El acuerdo Bolaños-Ortega
El presidente Enrique Bolaños, durante la presentación ayer en Casa Presidencial, del Acuerdo por el Diálogo Nacional —que negoció con el secretario general de FSLN, Daniel Ortega Saavedra—, dijo que a partir de ahora: “Ya podemos seguir con renovada confianza invirtiendo en una mayor creación de empleo... construyendo la casita, enjaranándonos con fe en la recuperación del futuro, dediquémonos todos a trabajar, a invertir, a producir, a generar empleos...”
¿Significa que con el acuerdo entre el presidente Bolaños y el líder sandinista se ha terminado la crisis institucional y que el país ha regresado a la normalidad? Por el bien de la nación y de todos y cada uno de los nicaragüenses, ojalá que así fuera.
En realidad, el acuerdo Bolaños-Ortega que fue testificado por el cardenal Miguel Obando y el representante de la ONU en Nicaragua, señor Jorge Chediek, no resuelve los problemas que causaron la crisis política e institucional del país. Sin embargo, en la medida en que dichos acuerdos sean respetados y cumplidos por las mismas partes contratantes abonarían mucho a la creación del clima de tranquilidad nacional que es indispensable para, como dijo el Presidente de la República, “invertir, producir y generar empleos”.
El sólo hecho de que Daniel Ortega deje de seguir amenazando —coreado por sus asociados del PLC— con destituir al gobierno legítimamente constituido, y que haya firmado un compromiso para “respaldar que el presidente Bolaños cumpla su período presidencial de forma plena”, es ya, en las condiciones de la precaria democracia nicaragüense, un logro significativo.
Por otro lado, independientemente de qué fue lo que obligó a Daniel Ortega a moderarse —porque andaba desenfrenado— y a firmar el acuerdo con el presidente Bolaños, sin dudas que es positivo que hayan acordado que la implementación de las reformas constitucionales —que es la manzana envenenada de la discordia— “será fruto de una decisión consensuada entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional”, lo cual debe quedar establecido como una disposición transitoria de las mismas reformas.
En realidad, lo dicho en el acuerdo Bolaños-Ortega acerca de que el diálogo nacional “incluirá la consideración de las reformas constitucionales necesarias para la determinación y perfeccionamiento de un sistema de gobierno que equilibre el peso de los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluyendo la posibilidad de instaurar sistemas semiparlamentarios o semipresidenciales” parece entenderse como que las mencionadas reformas serán ratificadas en segunda legislatura por la Asamblea Nacional, pero que se aplicarán hasta en el siguiente período gubernamental.
De igual modo, consideramos como positivo que el acuerdo Bolaños-Ortega incluya también el compromiso de discutir en el diálogo nacional que han decidido iniciar, temas de primordial interés como el de la profesionalización de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y de la Contraloría, así como de una reforma electoral “para acercar el elector al elegido”, y otros por el estilo. Aunque es necesario advertir que el hecho de que estos temas sean incluidos en la agenda del diálogo nacional, no significa que se van a resolver de manera satisfactoria para el interés nacional.
Un punto del acuerdo Bolaños-Ortega que nos atañe directamente, como medio de prensa, es el de que en el diálogo nacional será discutido también el “tratamiento impositivo de los medios de comunicación”. ¿Qué significa eso? Nuestra posición con respecto a la reforma del artículo 68 de la Constitución es que no debe ser aprobada, y durante la discusión de ese punto en el diálogo los representantes de los medios deben poder expresar sus consideraciones, lo que no permitieron los diputados enemigos de la libertad de prensa cuando aprobaron en diciembre recién pasado y en primera instancia la mencionada reforma constitucional.
Finalmente, aunque hay que celebrar que el presidente Bolaños y el líder sandinista Daniel Ortega se pusieran de acuerdo en temas que no son sólo de su conveniencia sino que afectan e interesan a toda la nación, eso no quiere decir que el problema ya está resuelto. Y en el caso de las reformas constitucionales éstas deben ser sometidas al escrutinio popular mediante un referendo, tal como lo establece el artículo 2 de la Constitución, lo demandan las fuerzas cívicas y lo quiere la mayor parte de los ciudadanos nicaragüenses.
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