Castigo para el asesino
Luis Eduardo Martínez M.
¡Qué cáscara la del ex alcalde de El Ayote, Eugenio Hernández!, quien sigue sosteniendo su inocencia a pesar de que todo indica que él mató a quemarropa a la joven periodista María José Bravo Sánchez, corresponsal de LA PRENSA y el Diario HOY en Santo Tomás, Chontales.
El colmo es que Hernández dice que estaba “en otro lugar”, cuando varios testigos lo vieron manipular el arma con que segó la vida y la prometedora carrera periodística de María José, pero sobre todo su tarea de madre.
Por supuesto que Hernández tiene derecho a alegar su inocencia. Aún con las locas reformas aprobadas por los dizque “padres de la patria”, nuestra Constitución Política y legislación penal le otorgan ese derecho. Pero la misma Carta Magna también cobija el derecho a la vida y Hernández se la arrebató a María José, sin ningún derecho.
Acercándose la fecha del juicio público, al que Hernández tiene derecho, los hombres y mujeres de prensa, aglutinados en las filiales en Matagalpa de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN) y la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), condenaron el crimen perpetrado en contra de María José y exigen que el mismo no quede impune.
“No queremos que este delito quede en la impunidad y le decimos a María José que como colegas vamos a luchar para que le caiga todo el peso de la ley al culpable de su asesinato”, dice un comunicado de la UPN, suscrito por Luis Castrillo Romero, presidente de esa organización.
En lo particular, pienso que la Juez de Distrito Penal de Juigalpa, Rosa Inés Osorio, tendrá la oportunidad de arreglar un poco la deteriorada imagen de la administración de justicia en Nicaragua y recordar a Temis, la divinidad griega que con una mano sostiene la balanza donde pesa el derecho y con la otra mano una espada que sirve para hacerlo efectivo.
Aunque los ojos de Temis están vendados, indicando que la justicia no entiende de rango, intereses particulares o riquezas, desafortunadamente en Nicaragua pareciera que la venda sólo tapa un ojo de la diosa griega, dejándole uno para ver hacia dónde están los intereses convenientes a quien la administra, aflorando la conocida frase de que en nuestro país la justicia no es ciega, sino “tuerta”.
La judicial Osorio puede cambiar esa idea, porque aquel 9 de noviembre del 2004, en Juigalpa, Hernández violentó el Quinto Mandamiento de la Ley de Dios (NO MATARÁS), actuó en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestra Constitución Política y nuestras leyes civiles y penales, cuando disparó el arma que segó la vida de María José, a quien le truncó sus ilusiones de madre.
Pero Hernández también atentó contra los derechos de Néstor José Velásquez Bravo, el pequeño “Gordo” de María José, a quien privó del amor maternal en clara violación a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, por cuanto Hernández no tenía el derecho de separar eternamente al niño de su madre y el niño sí tenía el derecho de conocerla, de amarla, de crecer y formarse junto a ella, en un ambiente familiar.
Hernández también actuó contra los principios y derechos de la libertad de expresión. Aquella tarde María José cumplía con su labor periodística, cuando fue abatida por la bala que, según los testigos, le disparó el ex alcalde.
Espero que prevalezca la justicia y que el culpable del crimen sea castigado con todo el rigor que exige nuestra legislación.
El autor es corresponsal en Matagalpa
Le decimos a María José que vamos a luchar para que le caiga todo el peso de la ley al culpable de su asesinato
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