El Poder Ejecutivo ordenó la publicación de la Ley del Presupuesto General de la República, 2005, en La Gaceta, a pesar de que el mismo Gobierno había insistido en lo inapropiado y peligroso de aumentar el déficit fiscal más allá de límite recomendado por el FMI, dentro del criterio de una sana macroeconomía.

Incluso, el representante del FMI en Managua advirtió repetidamente al Ejecutivo que aprobar un Presupuesto con tan alto déficit expondría al país a salirse del programa de la HIPC y aún de la Cuenta del Milenio. O sea, carecería Nicaragua del apoyo del 20 por ciento que ha venido recibiendo para enjugar el déficit fiscal, por romper el compromiso adquirido. Esto es así porque quien estira la mano pidiendo auxilio debe seguir las indicaciones del proveedor, pues ése es el entendimiento implícito con las instituciones internacionales de crédito. Los países que se resisten a permanecer dentro de los parámetros de una sana macroeconomía terminan como Argentina, imponiendo “corralitos” financieros que echan mano abusivamente de divisas ajenas para mantener el valor de la moneda local y cubrir las importaciones.

Al respecto veíamos correcta la posición del Gobierno de no avalar el déficit de 600 millones de córdobas, aprobado por la Asamblea Nacional así como su resistencia a sancionar el desfase presupuestario, pero tampoco vetarlo, tanto más cuando había obtenido luz verde a los bonos para el sector magisterial como reconocimiento al crecimiento del PIB en un 4.2 por ciento el año pasado.

Fue entonces que la Asamblea Nacional rechazó hacer uso de la disposición constitucional que la autorizaba a publicar el Presupuesto y tiró la pelota de vuelta al Gobierno, incluso amenazándolo con quitarle el control de La Gaceta si no lo promulgaba.

Sorpresivamente, el Ministro de Hacienda, sin negociar previamente los incrementos o creación de impuestos para rebajar los gastos y nivelar el Presupuesto, se allanó a las exigencias populistas de los diputados. Y el Ejecutivo ni siquiera se dignó dar una explicación pública de su retractación ni consiguió que al menos los huelguistas regresasen a sus labores.

Más aún, aceptó el Gobierno integrar una comisión tripartita que viajará a Washington a defender las tesis inflacionarias de la Asamblea y regatear los nuevos impuestos que dictará, si es que el FMI acepta que se aumenten salarios en un 30 por ciento cuando el PIB apenas alcanzó un magro uno por ciento real, si se considera el crecimiento demográfico. La otra posibilidad es reducir drásticamente los gastos burocráticos del Estado, por ejemplo, reducir a la mitad el desmesurado número de diputados y magistrados, lo que no aceptan los legisladores porque sería reducir el aparato prebendario. Y la otra alternativa es cruel porque significaría despedir a miles de trabajadores.

Los diputados suponen que todo se arregla poniendo más impuestos. Deberían saber que más allá de ciertos límites, que ya cruzó Nicaragua, las gabelas desaniman la producción. Y que más bien el crecimiento económico se consigue rebajándolas, cuando no quitándolas.

La otra falsa posición del PLC y FSLN es que tildaban antipatriótico seguir las recomendaciones del FMI y ahora no tienen más remedio que comerse sus palabras e ir a implorar tolerancia al populismo, creyendo que con hechos consumados van a presionar al Fondo. En ese contexto un diputado sandinista llegó al colmo de pedir que se haga uso de las reservas internacionales en moneda dura, alegando que hay muchos pobres que las necesitan, o sea regresar a la época irresponsable de las emisiones inorgánicas, en los ochenta, cuando la maquinita de imprimir billetes funcionaba para echar más dinero a la calle.

En todo caso el Gobierno echó pie atrás cuando había logrado, a pesar del acoso político que sufre, revertir el desastre financiero heredado de la administración anterior. Lo indicado era explicar a la opinión pública su posición, pues el estilo de negociar en privado le ha resultado fatal a este Gobierno, sobre todo porque da golpes de timón sin avisar siquiera. Se comprende que acomodar un Presupuesto a gusto de todos los sectores no es fácil. Pero mantener la disciplina fiscal es una inversión a largo plazo, sobre todo si merece el Gobierno la confianza de los organismos internacionales, o de la propia ciudadanía.

Un presupuesto desfasado