La judicialización del pacto
Cuando concluyó su misión en Nicaragua —tratar que el presidente Enrique Bolaños y los líderes sandinistas y liberales de la Asamblea Nacional se sentaran alrededor de un mesa de diálogo para resolver la crisis institucional del país mediante la negociación política—, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, declaró que una de las mayores complejidades que encontró es que aquí la política y prácticamente todo está judicializado.
“Hay una gran cantidad de minas en el camino que tienen que ver, a mi juicio, con una exagerada judicialización de todo, como si ganarle al adversario político no fuera ganarle en el terreno de las ideas, sino en el terreno de las cortes de justicia”, aseguró el líder de la OEA. (LA PRENSA, lunes 20 de junio, 2005).
En realidad, uno de los grandes problemas de Nicaragua, tal vez el mayor de todos, es que la justicia no se administra en forma independiente e imparcial, como es o tiene que ser el Poder Judicial en toda sociedad civilizada. Por el contrario, la administración de justicia se usa aquí como instrumento de coerción al servicio de determinados intereses políticos y partidistas, en este caso de los dos partidos que controlan la Asamblea Nacional: el FSLN y el PLC, y más exactamente de sus caudillos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.
Además, la distorsión de la función judicial en Nicaragua no consiste únicamente en una simple judicialización de la política o politización de la justicia. Al fin y al cabo, la administración de justicia es una función política: los magistrados y jueces también gobiernan, ejercen directamente, en representación del pueblo, un mandato político indirecto; y sobre todo cuando vigilan la constitucionalidad de las leyes y su aplicación, necesaria e inevitablemente entran directamente en el terreno de la política pura.
De manera que el problema no es tanto que la justicia se ha politizado o que la política haya sido judicializada, en términos generales. Lo más grave es que se ha judicializado una determinada forma de política, particularmente perversa, como es el pacto del FSLN con el PLC, que es precisamente la causa de la crisis institucional que sufre el país. Y lo peor de todo es que los funcionarios judiciales aceptan y justifican esa anómala situación, puesto que ellos mismos son parte orgánica del pacto o simplemente por agradecimiento a quienes supuestamente les deben sus cargos.
La administración de justicia fue instituida como una parte fundamental del Estado para dirimir los litigios entre los particulares, los conflictos de los ciudadanos con los poderes públicos y las desarmonías entre las mismas instituciones del Estado. Pero en términos generales y sobre todo en una sociedad democrática, para cumplir correctamente esas delicadas funciones la justicia debe ser administrada en forma independiente e imparcial.
Por eso es que se dice que “cuando la política entra por la puerta, la justicia huye por la ventana”, refiriéndose obviamente y ante todo a la política partidista. Ciertamente, es imposible que haya una verdadera justicia —eficaz, independiente e imparcial—, si quienes la administran están subordinados a la militancia partidista, a la afiliación ideológica, a la participación en alborotos públicos como cualesquiera agitadores callejeros.
Eso sólo ocurre en Estados y sociedades totalitarias, donde la revolución, la vanguardia política y la clase revolucionaria “son fuente de derecho” y por lo tanto no hay verdadera justicia. Por el contrario, en una sociedad civilizada y en un Estado democrático, en los que el derecho se fundamenta en la equidad y la moral, la justicia se administra en silencio, a base de una serena reflexión, con libertad de conciencia y sentido de dignidad personal de quienes cargan con la tremenda responsabilidad de juzgar a otros seres humanos, de dirimir el conflicto entre el tuyo y el mío y darle a cada quien lo que en derecho le corresponde.
Lamentablemente en Nicaragua no parece haber ni siquiera la esperanza de que algunos funcionarios judiciales se rebelen contra el pacto; mucho menos que la administración de justicia en general rompa institucionalmente con los pactistas y se convierta en un eficaz medio para procurar la gobernabilidad democrática, para asegurar la estabilidad institucional, para cultivar la confianza ciudadana y para promover la convivencia pacífica de la sociedad. Ojalá que estuviésemos equivocados.
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