Desde Washington
Cooperación internacional vs. soluciones no convencionales
Marcela Sánchez
washingtonpost.com
El Presidente colombiano Álvaro Uribe es un hombre que actúa con firme determinación. Obsesionado con negarle a los insurgentes colombianos cualquier refugio mientras no muestren serios propósitos de paz, ordenó la captura de Rodrigo Granda, un vocero internacional del mayor grupo insurgente de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien había estado viviendo cómodamente en Venezuela.
Granda fue arrestado por la Policía colombiana en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, después de haber sido entregado por autoridades venezolanas que lo detuvieron en Caracas. Lo que pudo haber sido celebrado entonces como una victoria de cooperación policial internacional, dio un giro lamentable cuando el Presidente venezolano Hugo Chávez inculpó al gobierno colombiano de haber “sobornado” a oficiales venezolanos para secuestrar a Granda. Como rechazo a esta violación de la soberanía venezolana, Chávez retiró su embajador en Bogotá, ordenó la suspensión de acuerdos comerciales con Colombia y demandó una disculpa de Uribe.
Aunque funcionarios venezolanos intentaron luego suavizar un poco la reacción de Chávez, los comentarios del mandatario marcaron el comienzo de una de las mayores crisis entre ambos países en años. Por su parte, funcionarios colombianos aseguraron que no hicieron más que pagar una “recompensa” por información y sugirieron tener evidencia de que su gobierno ya había intentado usar canales oficiales y diplomáticos para lograr su arresto y el de otros líderes de las FARC en Venezuela.
Probablemente nunca se conozcan todos los detalles de una crisis sustentada en gran parte en versiones encontradas. Sin duda, la acción de Uribe confirma la creencia de muchos de sus defensores de que hará lo que sea necesario para lograr una paz duradera en Colombia. Sin embargo, mientras exista la apariencia de que el aliado más incondicional de Washington en Sudamérica prefirió un atajo en vez del debido proceso, sus críticos se sentirán más fortalecidos para asegurar que Uribe tiene poco respeto por la ley. Asegurarán también que Uribe es tan fanático con su agenda que demuestra escasas diferencias con el mayor enemigo de Washington en esa región —el propio Hugo Chávez.
En Colombia, en particular, Uribe y Chávez son pintados por algunos generadores de opinión como dos caudillos del pasado —líderes miopes que comparten el mismo sentido nacionalista, la misma inclinación autoritaria y el mismo irrespeto por los canales institucionales que ponen en riesgo a sus naciones.
Aquí en Washington, organizaciones no gubernamentales creen que Uribe simplemente ha dejado ver su talante. Afirman que su último proceder les recuerda las críticas persistentes y apasionadas de Uribe a grupos de derechos humanos y otros que se atreven a cuestionarlo en sus esfuerzos por negociar la paz con los grupos paramilitares de derecha. Agregan que el incondicional apoyo de Washington ha hecho creer a Uribe que puede estar por encima de la ley o adoptar en el exterior tácticas que en poco difieren de la política de ataque preventivo de Washington.
Hay pocas dudas de que Uribe cometió algún tipo de afrenta a la soberanía venezolana. Uribe no confiaba en que las autoridades más altas en Venezuela lo ayudarían a detener a Granda y actuó sin su consentimiento, un hecho sugerido por la afirmación del gobierno colombiano de que tienen evidencia concreta de que miembros de las FARC a menudo se esconden en Venezuela con la anuencia de las altas esferas.
Pero fue Chávez quien elevó la situación a un estado de crisis —un mes después. Tal vez fue un intento por complacer a sus fanáticos seguidores y atraer cierta solidaridad de una comunidad internacional cada vez más sensible a temas de soberanía. Su reacción retrasada sirvió más para subrayar lo imprevisible de su conducta, sin embargo, que para convencer a alguien que de la noche a la mañana se había convertido en un defensor del derecho internacional.
De hecho, Chávez ha rechazado cualquier asistencia de la comunidad internacional para resolver la crisis, incluidas las ofertas de mediación de Perú, Brasil y México. En cambio, preferiría una sesión de mano cogida con Uribe una vez éste le haya pedido disculpas.
En su defensa, Uribe ha ofrecido resolver la crisis mediante la creación de una comisión binacional que investigue lo que sucedió y llegue a una resolución apropiada. También ha extendido la mano a otros vecinos, en actitud de líder que no pretende actuar por su cuenta. De hecho le corresponde a Uribe convencer a sus vecinos, así sea que no pueda hacerlo con sus críticos, de que el caso Granda fue la excepción que prueba la regla que la cooperación internacional es la mejor manera para derrotar la amenaza terrorista interna en Colombia.
Durante los primeros días en su cargo, Uribe habló con elocuencia acerca de que el conflicto en Colombia requiere de “soluciones no convencionales, transparentes (e) imaginativas”.
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