Según funcionarios del Gobierno, diputados y dirigentes de los empleados públicos que reclaman aumentos de sueldo y otras mejorías a cuenta de los recursos del Estado, esas justas demandas de los trabajadores no pueden ser satisfechas debido a la oposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) .

Realmente, el problema radica en que los diputados aprobaron en el Presupuesto General de la República aumentos salariales en una magnitud superior a la que había previsto el Gobierno. De manera que ahora éste alega que no puede cumplir tales aumentos, pues si los cumpliera se rompería el límite del déficit presupuestario acordado con el FMI, lo cual tendría funestas consecuencias económicas y sociales porque el país dejaría de percibir cuantiosos recursos externos y la economía nacional quedaría como nave a la deriva, condenada a zozobrar.

Al respecto dicen los diputados que los aumentos aprobados se podrían ejecutar sin causar un mayor desequilibrio fiscal, si el Gobierno creara más impuestos y aumentara los existentes. Al parecer, los diputados desconocen o no les importa el hecho de que sería peor aumentar la carga impositiva, pues se deprimiría la precaria economía nacional y los ingresos del Estado mermarían en vez de aumentar.

El FMI fue creado para ayudar a los países a mantener o recuperar su sanidad financiera y fiscal, mediante la aplicación de programas de riguroso control del gasto público a cambio de apoyo económico exterior. Pero el FMI no obliga a nadie. Hace acuerdos con los países que quieran acogerse a las condiciones establecidas de común acuerdo, las cuales, eso sí, deben ser cumplidas de manera escrupulosa so pena de salirse del programa y perder los beneficios, que por lo general son créditos con condiciones de pago muy favorables.

Podría decirse que el FMI es una especie de auditor externo cuya misión consiste en vigilar que los países con los cuales hace acuerdos, mantengan una apropiada sanidad monetaria y fiscal y que el dinero de los préstamos que reciban sea usado correctamente. Además, el FMI se asoció con el Banco Mundial para crear la Iniciativa para Países Pobres Fuertemente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), con el propósito de ayudar de manera muy especial a los países más desgraciados, mediante un programa especial para la condonación de la deuda pública externa y el acceso a préstamos en condiciones extra bondadosas.

Por cierto que Nicaragua es uno de los pocos países del mundo que han sido favorecidos con la HIPC, pero no a cambio de nada sino con la condición de ajustarse a una severa disciplina fiscal y financiera y con el compromiso de gastar poco y trabajar mucho y duro por dinamizar y desarrollar la economía nacional. Todo esto en base del principio de que la sanidad financiera es indispensable para impulsar el desarrollo económico y, por lo consiguiente, para fomentar el crecimiento del bienestar material y la dignidad humana.

Lo malo, a nuestro juicio, es que el Fondo Monetario Internacional no negocia los acuerdos con todos los actores que son decisivos en la elaboración y la ejecución de las políticas públicas. En Nicaragua, específicamente, el FMI ha negociado y establecido los acuerdos con un Gobierno que elabora el proyecto de presupuesto y está obligado a ejecutarlo correctamente, pero no tiene la potestad de aprobarlo ni puede hacer que se lo aprueben tal como lo presentó a la Asamblea Nacional. El Presupuesto lo aprueban los diputados, que en su mayoría son sandinistas y liberales enemigos del Gobierno y hacen cambios sustantivos al proyecto que les manda el Ejecutivo.

De manera que la lógica indica que el FMI debería negociar los programas no sólo con el Gobierno, sino también con la Asamblea Nacional, que en fin de cuentas es la que manda realmente en lo que se refiere a la aprobación del Presupuesto y el control posterior de la ejecución presupuestaria.

El acuerdo del FMI con la Asamblea aseguraría su cumplimiento, ya que los sandinistas que la controlan han demostrado que en despedir empleados públicos, mantener sueldos de hambre y reprimir protestas por aumentos salariales, ellos, cuando mandan son más feroces que nadie. Hasta amenazan con cortar las manos a quienes se atrevan a hacer huelgas.

La omisión del FMI