El fantasma del Oterloo abrió las puertas a la Ley General de Armas, la cual ha enllavado la destrucción de los misiles Sam-7, un armamento que desvela al Departamento de Estado de Estados Unidos, por considerarlo una amenaza a la aviación civil y comercial, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001
Un soldado muestra el misil Sam-7 a un estudiante, durante una demostración militar.

Eduardo Marenco Tercero

¿Se acuerdan del Oterloo? Hoy no es más que un barco fantasma en la memoria de todos. Sin embargo, fue la campanada de alerta que puso en agenda la necesidad de una legislación nacional para controlar de modo oficial, el uso, la compra-venta y destrucción de armamento.

Todo se remite al 2 de noviembre del 2001, la víspera de las elecciones presidenciales ganadas por el ingeniero Enrique Bolaños. El Ejército Nacional asistía la logística electoral y el propio día de los comicios, domingo cuatro de noviembre, hizo inusuales demostraciones de destrezas en las calles de Managua, donde se vio a miembros de los Comandos de Operaciones Especiales, vestidos con camuflaje para selva.

Cuarenta y ocho horas antes, en el puerto El Rama, al sureste del país, el barco Oterloo fue cargado con catorce contenedores con tres mil fusiles AK y dos millones y medio de municiones, que supuestamente permutaba la Policía Nacional con la Policía de Panamá, pero que en realidad fueron a dar al puerto de Turbo, caribe colombiano. Las armas pasaron a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de ese país. Se suponía que a cambio de los tres mil fusiles AK y las municiones, la Policía Nacional recibiría pistolas y municiones, las que efectivamente se recibieron de parte de una agencia intermediaria israelí, a cambio de los fusiles que salieron de las bodegas del Ejército Nacional y no de la Policía Nacional.

La transacción, complicada en extremo, originó un escándalo internacional dos años después. La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una investigación que encontró graves anomalías y develó los pocos controles en la Policía y el Ejército Nacional. Las autoridades policiales justificaron la transacción afirmando que los fusiles AK eran armas de guerra, por lo que se requería de armas cortas para garantizar el orden público. Pero la Policía de Panamá no había solicitado tales armas.

Pese a ello, las armas salieron de Nicaragua pero no de las bodegas policiales sino de las militares, quienes a su vez recibieron un lote de AK “en mal estado” de la Policía, en compensación. Todo se complicó, sin embargo, cuando las armas salidas de las bodegas militares fueron a dar Colombia a través del Oterloo, y no a Panamá, como se justificaba.

VACÍO LEGAL

A la luz de las investigaciones, una de las recomendaciones de la OEA fue revisar el régimen legal para tener un estricto control sobre estas transacciones. De esta manera comenzó a gestarse la polémica Ley General de Armas, que ahora es un candado para los misiles Sam-7, considerados una amenaza por el Gobierno de Estados Unidos.

“Se hacía la sugerencia de que no teníamos como país, un instrumento de control alrededor del armamento; un instrumento que regulara la tenencia, posesión, importaciones, exportaciones y la intermediación en el comercio de armamentos”, explica el diputado sandinista José Figueroa, uno de los mejores conocedores del proceso de gestación de esta ley.

Anteriormente, añade, había un alto nivel de discrecionalidad. A inicios de enero del 2004, el Presidente de la República, Enrique Bolaños, envió el anteproyecto de Ley General de Armas a la Asamblea Nacional, Poder del Estado que consultó a la OEA, centros de pensamiento internacional, a la Policía, el Ejército y al Poder Ejecutivo.

¿BALANCE RAZONABLE O PRESIÓN DE EE.UU.?

Simultáneo al proceso de gestión de la Ley General de Armas, el presidente Bolaños estableció como una de sus prioridades en política exterior, el impulso de un “Balance Razonable de Fuerzas”, para lo cual se propuso dar el ejemplo en Nicaragua, con la destrucción unilateral de misiles Sam-7, considerados una amenaza por el Gobierno de Estados Unidos, luego de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York en el que murieron miles de personas el 11 de septiembre del 2001, cuando dos aeronaves se estrellaron contra los emblemáticos edificios.

También se han producido atentados contra la aviación comercial mediante el uso de misiles Sam-7 en otras partes del mundo, lo cual despertó la alarma estadounidense. Eso lo recordó ayer mismo el presidente Bolaños en Miami.

Figueroa recuerda que el “Balance Razonable de Fuerzas” tiene como origen los Acuerdos de Esquipulas de fines de los ochenta, cuando los presidentes de la región dieron los primeros pasos para obtener la paz en Centroamérica, afectada por conflictos bélicos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Sin embargo, Figueroa muestra reservas respecto a la voluntad de los demás países de la región para encontrar un “Balance Razonable de Fuerzas”.

“Debe haber un equilibrio de las potencialidades de cada una de las Fuerzas Armadas en cuanto a las armas ofensivas y defensivas. Por ejemplo: si Honduras tiene aviación supersónica, nosotros tenemos un sistema de defensa antiaéreo fuerte, porque no tenemos aviación”, explica el legislador sandinista.

Por tanto, reitera, hay un principio clave para entender el “Balance Razonable de Fuerzas”: la reciprocidad. Bajo esta lógica el desarme o rearme no puede ser unilateral sino recíproco. Y en este caso, señala, el desarme está siendo unilateral.

En el último año se redobló la presión estadounidense sobre el inventario oficial de misiles antiaéreos del Ejército Nacional. Se realizaron inspecciones por parte de miembros del Comando Sur del Ejército estadounidense. El presidente Bolaños ordenó la destrucción de mil misiles. Se produjeron visitas de Colin Powell, entonces secretario de Estado de Estados Unidos; Dan Fisk, subsecretario de Estado; y de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa. El mensaje era el mismo, plantea Figueroa: debe darse la destrucción total de los misiles Sam-7.

Quedan en existencia más de mil doscientos misiles. La Asamblea Nacional, controlada por liberales y sandinistas, reaccionó aprobando la Ley General de Armas, que impuso un candado a la destrucción de armamento por parte del Presidente, pues debe hacerlo con autorización de una mayoría calificada de 56 legisladores.

Figueroa se pregunta: “¿En este momento, qué Ejército se ha deshecho de armamento orgánico, para ser recíproco con Nicaragua que ha destruido mil misiles?”

EL CANDADO LEGISLATIVO

El jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, niega que la Asamblea Nacional haya impuesto un candado al Poder Ejecutivo para que no continuara con la destrucción de los Sam-7 y piensa que le dieron la oportunidad de destruir una buena cantidad.

“Cuando autorizamos la destrucción de los misiles no le pusimos cantidades (al Presidente), él lo quiso hacer a cuentagotas, pero él debió definir la cantidad, y si no lo hizo fue por la propia incapacidad y falta de liderazgo del Ejecutivo”, señala Quiñónez.

Figueroa niega que se hubiese dado un cabildeo del Ejército para evitar la destrucción de misiles. Sin embargo, al igual que Quiñónez, dice que se ha consultado tanto a la Policía como al Ejército, en los aspectos técnicos de la ley.

También niegan que la ley sea parte de un proceso mayor para recortar atribuciones al Presidente de la Répública, pues la misma Ley de Contrataciones del Estado establece que la enajenación de cualquier bien de una cuantía mayor a los doscientos mil córdobas, debe ser aprobada por el Poder Legislativo.

El presidente Bolaños ha vetado la ley, y los legisladores prevén que será rechazado dicho veto.

¿TRAICIÓN?

El tema de los misiles ha surgido de nuevo en la agenda nacional, con mucha fuerza, a raíz de que se localizara un viejo misil en manos de civiles en un taller mecánico de Managua.

Un periódico norteamericano, el Washington Times, publicó una versión según la cual Estados Unidos estaba preocupadísimo por este tipo de hechos y sugería, sin mencionar fuentes oficiales, que en Washington se pensaba que algunos militares nicaragüenses traicionaban al presidente Bolaños.

La especie fue negada de forma vehemente por el jefe del Ejército, Javier Carrión, quien citó la ardua cooperación en materia de inteligencia con el Ejército de Estados Unidos y con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), como la evidencia de la confianza en esos niveles.

El general Carrión también recordó que el Ejército Nacional hizo parte de las Tropas Aliadas que hicieron labores humanitarias en Irak.

Sin embargo, Figueroa piensa que la desconfianza se produce en los niveles del Departamento de Estado, debido al origen sandinista del Ejército y a la presencia de antiguos halcones de la Guerra Fría en esa entidad.

Esta semana se conoció el nombramiento como asistente especial del Presidente, de Elliot Abrams, vinculado al escándalo Irán-Contras (de financiamiento ilegal a los insurgentes nicaragüenses).

¿MISILES A CAMBIO DE ALEMÁN?

Por otra parte, hay quienes creen que la bancada liberal podría cambiar su postura sobre la Ley General de Armas a cambio de obtener un cambio de posición del Gobierno estadounidense sobre la situación del ex presidente Arnoldo Alemán, reo por cargos de corrupción pública.

Quiñónez negó semejante posibilidad. “Nada tenemos que negociar nosotros con Estados Unidos sobre la situación del doctor Alemán; vamos a esperar que se haga justicia”, sostuvo.

En tanto, esta semana se conoció de un trasiego de 50,000 municiones de fusiles AK, ametralladoras y Fal, ligado a un ex capitán de Policía, Pablo Loáisiga, según la versión dada a conocer. El hecho pone en evidencia, una vez más, que el territorio nacional es puente del tráfico ilícito de armamento.

Al mismo tiempo, el presidente Bolaños, en una rápida visita a Miami, dijo a El Nuevo Herald, que la Ley General de Armas es “un peligro” pues deja en manos de la Asamblea Nacional, la destrucción de los misiles Sam-7.

“Si yo tengo el control y la tentación y me ofrecen muchos dólares, pueden caer en la tentación de venderlo o regalarlo en gestos de compañerismo”, dijo el mandatario.

La ley, agregó, es una de varias expresiones de “la dictadura parlamentaria bicéfala” que existe en el país, según indicó el Informe Pastrán.

¿Cuál será el destino final de los Sam-7?

Por ahora, están bajo siete llaves, y la polémica se aviva.

EL AFFAIRE

Hace 16 años, la “ofensiva final” que el Frente Farabundo Martí (FMLN) realizó en San Salvador, intentando tomar el poder en el cenit de la Guerra Fría, develó el affaire de los misiles Sam-7 y Sam-14, que aparecieron en sus manos y que tenían como origen el inventario del entonces Ejército Popular Sandinista (EPS).

Fue un grave escándalo que exigió una respuesta pública del entonces Jefe del EPS, general Humberto Ortega, quien mandó procesar a varios oficiales.

Una carta del secretario de Estado de Estados Unidos, James A. Baker III, a su homólogo de la entonces Unión Soviética, Edward Shevernadze, dejó constancia de cómo las superpotencias negociaron el desarme del Frente Farabundo Martí (FMLN) a inicios de los años noventa, obligando al Ejército Popular Sandinista (EPS) a admitir públicamente que de sus inventarios —suministrados por los soviéticos— se habían "fugado" para la guerrilla salvadoreña: 6 Sam-14 con 16 cohetes y 2 Sam-7 con 12 cohetes.

Varios de los misiles, conocidos como "red eye" (Sam-14), fueron usados en la ofensiva final del FMLN en noviembre de 1989, la cual fracasó, aunque todavía en enero de 1991 les permitió derribar un helicóptero con varios militares norteamericanos en su interior.

En la carta desclasificada y hecha pública en Nicaragua por LA PRENSA, fechada el primero de marzo de 1991, Baker señala a Shevernadze en uno de sus últimos párrafos que "la información que usted suministró acerca de los Sam-14 disparados durante la reciente ofensiva del FMLN, nos ha ayudado a inducir a las Fuerzas Armadas sandinistas a reconocer públicamente el reciente desvío de armas".

"Esta es una admisión importante. Ahora, le pido urgentemente hacer algo para tener la seguridad de que no más Sam-14 u otro armamento soviético es transferido por las Fuerzas Armadas sandinistas o el Gobierno cubano al FMLN. De esta manera, usted incrementará enormemente los avances para un acuerdo negociado en El Salvador. Nos urge que el Gobierno de Nicaragua coopere de lleno en este esfuerzo", agregó Baker.

CONTROL LEGISLATIVO

La Ley General de Armas regula el otorgamiento de licencias para tenencia, intermediación, importación y exportación de armas, explica el legislador sandinista José Figueroa.

¿RECIPROCIDAD?

Los legisladores sandinistas y liberales coinciden en señalar que no ha habido reciprocidad de parte de los ejércitos de la región, en cuanto a la eliminación de armamento, tomando como ejemplo la decisión del presidente Enrique Bolaños de destruir mil misiles Sam-7. Ambas fuerzas sostienen que rechazarán el veto del Presidente a la Ley General de Armas.

La ley de la discordia