Persiste diferendo por misiles Sam-7
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Ministro de Gobernación dice que cohete decomisado a civiles no es un Sam-7, pero evita decir qué es |
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Cohetes antiaéreos fuera del control del Ejército de Nicaragua, han provocado tensión.
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Luis Felipe Palacios y María José Uriarte
Las bancadas mayoritarias de la Asamblea Nacional, representadas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista (FSLN), anunciaron ayer que rechazarán un eventual veto del Ejecutivo a la Ley General de Armas.
En tanto, el Presidente de la República, Enrique Bolaños, insistió en la necesidad de contribuir a un balance razonable de fuerzas en la región centroamericana, para lo que él mismo se ha propuesto dar el ejemplo con la eliminación de los misiles Sam-7.
“Yo he visto que cuando un país de Centroamérica compra un arma, el vecino compra dos, yo he ansiado decir que en vez de escalar (militarmente) para arriba; escalemos para abajo”, dijo Bolaños.
De este modo, se mantiene el diferendo entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo sobre la eliminación de los Sam-7, en medio de una creciente presión de Estados Unidos para que los destruyan.
El liberal Wilfredo Navarro y el sandinista José Figueroa coincidieron en que ambas bancadas apoyarán la Ley General de Armas, que aprobaron en consenso a fines del año pasado, la cual en uno de sus artículos resta facultades al Ejecutivo en la eliminación de los polémicos misiles Sam-7.
NO A EE.UU.
A juicio de Navarro, la Ley de Armas no evitará que el país continúe con su programa de destrucción gradual de los cohetes portátiles Sam-7, aún cuando se requiere del voto de 56 diputados para su eliminación, porque también se necesitará del voto favorable de diputados sandinistas.
Navarro se preguntó: “¿Qué actos de buena voluntad para la reducción de las armas en Centroamérica ha hecho Honduras, que nos amenaza con sus aviones, o El Salvador o Guatemala?”
Dijo, por tanto, que apoyarán junto al Frente Sandinista la destrucción de los misiles dentro del balance razonable de fuerzas a nivel regional, y no unilateralmente como demanda el Gobierno de Estados Unidos.
En ese mismo sentido se pronunció la bancada sandinista, que acusó a EE.UU. de estar chantajeando al Gobierno de Bolaños tras el decomiso de un misil Sam-7 en manos de particulares. El misil no hacía parte del inventario oficial del Ejército y era más bien un remanente de guerra.
Mientras, el jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, sugirió que sea el mismo Ejército de Nicaragua el encargado de decidir cuántos misiles Sam-7 necesita dejarse para garantizar la defensa antiaérea del país.
“Si nos dice el Ejército que con 200 misiles; OK, destruyamos el resto”, dijo el legislador liberal.
El ministro de Gobernación, Julio Vega, minimizó el decomiso de un misil en días pasados, al señalar que se trataba de un hecho aislado.
Añadió que el cohete no era propiamente un Sam-7, pero no dio mayores detalles.
El presidente Bolaños reiteró su confianza en el Ejército, del cual es el Jefe Supremo, y dijo que la única presión para destruir los misiles proviene de él mismo, dentro del balance razonable de fuerzas que impulsa desde que asumió su mandato.
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