El PLC está pidiendo —otra vez— amnistía para el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, quien, como es bien sabido, fue condenado en diciembre del 2003 a cumplir veinte años de presidio por haber cometido graves delitos de corrupción. Sin embargo, por “generosidad” de Daniel Ortega y el FSLN, que controlan el Poder Judicial, el prominente reo “cumple” su condena en su residencia de la hacienda El Chile.

El año pasado el PLC fracasó con su petición de amnistía para Alemán, pero esta vez pareciera tener mejores posibilidades gracias a su nueva connivencia con la cúpula del FSLN, a la que ha entregado el control de prácticamente todo el poder del Estado, inclusive del Ejecutivo mediante las reformas constitucionales que ya fueron aprobadas en primera legislatura y seguramente serán ratificadas inmediatamente después de la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional, el próximo lunes 10 de enero.

Además, en esta oportunidad la petición de amnistía para Alemán es respaldada por connotados liberales ex disidentes del arnoldismo, quienes sin duda están convencidos de que sin la benevolencia de la cúpula del PLC y el “dedazo” de su caudillo, no podrían obtener la candidatura presidencial para las elecciones del próximo año.

La verdad es que el PLC podría, sólo con el respaldo sandinista, aprobar el Decreto Legislativo de amnistía para Alemán. Sin embargo quieren que sea el Presidente de la República el que proponga la iniciativa de amnistía, con el cuento de que cubriría también los supuestos delitos electorales de los que ha sido acusado el presidente Bolaños, y porque —dicen— de esa manera se restablecería la estabilidad política y la gobernabilidad del país.

Pero es evidente que al FSLN y a Daniel Ortega en lo personal no les entusiasma la idea de liberar mediante una amnistía a Arnoldo Alemán, puesto que así quedaría completamente limpio su currículo político y sacaría de los archivos oficiales su expediente policial y judicial. Y no les entusiasma, seguramente porque mientras Alemán esté formalmente preso, el PLC estará subordinado a la voluntad del FSLN, aparte de que le puede resultar muy caro a Daniel Ortega el costo político de liberar al caudillo liberal, aún o sobre todo entre las mismas bases sandinistas.

En realidad, ya la componenda con el PLC y Arnoldo Alemán ha perjudicado bastante la imagen de Daniel Ortega, a pesar de que el pacto ha sido muy beneficioso para el FSLN. Pero peor podrían ser las consecuencias para el caudillo sandinista si apareciera como libertador de Arnoldo Alemán mediante una amnistía o por cualquier otro medio. Con esto la credibilidad del líder sandinista se podría derrumbar estrepitosamente dentro de su propio partido y tendría que ceder el liderazgo y la candidatura presidencial que están reclamando Herty Lewites y Alejandro Martínez Cuenca.

Precisamente para no asumir semejante costo político es que los pactistas están presionando al presidente Enrique Bolaños para que acepte desempeñar el papel de tonto útil y pagar por los platos rotos.

Por otra parte, no cabe ni siquiera poner en tela de juicio que la amnistía es una institución para aplicarse a prisioneros políticos, no para favorecer a delincuentes comunes como son los que cometen latrocinio con los bienes del Estado y lavado de dinero. En todo caso, lo que cabe para estos reos es el indulto, que perdona la pena a la que fue condenado el delincuente pero sus delitos quedan registrados para siempre y el indultado no puede ejercer todos los derechos constitucionales que practican las personas de limpios antecedentes.

De manera que confundir los términos y aplicar la amnistía a personas que cometieron delitos comunes, es una monstruosidad jurídica y una burla a los principios básicos de la justicia humana.

Al respecto basta recordar lo señalado por uno de los más preclaros y autorizados intérpretes y maestros del derecho, como es el enciclopedista Guillermo Cabanellas, al que citan a menudo los magistrados del PLC y el FSLN: “Lo inconcebible en términos jurídicos consiste en aplicar las amnistías a los delitos comunes, que representa subvertir todo el orden moral y jurídico de un país. Cuando se llega a esos términos, puede afirmarse que los gobernantes o los legisladores, al conceder patente criminal, se igualan sin más con los delincuentes”.

Amnistía que iguala