el lado del bosque” para sacar las maderas y meter ganado, porque allí tampoco existe la autoridad del Estado.
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