DR-Cafta genera polémica ambiental
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El tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta) incluye un capítulo ambiental que ha puesto nerviosos a los ambientalistas, pero los negociadores del tratado aseguran que no hay nada de qué preocuparse |
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La existencia de un marco legal que garantice la protección ambiental ante el DR-Cafta ha generado un debate constante.
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Ricardo Guerrero Nicaragua
economia@laprensa.com.ni
El acuerdo comercial entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta en inglés), tiene muy preocupados a los sectores ambientalistas del país, pues según ellos, constituye uno de los mayores desafíos para el ciudadano y el pueblo en general ya que implica una reestructuración del sistema económico, pero lo más relevante es que es un tratado que afectará al país para los próximos cien años.
“Lo que está en juego en la ratificación de este tratado es la vida y el futuro de nuestros niños y niñas, de los nietos y los bisnietos y de los que aún no han nacido, en definitiva está de por medio el futuro de nuestros recursos naturales”, indicó Raomir Manzanares, presidente del Club de Jóvenes Ambientalistas de Nicaragua.
Según los ambientalistas y ciertos sectores de la sociedad, el desarrollo de Centroamérica puede y debe avanzar de una manera sustentable y equitativa. Sin embargo para los ambientalistas, el DR-Cafta no alcanza estos objetivos y en cambio tiene el potencial para afectar seriamente el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente y los recursos naturales en la región.
Un tratado que, bajo los ojos de los mandatarios, le servirá a la región para multiplicar el volumen de sus exportaciones y generar fuentes de empleo y mejorar el bienestar de millones de latinoamericanos. En otras palabras, una verdadera estrategia de desarrollo. Los ambientalistas no lo ven así.
Una de las mayores preocupaciones de Manzanares y el resto de ambientalistas es que a pesar de algunas modificaciones menores, las reglas sobre inversión en el DR-Cafta son parecidas a las del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (conocido como Nafta, por sus siglas en inglés), que dio a los inversionistas extranjeros amplios derechos que no existen bajo la ley estadounidense. Tanto México como Canadá han perdido casos presentados bajo el Capítulo 11 sobre protecciones ambientales, y Estados Unidos enfrenta demandas por más de 1,000 millones de dólares, que aún no ha pagado y al parecer no los pagará, estima Manzanares.
SALVAGUARDIAS AMBIENTALES INADECUADAS
“Centroamérica enfrenta unos desafíos ambientales desalentadores que ponen en peligro la capacidad regional para el desarrollo sustentable. Desafortunadamente, las reglas ambientales en el DR-Cafta son inadecuadas y no aseguran que la protección ambiental en Centroamérica sea mejorada de manera significativa”, según Manzanares.
La diputada Alba Palacios coincide con el ambientalista al manifestar que si bien es cierto Nicaragua tiene una serie de leyes de protección del medio ambiente, la mayoría de éstas no han sido aprobadas, “tenemos la ley de agua, la ley de delitos ambientales y la de bioseguridad que están en el Parlamento”, puntualizó.
“En México, por ejemplo, una Alcaldía hizo una ley para proteger el ambiente, esta ley puso en peligro las inversiones de una transnacional estadounidense, la compañía entabló una demanda y el Gobierno de México tuvo que pagar varios millones de dólares y la Alcaldía, por su parte, tuvo que derogar la ley, ésas son las desventajas de estos acuerdos”, señaló Palacios.
El DR-Cafta establece que si una transnacional se siente afectada, ésta puede demandar a cualquier estado y la demanda se hace a través de un organismo supranacional que está por encima de las leyes locales, indicó Bayardo Izabá, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En tanto, Arturo Harding, titular del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), coincide con Palacios y manifiesta que carecen de un reglamento que castigue los delitos ambientales.
“Si me encuentro con una persona vendiendo loras en un semáforo, lo único que puedo hacer es quitárselas, pero no tengo un marco regulatorio que me permita castigar a esa persona”, dijo Harding.
Según Palacios, no ha habido una agenda previa para estudiar con seriedad la protección al medio ambiente de los daños que podría causar una transnacional.
Sin embargo, Carlos Noguera, miembro de la comisión de seguimiento al acuerdo comercial, por parte de la Asamblea Nacional ha manifestado que de no ratificar el tratado se estaría votando por el aislamiento del mercado más grande del mundo y por lo tanto por el retroceso del país.
Y ha dicho que los que no están de acuerdo con el tratado son aquéllos a quienes no les conviene el progreso y el desarrollo del país, ya que en la medida que tengamos las posibilidades de un desarrollo y se vaya eliminando la pobreza se darán cuenta de la importancia del tratado.
En tanto, Azucena Castillo, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), indicó que los grupos ambientalistas con los que ella ha conversado le han manifestado que están a favor del acuerdo, sin mencionar nombres.
Violeta Delgado, representante de la coordinadora civil, una de las organizaciones que se opone al acuerdo comercial, indicó que ellos en conjunto con un comité conformado por pequeños productores realizarán una marcha para presionar a los diputados a que no aprueben el tratado.
Delgado afirmó que efectivamente el DR-Cafta beneficiará a los grandes productores y exportadores, pero no a los más pequeños, los que se convertirían en trabajadores maquileros, “y eso no es todo, lo peor es que afectará seriamente los recursos naturales del país”.
EL DILEMA
Alba Palacios reconoció que hasta la fecha no existe una legislación que proteja al medio ambiente, “estamos desprotegidos en cuanto a la protección del medio ambiente y eso es peligroso”, indicó en la presentación que hicieran sobre el proyecto de ley de biodiversidad.
En este sentido, Cristhian Martínez, jefe del Departamento de Normas en la Dirección de Negociaciones Comerciales del Mific, dijo que en el capítulo ambiental del DR-Cafta se establecen las formas en cómo proteger los recursos naturales y la calidad ambiental.
“Todas las empresas transnacionales que quieran beneficiarse de la apertura de los mercados, tienen que cumplir con las leyes ambientales del país, y para aquélla que no cumplan existen fuertes multas que pueden llegar hasta los 15 millones de dólares”, y explicó que como Estado están obligados a demandar a cualquier empresa dentro del territorio nacional.
“Si el DR-Cafta se logra ratificar necesitamos una ley, por ejemplo, que regule la introducción de alimentos genéticamente modificados que son dañinos para el medio ambiente y para la salud humana a través de un sistema de control”, indicó.
Otro de los graves problemas, según Raomir Manzanares, es que los permisos ambientales se están otorgando sin evaluación de un estudio de impacto ambiental, porque no hay capacidad. “El problema es que las instituciones gubernamentales no tienen la capacidad por carecer de presupuesto, las ayudas provienen de la comunidad internacional y ellos ponen sus condiciones y no dan opciones de poder ver las necesidades”, estimó.
EL CAPÍTULO VERDE
El capítulo verde del tratado de libre comercio divide a ambientalistas y algunos funcionarios: para unos es sólo “simbólico”, para otros es un “gran triunfo”.
El recetario verde del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, los países de América Central y República Dominicana señala que sus socios actuarán de “buena fe” y crearán un Consejo de Asuntos Ambientales, un grupo arbitral y quizás un secretariado. Son promesas usadas como artillería por defensores y detractores del acuerdo.
Atribuir al acuerdo un carácter pro o antiambiental es un caballo de batalla de quienes debaten sobre su eventual aprobación este año en los parlamentos de los países que aún no lo ratifican (Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana) y en el Congreso estadounidense.
El capítulo 17 del acuerdo, dedicado al medio ambiente, abre con la advertencia de que las partes tienen pleno derecho a “establecer sus propios niveles de protección ambiental” y a actuar con “discrecionalidad respecto de asuntos indagatorios, acciones ante tribunales, de regulación y de observancia de las normas” en la materia.
Arturo Harding, titular del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), está satisfecho con lo negociado, pues considera que haber incluido un capítulo ambiental es de por sí un triunfo.
El apartado ambiental del DR-Cafta incluye medidas concretas, cuenta con una agenda para los próximos diez años y ayudará a América Central a obtener apoyo financiero de Estados Unidos, dijo.
Pero según la organización no gubernamental (ONG) Club de Jóvenes Ambientalistas que dirige Raomir Manzanares, y que reúne a miles de jóvenes ambientalistas del país, el acuerdo comercial permitirá a los países centroamericanos mantener sus “pobres” estándares ambientales.
“Lo ambiental en el tratado está abordado sólo de manera simbólica”, dijo Manzanares a LA PRENSA. Y pronostica que el DR-Cafta transformará a América Central en una “piñata para ser explotada por quien lo desee”, lo que se traducirá en daños ecológicos.
Los apartados sobre ambiente en el tratado “son pura retórica, porque no hay mecanismos ni medidas que exijan a los países proteger sus recursos naturales”, consideró.
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