Acusador de corresponsal es un prófugo
Roberto Orozco B. y
Mercedes Sequeira
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La Juez de Distrito de Ejecución de Sentencia de Boaco, doctora Carla María López Yllescas, confirmó a LA PRENSA que Evaristo Rivas Sánchez, acusador del corresponsal de LA PRENSA en el Triángulo Minero, Heberto Jarquín, es actualmente un prófugo de la justicia porque en julio del 2003 fue condenado a dos años y seis meses de prisión por los delitos de usurpación de dominio privado y penetración en fundo ajeno.
El Juzgado Único de Camoapa, Boaco, certificó a LA PRENSA la sentencia emitida el 7 de julio del 2003, en la que la juez Mayra Chaverry Rojas condenó a Rivas y, a pesar que hubo en un inicio una sentencia para beneficiarlo con una condena condicional, la judicial la revocó y se giró orden de captura en su contra, según rola en el expediente número 096-03.
A pesar de estar condenado y con una orden de captura, Rivas acusó en junio a Jarquín por los supuestos delitos de injurias y calumnias, luego que el periodista de LA PRENSA en el Triángulo Minero publicara una información sobre tomas ilegales de tierra, la cual se basó en una denuncia de varios campesinos de la localidad.
Antes de la acusación en el Juzgado de Rosita, Jarquín denunció públicamente y ante la Policía de ese municipio, que Rivas lo mandó a amenazar de muerte con un “emisario”.
“FUERZA DE TAREA”
La sentencia emitida en el 2003 por el Juzgado de Camoapa, además de comprobar que Rivas se dedica a las tomas ilegales de fincas privadas, es específica cuando asegura que éste, junto a otros 42 procesados en ese entonces, “forman parte de una fuerza de tarea organizada como asociación para la comisión de delitos de usurpación de dominio privado, amenazas, daños a la propiedad y penetración en fundo ajeno.
Todos los procesados habían pertenecido al grupo irregular Frente Unido Andrés Castro (FUAC), el cual sembró el terror en Las Minas.
En Camoapa, Rivas y los otros desmovilizados del FUAC se tomaron por la fuerza la finca La Esperanza, entonces propiedad de los señores Francisco Barrera Alaniz y Roberto Méndez Hernández, quienes demostraron en el juicio ser dueños legítimos y víctimas de los delitos antes descritos.
ORDEN ESTÁ VIGENTE
La condena que el Juzgado de Camoapa emitió en contra de Evaristo Rivas Sánchez, ex miembro del FUAC, fue apelada por su defensa. Sin embargo, el Juzgado de Distrito de Boaco confirmó la condena a dos años y seis meses de prisión contra Rivas, por lo que éste debería purgar condena en una penitenciaría.
Ante esa situación, el Juzgado de Ejecución de Sentencia de Chontales giró un exhorto al Juez Primero Local del Crimen de Managua, Julián Mayorga Solórzano, con orden de allanamiento y detención para Rivas y otros procesados, debido a que tenían domicilio en la capital. La orden de captura en contra de Rivas está fechada el 20 de agosto del 2003.
En su considerando número cuatro, la Juez Local Único de Camoapa, cuando se refiere a la delincuencia y la responsabilidad criminal de Rivas, indica claramente que eso quedó plenamente demostrado.
Cuando a Rivas se le dio el beneficio de condena condicional, se ordenó que él debía presentarse una vez al mes al Juzgado Local Único de Camoapa; sin embargo eso no se cumplió.
Actualmente Rivas se encuentra en Rosita, municipio del Triángulo Minero, donde varios campesinos lo han denunciado públicamente por invasión ilegal de sus fincas.
En el Triángulo Minero existe un grave problema de propiedad que podría generar violencia porque, como no existe oficina de registro de las fincas, los traficantes ilegales de tierra, en complicidad con algunos abogados, sacan títulos supletorios y se adueñan de las mismas.
La finalidad, según conocen algunas instituciones estatales, es el negocio ilegal de la tierra y el tráfico de madera.
Esta situación es seguida de cerca por el Ejército y la Policía.
PEDIRÁ EXPLICACIONES
“La orden (de captura) contra este señor (Evaristo Rivas Sánchez) está vigente y tendría que hacerse efectiva”, dijo la Juez de Ejecución de Sentencias de Boaco, Carla María López Yllescas, quien además afirmó a LA PRENSA que pedirá explicación a la Policía Nacional sobre el por qué no se ha hecho efectiva la misma. “La sentencia está firme”, dijo la judicial.
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