Medios retan a diputados
Ludwin Loáisiga López
Estaciones de radio y siete canales de televisión unieron ayer sus transmisiones entre las 7 y 8:30 de la mañana, para que representantes de medios de comunicación expusieran a la población la importancia que tiene el Artículo 68 de la Constitución nicaragüense, para conservar la libertad de expresión y el derecho a la información.
El experto fiscal Julio Francisco Báez señaló que las exoneraciones de impuestos a los medios de comunicación, para la importación de equipos y materia prima, son poco significativas.
Las bancadas del Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pretenden suprimir esas exoneraciones de la Constitución que, según Báez, son menores que las exoneraciones totales, por lo que se pone en evidencia el interés político que se oculta detrás de la medida.
Según los parlamentarios, algunos medios informativos abusan de las exenciones, pero Báez aseguró que hasta hoy nadie, ni ninguna entidad estatal, ha puesto una denuncia en contra de un periódico, radio o canal de televisión.
Agregó que en Nicaragua el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto, tres mil millones de córdobas, se usa para aprobar exoneraciones, y de eso tan sólo el 0.8 por ciento es destinado a los medios informativos.
De existir abusos, dijo, lo ideal sería que se castigara mediante leyes ordinarias a aquellos que violaron las normas jurídicas, pero no cambiar el Artículo 68 de la Constitución.
“Un artículo constitucional no se elimina, no se reforma porque fue violado el derecho, por una transgresión del derecho... Si comenzamos nosotros a eliminar los principios constitucionales que son transgredidos, no habrá Constitución, señores, en las próximas horas”, sentenció Báez. Aseguró que el interés de los diputados debería ser que se cumplan las leyes.
Báez indicó que en este quinquenio es cuando más exoneraciones han sido otorgadas en los últimos quince años. “En esta jungla de exoneraciones, qué nos pasa con menos del uno por ciento contra los medios”, cuestionó.
Luis Sánchez Sancho, miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA, exigió a los parlamentarios “que se demuestre cuáles son los abusos que se han cometido”, a la vez que recordó a los diputados el cierre de los diarios Barricada y La Noticia, de tendencia sandinista y liberal, respectivamente. Pidió explicaciones de qué sucedió con esos medios que también se vieron beneficiados con las exoneraciones fiscales.
Francisco Chamorro, de El Nuevo Diario, opinó que la excusa más creíble que la población le puede aceptar a los diputados con sus intenciones de reformar el Artículo 68 de la Carta Magna, es que “se sienten incómodos con las denuncias” que los medios de información publican en contra de políticos y gobernantes.
Para Jesús Miguel Blandón, empresario radial, de abolirse las exoneraciones a los medios informativos, la democracia desaparecería, porque “libertad de expresión y democracia son hermanas, nacen y mueren juntas. Cuando una muere, inicia la dictadura”.
El Movimiento por Nicaragua emitió un comunicado mediante el cual repudia las “pretendidas reformas a la Constitución, concebidas a espaldas del pueblo mismo”. De acuerdo a Carlos Tünnermann, al no ser consultada la ciudadanía y representantes de los medios de comunicación, las reformas pierden legitimidad.
Los analistas lamentaron que el partido sandinista sea parte protagonista en la iniciativa de reforma, ya que en 1995 el Artículo 68 de la Constitución contó con la aprobación de todos los diputados, entre ellos los del Frente Sandinista.
DIPUTADOS NO MUESTRAN PRUEBAS
Los diputados mantuvieron su posición de reformar el Artículo 68 de la Constitución, porque, según ellos, los abusos que los medios realizan con las exoneraciones así lo ameritan.
"Cada medio sabe que ha abusado cuando ha abusado", dijo el sandinista Edwin Castro, aunque declinó mencionar cuáles medios atropellan las exenciones, o presentar pruebas.
Mientras, el liberal Enrique Quiñónez sostuvo que representantes de canales televisivos han llegado a denunciar a medios escritos de violentar las exoneraciones, pero tampoco aceptó mencionar casos específicos.
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