Los recursos públicos y las reformas fiscales
Guillermo Cárdenas Montalván
La Gestión Tributaria es un elemento importante de la política económica porque financia el presupuesto público, convirtiéndose de esta manera en la herramienta más importante de la política fiscal, en él se especifica tanto los recursos destinados a cada programa como su financiamiento. Este presupuesto es preparado por el Gobierno Central y aprobado por la Asamblea Nacional, es un proceso en el que intervienen distintos grupos públicos y privados, que esperan ver materializadas sus demandas. Es un factor clave que dichas demandas se concilien con las posibilidades reales de financiamiento, para así mantener la estabilidad macroeconómica.
La pérdida de control sobre el presupuesto es fuente de desequilibrio e inestabilidad con efectos negativos insospechados. Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar paquetes económicos que reactiven la economía nicaragüense, pero lamentablemente fallan al no poder controlar el gasto público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos, como en los micro, medianos y grandes empresarios nicaragüenses.
Para fortalecer el bienestar en el largo plazo en un país en busca de desarrollo como Nicaragua es necesario una política fiscal que maximice el ingreso tributario, sin lesionar los incentivos empresariales y laborales. En teoría, esta tarea suena fácil. En la práctica ha resultado ser uno de los retos más difíciles de lograr en este país de eternas discrepancias políticas que repercuten en el mecanismo del engranaje de la economía nacional.
El presupuesto nacional ha sido objeto de constante abuso por parte del proceso político, precisamente porque no se ha generado un sistema de rendición de cuentas. El reclamo de reducir los impuestos y aumentar el gasto se ha convertido en falsa bandera de los partidos políticos que predominan en la Asamblea Nacional, quienes como respuesta contraria a la propuesta del Ejecutivo de llevar a cavo nuevas reformas fiscales, proponen reducciones de presupuestos a éste, sin incluirse ellos y el resto de los poderes donde se encuentran sus marionetas que responden a los intereses partidarios.
Actualmente, los ingresos públicos son obtenidos por el Estado de muy diversas maneras. En efecto: el Estado puede hoy lograr sus recursos explotando sus propios bienes patrimoniales, empleando su poder coercitivo en el caso de los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, haciendo uso de su crédito y contratando empréstitos, etc. Por su parte, esa gran variedad de maneras o procedimientos utilizada por el Estado le permite realizar destrezas para la obtención de los recursos sin maltratar los ingresos de los ciudadanos, por ende las reformas deben posponerse u orientarse a los sectores de mayor beneficio lucrativo.
Los impuestos, percibidos como tal, representan el precio que debe pagar el ciudadano para obtener los servicios básicos de un gobierno: paz, seguridad, protección de los derechos de propiedad. La política fiscal, por tanto, debe procurar eficiencia y equidad en el ejercicio cotidiano del gasto público.
Precisamente, el problema principal que enfrenta el Gobierno nicaragüense no es tanto el nivel de recaudación fiscal, sino la alta ineficiencia del gasto, tanto por el elevado costo de operación del aparato burocrático de cada uno de los poderes del Estado, como por la desigual distribución de los recursos financieros.
Es prioritario contar con un esquema fiscal estable, que permita el desarrollo de empresas y empresarios, que brinde incentivos para la inversión y que entorpezca lo menos posible el desarrollo de los negocios. Las decisiones empresariales no deben ser función de cambios repentinos en la miscelánea, como nuevas tasas especiales, sino el producto de argumentos comerciales. Por ello es necesario cambiar el esquema de recaudación por un esquema que utilice impuestos bajos como motores de inversión y a su vez una ampliación de la base de contribuyentes.
No hay recetas infalibles o que sean válidas para lograr la satisfacción de todos. Si la gente percibe que los impuestos se usan no para la protección cívica o construcción de obras, habrá una tendencia natural para reclamar un mejor manejo responsable y transparente de los mismos. Por ende, una forma de combatir la evasión es invitar a los que evaden a que sean parte del aparato aportador de ingresos, esto se lograría por medio de la transparencia fiscal.
El Gobierno no debe perder de vista que bajo sus hombros está la función de estabilización y crecimiento, que se debe interesar por mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir severos ataques de inflación, así como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico, conjugadas con la función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta y, la función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía. Cada una de estas funciones representa no solamente un objetivo legítimo de política gubernamental sino también un importante aspecto de desarrollo económico.
En resumen, lo que se puede concluir es que la mejor forma de que nuestro país aproveche las oportunidades que se presentan en un mundo de capitales dinámicos es establecer un ambiente de estabilidad macroeconómica, con objetivos claros y consistentes, que se busquen alcanzar con coherencia adecuada entre sus varias políticas.
El autor es Economista y Msc.en Mercadeo
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