¿Un diálogo desmovilizador?
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¿Diálogo político o Constituyente? Las negociaciones tripartitas entre el Gobierno, el FSLN y el PLC están navegando en un mar de incertidumbres. Ya hay quienes hablan de naufragio. ¿Se está legitimando la capitulación del Poder Ejecutivo frente a dos caudillos? , ¿ o hay una oportunidad ahí para que la ciudadanía abra una grieta? El temor es que este diálogo sólo sirva para desmovilizar a la ciudadanía contra el pacto |
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Una multitud se pronunció contra el pacto el pasado 10 de enero, reclamando participación ciudadana en las reformas constitucionales que impulsan liberales y sandinistas.
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Eduardo Marenco Tercero
¿Qué riesgos y oportunidades tiene este diálogo tripartito?, ¿hacia dónde van estas negociaciones?, ¿es una capitulación simulada del Poder Ejecutivo frente a dos caudillos a los que no pudo derrotar? , ¿o es un “paso realista” —como le llamó el Nuncio Apostólico—, que podría significar una oportunidad para reformar las instituciones políticas controladas por el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán?
Hay más incertidumbres que certezas alrededor de estas negociaciones tripartitas. Hay quien piensa que son una farsa desde el principio y que esta “pata de gallina” sólo servirá como plataforma de oro para la excarcelación de Alemán, quien de símbolo de la corrupción se ha convertido —en los hechos— en un interlocutor político.
Sin embargo, otros razonan que este encuentro a tres bandas —facilitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde fines de noviembre—, es una buena oportunidad para abrir grietas al pacto de los caudillos y “profesionalizar las instituciones políticas” que hasta ahora permanecen en manos de liberales y sandinistas.
¿DIÁLOGO O “PATA DE GALLINA”?
Sin embargo, independiente del interés institucional de la ONU, cada actor tenía agendas distintas con sutiles coincidencias. Liberales y sandinistas coinciden en un objetivo común: copar las principales instituciones del Estado, para mantenerlas bajo su control. A lo largo del primer semestre de este año, se prevé que se elijan varias magistraturas en los poderes Electoral y Judicial, así como asientos de contralores; y los nuevos cargos derivados de la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Intendencia de la Propiedad. Al mismo tiempo, liberales y sandinistas “consensuaron” una reforma a la Constitución que prácticamente dejaba al Presidente como una figura decorativa y —para muchos— implicaba una virtual Constituyente, al transformar el sistema de gobierno, de presidencialista a parlamentario. En esta reforma constitucional, el Presidente requería que la Asamblea Nacional ratificara a sus ministros, los mismos que podían ser destituidos por el parlamento.
AGENDAS DISÍMILES
Paralelo a esta agenda, los liberales no descansan en su empeño: excarcelar a Arnoldo Alemán. En cambio, la agenda del Ejecutivo es, según sus palabras, “profesionalizar” el Poder Electoral, el Poder Judicial y la Contraloría. Hacer una reforma electoral para acercar al “elector al elegido”.
Procurar un sistema de gobierno que se base en el equilibrio de poderes. Asimismo, institucionalizar la “democracia interna” en los partidos políticos. Igualmente, al Ejecutivo le urgía entrar a la negociación de la reforma al Seguro Social y de la creación de la Intendencia de la Propiedad y la Superintendencia de Servicios Públicos, que, en los hechos, le arrebataba la regulación de los servicios de agua potable, energía y teléfonos; al mismo tiempo que la resolución administrativa de los diferendos por propiedad, un lastre de la transición política nicaragüense.
Como se ve, las agendas son disímiles sino encontradas. Las negociaciones, a lo largo de los últimos dos meses, se han dado en medio de un juego de engaños y entre amagos de uso de la fuerza por las tres partes, hasta que la semana que termina, al fin se produjo un pre-acuerdo sobre la agenda mínima del diálogo político, que introdujo al Ejecutivo en la negociación de los temas de la propiedad, el Presupuesto del 2005, el Seguro Social y los servicios públicos, acordándose además, que las reformas constitucionales referidas a las atribuciones del Presidente, tendrán vigencia hasta el próximo período presidencial.
Pero, ¿cómo encaja en todo esto el ciudadano común? Dos analistas, Alejandro Serrano y Andrés Pérez Baltodano comentan los riesgos y posibilidades de este diálogo, y la conclusión no es alentadora.
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