A 73 días exigimos justicia
Aplíquese el derecho, no el “pacto”
Mercedes Peralta
En los actuales momentos de crisis política por la que atraviesa nuestro país, es necesario reflexionar sobre el importante papel que juega la correcta administración de justicia.
El Código de Procedimiento Penal (CPP) establece el procedimiento a seguir, y el Código Penal establece las sanciones a los delitos.
Las instituciones que coadyuvan a la administración de justicia, deben hacer todo lo posible por cumplir su cometido: la Policía con una investigación con rigor técnico científico que permita al Ministerio Público, representante de la sociedad ofendida, realizar su función de manera responsable y eficiente; al judicial actuar conforme a Derecho y, al jurado de conciencia, juzgar con íntima convicción.
Cuando se logra perseguir y sancionar el crimen, el ciudadano se siente seguro, pues el Estado, representado en el Poder Judicial, con jueces independientes, actúan sin obedecer líneas partidarias o presiones de poder.
Pero, cuando ocurren fenómenos raros en un proceso como en el caso del asesinato de la joven periodista María José Bravo Sánchez, donde aparece un doble dictamen policial con la tesis de una “bala saltarina”; un papel deficiente de la Fiscalía, que no asume con beligerancia su rol y limitaciones al trabajo del abogado acusador, el crimen podría quedar en la impunidad.
El titular del Juzgado de Distrito de Chontales, que conoce la causa de Asesinato, delito cometido en Juigalpa el 9 de noviembre del 2004, por Eugenio Hernández, ex alcalde del municipio El Ayote, debe actuar con independencia y apego a la ley.
El Estado tiene una gran responsabilidad en la actuación de las instituciones involucradas en la administración de justicia, para evitar que el crimen quede impune, y se violenten los Derechos Humanos y los Principios de Igualdad ante la Ley.
La correcta administración de justicia asegura la estabilidad social.
La justicia es una aspiración democrática y una necesidad estructural del Estado.
El titular del Juzgado de Distrito de Chontales, que conoce la causa de asesinato contra María José Bravo Sánchez, debe actuar con independencia y apego a la ley
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