María José Bravo
Hugo Ramón García
En el caso del asesinato de la joven periodista María José Bravo, muerta el pasado 9 de noviembre a manos de Eugenio Hernández González, ¿por qué la Fiscalía en contubernio con la Policía de Juigalpa ocultan las pruebas del delito, a sabiendas que son indispensables para llevar adelante el juicio? Ambas instancias tienen la especial obligación de sentar un precedente, pues la justicia es sencillamente justicia y no puede seguir siendo burlada, y menos por quienes tienen la facultad de impartirla.
¿Cómo puede ser “accidental” un disparo contra una persona cuando fue visible la intención de consumar un asesinato? ¿y qué “pruebas” tiene el abogado defensor del acusado por el asesinato para alegar que la bala mató “de rebote” a María José Bravo?
La Policía de Juigalpa debe actuar con más responsabilidad profesional en el sentido de mostrarle al abogado acusador Mario Orozco todas las pruebas que rolan en el expediente que ellos han levantado a través de las investigaciones, y no salir diciendo “que únicamente se pueden ofrecer bajo presencia del fiscal”.
La Fiscalía Departamental de Juigalpa no puede obviar su deber de atender cuantas veces sea necesario al abogado acusador que ha contratado LA PRENSA, pues se entiende que un apoderado legal que se le ha encomendado un caso que tiene que nutrirse de todo lo que se está investigando para poder enriquecer su acusación misma con los argumentos que tenga a su alcance, y al impedírsele este derecho lo que está haciendo la Fiscalía y la Policía en su conjunto es apañar un asesinato que reúne en su totalidad los agravantes. Quien maneja las leyes sabe que en este caso hubo alevosía, ventaja, y premeditación.
Periodista de Somoto
|
