El Partido Conservador relanzó la semana pasada su propuesta de reformas a la Ley Electoral, la cual, según el presidente de dicho partido, Mario Sebastián Rappaccioli, tiene el propósito de “lograr la transparencia en los procesos electorales, que el Consejo Supremo Electoral (CSE) deje de ser juez y parte (en la organización, escrutinio y proclamación de vencedores en los comicios) y que se permita mayor participación a los partidos políticos”. (LA PRENSA, viernes 8 de julio, 2005).

No cabe ninguna duda de que es necesario reformar la Ley Electoral, con el fin de garantizar la limpieza de las próximas elecciones, sobre las cuales se ciernen negros nubarrones de desconfianza por parte no sólo de los partidos políticos ajenos al pacto libero-sandinista, sino de los ciudadanos en general como lo demuestran reiteradamente en las encuestas . Sobre todo después de las elecciones municipales del año pasado, las cuales estuvieron marcadas por consistentes denuncias de fraude (en Granada, Cuapa, Santo Tomás de Chontales y Las Segovias) que nunca fueron desmentidas, se incrementó la falta de credibilidad del órgano electoral del Estado. Y la falta de credibilidad llegó al máximo con la última designación de magistrados electorales que hicieron los diputados sandinistas y liberales arnoldistas, en el marco del pacto y para reforzar su ejecución por medio del CSE.

Tal vez no todas las reformas propuestas por el Partido Conservador sean necesarias u oportunas. Pero, en todo caso, son indispensables las que se refieren a garantizar la transparencia de los comicios, a permitir la libre competencia política de partidos y candidatos (es decir, que no se excluya a candidatos presidenciales como los disidentes del Partido Liberal Constitucionalista — Eduardo Montealegre— y del FSLN —Herty Lewites—, así como la depuración del padrón electoral y la cedulación de todos los ciudadanos, o la prolongación de la vigencia de los documentos de identidad de todas las personas a las que se les está venciendo y se les vencerá en el transcurso del próximo año.

Sin embargo, la propuesta del Partido Conservador de reformas sustantivas a la Ley Electoral, no tiene ninguna posibilidad real de ser ni siquiera considerada por la única instancia estatal que tiene la facultad de reformarla, que es la Asamblea Nacional. Ciertamente, el diseño actual de la Ley Electoral y la composición del CSE y sus estructuras subordinadas, fueron decididos por los pactistas —inclusive de manera personal por los caudillos sandinista y liberal, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, respectivamente— precisamente para ejecutar en este ámbito los designios del pacto: imponer legalmente un sistema político bipartidista como el que había, también impuesto, en la época somocista, y por lo tanto para no permitir la participación electoral de partidos y candidatos competitivos e independientes; y para vigilarse unos a otros —sandinistas y liberales— , lo mismo que para repartirse los votos depositados en las elecciones y asignarse entre ellos los cargos de elección popular, en el caso de que así lo consideren indispensable.

En efecto, lo más seguro es que Arnoldo Alemán llegue en la actual condición de reo sin derechos políticos y con casa por cárcel, hasta las elecciones del 5 de noviembre del próximo año, a pesar de todas las cuotas de poder que el PLC le ha dado y le sigue entregando a Daniel Ortega y el FSLN. De manera que si al escrutar los resultados de las votaciones del 5 de noviembre del 2006, Ortega le pide al PLC que le adjudique el triunfo electoral a cambio de la liberación y exoneración de cargos y pena a Arnoldo Alemán, los magistrados liberales del CSE aceptarían sin vacilar semejante propuesta. O sea que la posibilidad del fraude electoral en las elecciones del 5 de noviembre del 2006, está prácticamente planeado desde ahora.

En conclusión, más que reformas a la Ley Electoral lo que se necesita es que se cambie la composición del Consejo Supremo Electoral. Es decir, que se sustituya a los actuales magistrados —y toda su maquinaria— partidistas, sometidos a los caudillos Ortega y Alemán, corruptos y por eso mismo desacreditados ante la sociedad, con personas independientes que hagan un trabajo profesional y honesto, y que por lo tanto cuenten con la confianza de los ciudadanos nicaragüenses y de la comunidad democrática internacional. Lógicamente, el cambio de magistrados únicamente se podría lograr como consecuencia de la presión popular manifestada en acciones como la marcha cívica del 16 de junio en Managua, y más.

La reforma electoral