Cuando los griegos del siglo V antes de Jesucristo sostuvieron que la democracia es ciudadanía, estaban afirmando la necesaria relación que debe existir entre el ejercicio del poder y la voluntad colectiva.

Independientemente de lo antidemocrático e inhumano de algunas de sus instituciones, como la esclavitud, por ejemplo, el principio general de la soberanía popular y de la voluntad social como fuente del poder quedó establecido como el eje rector del sistema político.

La era moderna que en política se inició con las revoluciones europeas, perfeccionó en la teoría del contrato social el fundamento legitimador del poder y de la política. La voluntad general que resulta del consenso, determina la creación de la sociedad como grupo consciente de su propia identidad, del derecho y del Estado.

La práctica política contemporánea, por diferentes razones, ha roto, o al menos debilitado este nexo entre la voluntad general y el poder, entre la sociedad y el Estado, entre la clase política y la ciudadanía, poniendo en crisis, en los hechos reales, los enunciados conceptuales del principio, aun y cuando éstos se siguen utilizando como si su observancia fuera la regla general que guía la conducta política.

La crisis de representación por la que los representantes, cada vez más, representan, cada vez menos, a los representados, ha llevado a revivir la idea de la democracia participativa, complemento de la democracia representativa en la que se actúa la primera modalidad de participación, como necesaria forma de acción en defensa de los derechos de la colectividad.

En Nicaragua el fenómeno se manifiesta a través del distanciamiento de la actividad política de los verdaderos intereses de la sociedad, a pesar de la demagogia y del populismo, o tal vez precisamente por ellos, que tratan de hacer creer lo contrario.

Los intereses predominantes de las dos fuerzas políticas hegemónicas se centran en el establecimiento de un mecanismo de control sobre el Estado y la sociedad, mediante el cual se dominan los poderes del Estado y los principales órganos e instituciones.

Las reformas constitucionales y la creación de nuevas leyes y nuevas instituciones, tienen el propósito de transferir el poder real a los dos líderes de los partidos políticos principales, FSLN y PLC, quienes por esa vía podría hasta argumentar la legalidad de sus actuaciones, aunque, ciertamente, no podrían invocar la legitimidad de las mismas.

Independientemente del hecho de que algunas de las medidas adoptadas pudieren ser positivas consideradas en forma aislada, lo cierto es que observadas en su conjunto, la situación nos revela un proceso consciente y estratégico de apropiación del Estado por la vía del pacto, mediante el cual, a pesar de los desencuentros y ocasionales contradicciones entre los dos caudillos, se viene construyendo paulatinamente un peligroso poder autocrático que amenaza no sólo el presente, sino también el futuro democrático de Nicaragua.

Ante este fenómeno cada vez más visible, se hace necesario que la ciudadanía se organice y exprese en forma cada vez más sistemática y consistente. Se sabe que ésta es una labor difícil, pero, como quiera que sea, esta dificultad se atenúa cuando hay ideas claras y concretas a través de las que se puede dar forma a las aspiraciones generales de rechazo a la demagogia y al autoritarismo prevalecientes en el discurso y en las prácticas políticas.

La ciudadanía está ahí para establecer un mecanismo de control político y social ante lo que los intereses bicéfalos pretenden hacer con el país. Pero está ahí también, para formular y defender sus propuestas, para exigir a los partidos políticos su democratización y una actuación acorde con los intereses generales de la sociedad y no con los intereses particulares de sus dirigentes.

La ciudadanía tiene el derecho y el deber de proponer y exigir, sea a través del diálogo alternativo, el referendo o cualquier otra modalidad de participación ciudadana que se considere pertinente, nuevas formas de responder a los problemas nacionales.

A través de temas concretos, la ciudadanía puede llegar a través de este diálogo o foro permanente al que se han venido refiriendo varias organizaciones, lograr estructurar una propuesta de Proyecto de Nación que garantice la justicia social, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

Democracia y participación ciudadana