La campaña contra la “nota roja”
La fuerte campaña que se desarrolla actualmente contra la “nota roja” que transmiten algunos medios de comunicación social, más que todo televisivos, está teniendo ya sus primeros resultados. Pero son consecuencias negativas, pues con el pretexto de que los periodistas de la “nota roja” interfieren en sus investigaciones, la Policía les está limitando el acceso a informaciones policiales que son públicas por su propia naturaleza e interés social.
Inclusive, algunos periodistas sospechan que la campaña contra la “nota roja” pudo haber sido promovida por la misma Policía, para justificar las restricciones a la libertad de información sobre asuntos policiales, debido a la molestia que le causaron los medios que cubrieron de manera crítica las denuncias sobre el supuesto involucramiento de mandos intermedios de esa institución con el narcotráfico, en mayo del 2003, y acerca del asesinato múltiple de policías en Bluefields, en mayo del 2004.
Sin embargo, independientemente del aprovechamiento que está haciendo la Policía de la campaña contra la “nota roja”, lo que en realidad hay detrás de ésta, a nuestro juicio, es la sincera preocupación de muchas personas por el desenfreno de un tipo de información de mal gusto, que no contribuye a la educación y el progreso cultural de la población —cual es una de las responsabilidades de los medios de comunicación social— sino que más bien profundiza los antivalores que se han arraigado en la sociedad nicaragüense.
En realidad, la información que enfatiza morbosamente los aspectos sangrientos de los sucesos —o sea la “nota roja”—, no es propia de medios que cumplen su deber de informar con respeto a la ética profesional y con respeto al buen gusto.
Sin embargo, ese tipo de información no es de ahora ni es exclusivo de Nicaragua. Historiadores del periodismo consideran que la “nota roja”, antes llamada “amarillismo”, se originó en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y que se le llamó así por el nombre de un popular personaje de caricatura —“Yellow Kid”— que aparecía en los diarios de noticias escandalosas de Wiliam Ramdolph Hearst. Y además, en aquella época las páginas de los suplementos de los diarios que informaban sobre sucesos violentos y sangrientos se imprimían en papel de color amarillo.
Pero en la actualidad ese tipo de información ha pasado de amarillo a rojo, por el mayor énfasis que se le pone ahora al derramamiento de sangre como consecuencia de hechos criminales o accidentales. Expertos en comunicación —como el mexicano José Luis Arriaga Ornelas— definen la nota roja como “un género informativo por el cual se da cuenta de eventos (o sus consecuencias) en los que se encuentra implícito algún modo de violencia —humana o no— que rompe lo común en una sociedad determinada y, a veces también su normatividad legal. Ahí caben los relatos acerca de hechos criminales, catástrofes, accidentes o escándalos en general, pero expuestos según un código cuyos elementos más identificables son los encabezados impactantes, las narraciones con tintes de exageración y melodrama, entre otros”.
Ahora bien, no es por medio de la censura y la autocensura, ni restringiendo el acceso a las informaciones de instituciones públicas como la Policía Nacional, que se debe encarar el problema que causa la desmesura de la “nota roja”. La represión es el recurso de los regímenes dictatoriales, como en Cuba, donde no existe la “nota roja”, o Venezuela, donde el gobierno de Hugo Chávez dictó en noviembre del año pasado una Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (un código negro), mediante la cual se prohíbe y castiga la transmisión de “programas con contenido de sexo y violencia en el horario supervisado, que se extenderá entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche”, pero es un pretexto para reprimir también la información y opinión de carácter político.
Al parecer eso es lo que algunos pretenden para Nicaragua, donde existe libertad de prensa, sin duda, pero todavía no hay libre acceso a la información de carácter público. Y quieren restringirlo más con el pretexto de combatir la nota roja e invocando el supuesto derecho del Estado de “proteger” la sanidad espiritual de los nicaragüenses.
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