Libertad de prensa bajo ataque
El periodista Sergio Muñoz Mata, columnista de Los Angeles Times, El Nuevo Herald y otros periódicos de Estados Unidos y América Latina, y además directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su columna de esta semana escribió sobre la violación a la libertad de prensa en Estados Unidos que significa obligar judicialmente a los periodistas y medios de comunicación social, a revelar la identidad de una fuente que ha proporcionado determinada información bajo el compromiso de la confidencialidad.
Pero Muñoz Mata habla también de “los peligros que enfrentan los periodistas en los diferentes países del hemisferio americano”, y señala que: “En Colombia, México y Haití cada año aumenta la lista de periodistas muertos. En el resto del hemisferio, con unas pocas y honrosas excepciones, los amenazan, los exilian y los intimidan. En todos se promulgan leyes que coartan la libertad de expresión o la inhiben utilizando conceptos decimonónicos como el del desacato a la autoridad. La impunidad que protege de hecho a quienes asesinan a periodistas es otra forma común de ataque a la prensa en América Latina”.
Aunque Muñoz Mata no menciona expresamente a Nicaragua, aquí también la libertad de prensa es atacada regularmente en diversas formas. Y últimamente hasta con asesinatos de periodistas, como son los casos recientes del comentarista de televisión, Carlos José Guadamuz, asesinado por un fanático sandinista orteguista el 10 febrero del año pasado, y María José Bravo, periodista de LA PRENSA asesinada el 9 de noviembre del 2004 en Juigalpa, Chontales, por un fanático liberal arnoldista.
Además, durante la crisis institucional y el conflicto político que aflige actualmente al país, los medios de comunicación social han sido víctimas de una brutal agresión fiscal por medio de la “ley Arce” contra la libertad de expresión y de prensa, que es llamada así en “homenaje” a su principal instigador, el diputado sandinista Bayardo Arce Castaño.
Mas no paran allí las agresiones contra la libertad de prensa y los periodistas que la ejercen. Como es bien sabido, últimamente el caricaturista de LA PRENSA, Manuel Guillén, ha recibido amenazas de muerte por medio del correo electrónico, de alguien que se mostró inconforme por una caricatura de Daniel Ortega que se publicó en El Azote, que es el suplemento humorístico de este Diario. Además, el corresponsal de LA PRENSA en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Heberto Jarquín, también está amenazado de muerte y ha sido acusado judicialmente por publicar información acerca de las tomas de tierras en aquella zona del país. Sin hablar de las acusaciones que han sido presentadas en juzgados de Managua, contra LA PRENSA, por la publicación de determinadas informaciones de carácter político.
Y como para rematar el acoso, los periodistas que a más tardar el 15 de julio no se inscriban en el Colegio de Periodistas de Nicaragua —cuya ley creadora es inconstitucional pero la Corte Suprema de Justicia no ha querido fallar un recurso por inconstitucionalidad que fue presentado desde hace cuatro años— corren el peligro de ser acusados por “ejercicio ilegal del periodismo”, y encarcelados de conformidad con un Reglamento de Policía del siglo XIX.
En este sombrío contexto de intimidación a la libertad de prensa, el Presidente de la República presentó ante la Asamblea Nacional, el martes de esta semana, una iniciativa de ley con el propósito de reglamentar, supuestamente en beneficio de los medios de comunicación, las cargas fiscales impuestas por la oprobiosa “ley Arce”. Sin embargo, para lo único que podría servir e esta iniciativa presidencial sería para maquillar la oprobiosa “ley Arce” contra la libertad de expresión y de prensa, que por cierto el mismo presidente Enrique Bolaños la reglamentó a pesar de su notoria inconstitucionalidad.
En efecto, el artículo 68 de la Constitución que garantiza las exoneraciones de cualquier clase a los medios de comunicación social y la “reforma” que aprobaron los diputados no tiene validez ni legitimidad. El artículo 68 constitucional es imperativo, no admite interpretación ni regulación de clase, ni para ampliar mucho menos para reducir sus efectos. O sea que la llamada “ley Arce”, además de represiva es simplemente inconstitucional, y punto.
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