LUNES 11 DE JULIO DEL 2005 / EDICION No. 23867 / ACTUALIZADA 2:17 am





EL HUMOR DE





Grupo de jueces busca tener Código de Ética

. Éste recomienda a los judiciales no dar entrevistas vía telefónica a los periodistas

Mirna Velásquez Sevilla
nacionales@laprensa.com.ni

Un grupo de jueces de todo el país presentó el Código de Ética Judicial, que recoge los deberes, principios y valores éticos básicos para mejorar el desempeño de los funcionarios judiciales en el país.

El documento apenas ha sido firmado por 31 funcionarios, entre jueces y magistrados de los Tribunales de Apelaciones de todo el país, pero se espera sea suscrito por un total de 450 jueces.

El Código contiene tres capítulos y nueve artículos, muchos de ellos referidos a la probidad y el profesionalismo que debe caracterizar a los jueces y magistrados.

La Juez Segundo Penal de Juicios, Adela Cardoza Bravo, declaró que esperan que entre el 8 y 23 de julio, el Código de Ética haya sido firmado por los 450 jueces y magistrados de todo el país.



FIN A RETARDACIÓN DE JUSTICIA

El espíritu del Código es eliminar la retardación de justicia y toda manifestación de corrupción en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, según informa una nota de la Dirección de Prensa del Complejo Judicial Nejapa.

“Los jueces y magistrados debemos encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, manifestados en la transparencia de nuestras funciones públicas y privadas”, refiere textualmente el preámbulo del documento presentado.



NO MÁS ENTREISTAS TELEFÓNICAS

En el capítulo segundo del mismo documento, referido a la relación de los jueces con los medios de comunicación, se les recomienda ser prudentes y evitar rendir declaraciones o brindar entrevistas a los medios de comunicación por la vía telefónica.

El Poder Judicial y sus funcionarios son blanco de críticas, incluso por el Departamento de Estado de Estados Unidos por responder a directrices políticas reflejadas particularmente en algunos fallos donde los procesados son ex funcionarios públicos.

Otro de los cuestionamientos a este Poder del Estado se relaciona con la “comercialización” de sentencias y otras diligencias judiciales que en algunos tribunales, tienen precio.
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