Al poder no le gusta que le midan las costillas
Guillermo Rothschuh Villanueva
El empeño y terquedad de un grupo de organizaciones y miembros de la sociedad civil para lograr la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, son dignos de encomio. Se han mostrado tenaces. No han tenido tregua ni descanso. Lo que se conoce y se ha avanzado obedece a los deseos de que la ley sea aprobada de una vez. Si la ley ha venido sufriendo cambios en su articulado alguna mejoría en sus alcances y contenidos, ha sido gracias a las diversas gestiones e iniciativas que estas entidades han realizado. También se ha encontrado receptividad en algunos legisladores.
El apoyo recibido de organizaciones internacionales, como el Centro Carter, ha sido valioso. Laura Newman ha asumido esta causa como propia. Su llegada al país cargada de información y buenas intenciones son loables. Cuando la ley entró a su recta final llegaron dos especialistas mexicanos a brindar su apoyo y ofrecer sus conocimientos. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA), escuchamos las apreciaciones de Alma Delia Fuentes. Su visión es que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, ha sido desaprovechada. La mayoría no han utilizado la ley para propósitos verdaderamente útiles.
La Fundación Violeta Chamorro hizo venir a Nicaragua a los periodistas Daniel Lizarraga de la revista Proceso de México y a Rolando Rodríguez del Diario La Prensa de Panamá. La intención era que contaran sus respectivas experiencias. Abrir espacio a otras versiones y visiones que ayudaran a mejorar sustantivamente el anteproyecto de ley nicaragüense. Sus análisis ratificaron que la existencia de una ley no basta. Los gobiernos las han aprobado con desgano. No les gusta que la ciudadanía ni los periodistas se introduzcan en los aposentos del poder.
Lizarraga elogió y criticó a la vez. Pero mantuvo juicios severos. El instrumento jurídico tiene una enorme apertura para enjuiciar lo que han hecho los gobiernos anteriores, en otros términos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se ha generado una enorme resistencia cuando se trata de indagar al gobierno de Fox.
En Panamá las cosas marchan igual. Los recursos introducidos por los periodistas ante la Corte Suprema de Justicia han sido rechazados o denegados. Al poder no le gusta que le midan las costillas.
Por diversas razones me ha correspondido estar en México en distintos momentos. En la primera, los señalamientos fueron que el presupuesto asignado a la publicidad gubernamental era mayor que la suma entregada al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Este año —junio, 2005— encontrándome en Ciudad México, escuché a un Fox crítico. Cuestionó el comportamiento de sus funcionarios en relación al apego y respeto que deben al cumplimiento de la de Ley Federal. El Diario La Jornada recogió sus palabras. Adujo que en México todavía existen feudos en donde a la ciudadanía le era imposible acceder.
El anteproyecto nicaragüense contiene plazos demasiado extensos; el sistema de organización y aplicación de la ley no es el más adecuado. Lo contencioso administrativo, en el sistema legal nicaragüense, no es un juicio sino un recurso que le permite a la Corte Suprema de Justicia actuar discrecionalmente. Éstos son algunos riesgos derivados de ley tal como aparece redactada. El objetivo de su presencia y la insistencia de las distintas organizaciones comprometidas con su aprobación, es que los legisladores mejoren su formulación.
Los treinta días calendario que se conceden a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) son exageradísimos. El recurso de Habeas Data en la forma en que aparece mencionado en la ley es cuestionado por algunos juristas. No aparece como debe ser utilizado por la persona que lo invoca. En vez de crear Oficinas de Acceso a la Información en las diferentes dependencias del Estado, podría simplificarse mediante la creación Nicaragua, de una entidad parecida al IFAI, con sus propias características y peculiaridades.
Deseamos subrayar, siguiendo a Juan Jacobo Rousseau, que las leyes son perfeccionables. No vaya a ser que los legisladores aleguen después que se llegó demasiado tarde. Las observaciones de los mexicanos son atinadas. Ahora hay que navegar a contracorriente. Deberíamos actuar sin precipitaciones. Es preferible darnos un poco más de tiempo con la esperanza de que salga a luz una ley que satisfaga las expectativas creadas entre la ciudadanía nicaragüense. Hay que arrebatar toda excusa y pretexto a los legisladores.
Una ley de esta envergadura cambia las reglas del juego político en un país de corte autoritario y en donde los funcionarios públicos actúan con la máxima discrecionalidad y son incapaces de rendir cuentas a la ciudadanía. Constituye una especie de freno a la corrupción y las puertas de las oficinas públicas y privadas que reciben y administran recursos del Estado quedan abiertas a la ciudadanía. Veremos finalmente qué ley sale. Lo importante es que se incorporen los señalamientos realizados por las distintas organizaciones interesadas en la promulgación de esta ley. Sería un triunfo rotundo para Nicaragua y los nicaragüenses.
El autor es decano de la UCA
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