Alertan por concesión minera
Redacción/ Departamentos
La Alcaldía de Rancho Grande y la Iglesia Católica de esa localidad matagalpina expresaron su preocupación y alertaron a las autoridades ambientales del país porque consideran que la concesión de exploración minera a una empresa canadiense “afectará enormemente” su ecosistema en perjuicio de los 26 mil habitantes de esta comunidad.
“Los pobladores de Rancho Grande estamos siendo afectados por la concesión a una empresa minera de origen canadiense (Minesa) que ahora está en proceso de exploración y que abarca más de diez mil hectáreas al noreste de este municipio. La empresa está solicitando al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) permiso para realizar un estudio de impacto ambiental sobre esa concesión”, expresó Felipe Zamora Pineda, alcalde de Rancho Grande.
Lo anterior fue denunciado por Zamora durante la firma de un acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Procuraduría Ambiental, a través del cual se pretende promover la protección del medio ambiente mediante la capacitación de más de cien promotores ambientales.
La empresa Minesa pretende explorar y luego explotar oro, zinc y cobre en esta zona que colinda con varias reservas naturales, entre ellas la del cerro Musún.
PROCURADURÍA SUPERVISARÁ
Sobre esto el Procurador Ambiental, Lizandro de León, dijo que esa institución estará atenta para que esta empresa no destruya el ecosistema de la zona. “No permitiremos que dañen el medio ambiente”, advirtió.
El párroco de Rancho Grande, el norteamericano Teodoro Custer, también alertó a las autoridades ambientales del país por la inminente contaminación ambiental que podría provocar la exploración de la compañía canadiense Minesa, en la zona oriental de la comunidad.
“Estamos en un gran apuro porque hay una compañía minera que está explorando la zona oriental del municipio”, dijo Custer, también fiscal de la Comisión Ambiental Municipal de Rancho Grande. Según sus valoraciones, la exploración minera podría terminar con los bosques y ríos de la zona. “Todas las áreas protegidas están en peligro por esa exploración, incluso la zona protegida de Cerro Grande”, enfatizó el párroco.
Custer no se explica cómo las instancias ambientales permiten concesiones para que se hagan exploraciones en sitios donde hay áreas protegidas.
Según dijo Custer, los efectos de la exploración serían colaterales a otras comunidades, por lo que hizo un llamado a las autoridades del Gobierno a buscar mecanismos para evitar daños ambientales y humanos.
ALCALDE AGRADECE
Sobre la capacitación a los cien promotores ambientales, el edil de Rancho Grande agradeció a la OEA la formación de la Red de Promotores Voluntarios y dijo que la Alcaldía trabajará junto a ellos para proteger el medio ambiente de las zonas montañosas y de las comunidades.
Santos Lorenzo Galeano, promotor ambiental voluntario, presentó un informe del trabajo que han realizado y destaca la capacitación en 222 localidades, la formación de 63 brigadas contra incendios y elaboración de 96 mapas comunitarios, entre otras actividades.
El también promotor ambiental, Gertrudis Raiter, de la comunidad de El Caracol, señaló que su trabajo está orientado a brindar consejos a adultos y niños para que no contaminen el agua, que no despalen, que no maten animales, sino que hay que dejarlos que se multipliquen.
Raiter también es productor de café orgánico, el que abona con tallos de guineos.
Dora María Blandón, de la comunidad de Puerto Viejo, dijo que se sintió motivada a prepararse como promotora ambiental, debido a que no quiere que en su zona se destruyan los recursos, como ha sucedido en otros sitios en donde eso ha provocado la desaparición de ríos.
“En mi comunidad las quemas eran a cada rato y eso no se hace hoy, porque cavamos un hoyo donde se deposita la basura y así no contaminan el río”, señaló Blandón.
DESPROTEGIDAS
Ennio Argüello, funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que en el país hay más de 60 reservas naturales, de las cuales sólo siete tienen plan de manejo, el resto se encuentra sin protección porque ninguna institución del Estado tiene capacidad económica para darles atención.
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