Civiles y policías “manos arriba”
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Agentes de la Policía investigan momentos después de ocurrido el tiroteo donde perdió la vida el miembro de la DOE, René Antonio Palacios.
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Elízabeth Romero
sucesos@laprensa.com.ni
El 30 de noviembre pasado la familia del subinspector René Antonio Palacios, miembro de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE), de la Policía estaba lejos de pensar que la misión por la cual lo vio partir apresurado, sería la última de su vida.
Un intercambio de disparos entre delincuentes y policías, terminó con la vida de Palacios.
El miércoles pasado esa historia se repitió, pero le tocó el turno al mayor del Ejército, Santiago José Aburto, quien resultó gravemente herido de dos balazos en la cabeza y uno en el abdomen, que finalmente le causaron la muerte.
Aburto intentó ayudar a un policía desarmado que era intimidado por un delincuente en las cercanías de la Universidad Centroamericana (UCA), cuando fue tiroteado por el antisocial, en uno de los muchos episodios de inseguridad ciudadana que se repite ya casi a diario en Nicaragua.
La falta de presupuesto, recursos y sobre todo de armamento que sufre la Policía Nacional, repercute directamente en la ciudadanía que se moviliza por las calles en total indefensión frente a la delincuencia común.
El 9 de septiembre de este mismo año ocurrió otro caso en el kilómetro nueve de la Carretera Nueva a León, con el mismo saldo: un policía y un delincuente muertos. En esa ocasión la víctima fue un recién egresado de la Academia Walter Mendoza, el policía Boanerges Ernesto Martínez Aguirre, de 25 años.
El año que está por finalizar la fatalidad tocó las puertas en incontables ocasiones en las filas policiales. Ocho agentes fallecieron y otros 58 sufren algún tipo de discapacidad, muchos de ellos integrantes de la DOE.
Por las características del trabajo que realiza esa especialidad de la Policía, su jefe el comisionado Sergio Cáceres, estima que es una de las áreas donde sus integrantes enfrentan mayores riesgos cada día.
“Normalmente estamos ante situaciones de graves riesgos, graves alteraciones, luchas contra bandas armadas, lucha contra narcotráfico y respuesta a incidentes peligrosos, esto aumenta el nivel de riesgo en la vida de los compañeros, de todos nosotros, eso es parte del trabajo diario que tenemos que enfrentar”, dijo Cáceres.
La muerte de Palacios no fue el único incidente grave que impactó a las fuerzas de la DOE durante el presente año, cuando la vida de otros dos de sus integrantes estuvo en riesgo durante un enfrentamiento estudiantil.
Uno de ellos, José Manuel Sánchez, perdió el ojo derecho a causa del charnel de un mortero lanzado por un grupo de universitarios que se encontraban apostados en la Avenida Universitaria, el pasado 25 de abril, cuando transportistas y estudiantes se unieron para protestar por el problema energético.
En esa ocasión, junto a Sánchez resultó lesionado gravemente otro miembro de la DOE, Francisco Javier Solórzano Tórrez.
TRABAJO DE ALTO RIESO
Además de la DOE, las Brigadas de Vigilancia y Patrullaje, así como la de Tránsito, son las áreas de mayor riesgo, considera el jefe de Personal y Cuadros de la Policía Nacional, comisionado mayor Javier Maynard.
En su trabajo final para obtener su postgrado de Administración Policial los subcomisionados Mauricio Sosa Robelo, Ángel Martín Solórzano Vásquez, Julián Antonio Lumbí López y Marvin René Ordóñez Palma, analizaron los factores que inciden en el fallecimiento y discapacidad por riesgos profesionales de los miembros de esa institución, entre 1995 y 2004, en el cual concluyen que el trabajo que desempeñan en esa institución es “de alto riesgo”.
Explican los oficiales que esto obedece a la operatividad diaria y a las características del trabajo así como a “la vocación de servicio de sus miembros. Por ejemplo, hemos tenido funcionarios que han perdido la vida rescatando a otras personas que le brindaban protección”.
En el documento determinan que durante este período fallecieron 72 policías, pero para el estudio tomaron como muestra 62 casos. Mientras que los policías discapacitados, según los registros, la cifra asciende a 156, pero analizaron una muestra de 63 casos. El mayor riesgo para los uniformados está en la zona urbana.
Además señala el estudio que las actividades delictivas más frecuentes, en las cuales se vieron inmersos los policías fallecidos, fueron delitos contra la propiedad y contra las personas.
De acuerdo al análisis realizado por el grupo de estudiantes, 11 agentes perdieron la vida en hechos contra la propiedad, entre los cuales destacaron nueve casos al contrarrestar robos con intimidación, otros 11 en delitos contra las personas, destacando dos por asesinatos, dos por homicidios y siete por otros casos, así como tres contra la seguridad interior del Estado (asonadas).
MATANZA EN BLUEFIELDS
Del total de la muestra, nueve fallecieron en el centro de trabajo, entre éstos destaca el caso de los cuatro policías de la delegación de Bluefields: Juan José Fúnez Rodríguez, Ruth González, Henry Dometz y Róger Ernesto Villachica Espinoza, múltiple crimen acaecido el 4 de mayo del 2004, cuyo caso aún sigue sin esclarecer y, otros 53 ocurrieron en la vía pública.
En cuanto a la delincuencia enfrentada por los policías, el análisis determina que “tenemos una organización delincuencial en banda o grupo en 15, seis hechos se dieron en forma individual, un hecho por crimen organizado, cuatro hechos en pareja y tres por manifestaciones”.
Menciona el crimen cometido en contra del entonces subdirector de la institución, comisionado general Christian Munguía Alvarado, ocurrido el 13 de mayo de 2002, a manos de delincuentes comunes que le pretendieron robar en el puente del Barrio Riguero.
Así como el crimen perpetrado en contra de la suboficial Hermelinda Thomas Lee, investigadora de la Comisaría de la Mujer, ocurrido el 24 de noviembre de 2001, cuando un sujeto investigado por violencia intrafamiliar le disparó con un fusil que encontró en la misma oficina.
PERSISTEN EMBOSCADAS
Durante una emboscada en la comunidad El Guineo, en el Triángulo Minero, también perdió la vida, el 23 de junio de 2001, el especialista de la Dirección de Auxilio Judicial, Juan Ramón Tórrez Espinoza. En esa ocasión otros 14 agentes resultaron lesionados.
El 18 de abril de 2000 la comunidad de Truslaya, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), fue sorprendida por otro múltiple crimen habían perdido la vida en otra emboscada los policías William Alfonso Fonseca Mora, Verónica Rayo y David Ernesto Dubón Corea.
VARIOS SORDOS
El comisionado mayor Cáceres manifestó que en la DOE hay varios policías con afectaciones, “algunos tienen el 75 por ciento de su capacidad auditiva perdida producto de morterazos y explosiones, otros que han perdido sus ojos, afectaciones en sus miembros: piernas, brazos, lesiones severas”.
Cáceres estimó que del total de 450 hombres que integran la DOE, un diez por ciento de las fuerzas tiene problemas de distintas índoles, producto de situaciones presentadas en el cumplimiento de su trabajo.
En algunos casos continúan ubicados en la misma unidad donde se puedan desempeñar con menor riesgo, en otros casos hay una decisión del director de ubicarlos en otras estructuras donde puedan desempeñarse de acuerdo a la condición física que tengan los compañeros en determinado momento.
“Hay un relevo periódico de fuerzas con compañeros que vienen a formar parte de esa estructura de los nuevos ingresos de las otras unidades de la Policía, pero sí es donde tenemos el mayor nivel de riesgo en cuanto a las posibilidades de sufrir una discapacidad”, explica Cáceres.
Tanto Cáceres como el comisionado mayor Javier Maynard, de Personal y Cuadros de la institución, señalan que existen programas de atención médica, incluso mecanismos de pensión y de ayuda para estos agentes que enfrentan diferentes tipos de discapacidades.
Según Maynard, actualmente hay unos 58 discapacitados que aún están integrados en las filas policiales. “Hay mucha gente sorda producto de los morteros, con problemas de lesiones permanentes, alguna gente lo que hacemos es sacarla a actividades menos exigentes”, dijo Maynard, quien reconoció que existen algunos casos de oficiales que ya no pueden seguir en ese tipo de trabajo, para lo cual deberán analizar caso por caso.
“Se está planteando cómo la Policía refuerza los temas de seguridad ocupacional, es decir si un mecánico requiere de un anteojo cuando hace algo, o de una bujía el pintor automotriz, pues el policía requiere de un chaleco antibalas, de un chaleco antigolpes, de una serie de implementos que garanticen esa seguridad en el trabajo”, apuntó Maynard.
Y aunque las autoridades tratan de conseguir recursos en función de implementar la seguridad ocupacional, la realidad actual es otra, carecen de los implementos básicos, como son los chalecos antibalas, los cuales tienen un costo de 300 dólares y tienen un tiempo de vida útil.
Para las operaciones de captura los oficiales deben portar su chaleco antibalas, pero en su mayoría no cuentan con uno. “No es un lujo, es la vida de los policías que está en juego”, señala Maynard.
FONDO DE COMPENSACIÓN
Como una alternativa para responder a las necesidades de los agentes que se ven enfrentados a un riesgo permanente fue creado por iniciativa de esa entidad el llamado Fondo de Compensación Solidaria, a través del cual los agentes hacen un aporte mensual y el Estado les otorga diez córdobas mensuales por cada agente. Este fondo funciona como seguro de vida y es aparte del seguro del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Issdhu).
Los policías aportan, según escala, 35 córdobas para los de base y entre 90 y 253 córdobas según el escalafón. Los que ganan más aportan mayor cantidad al fondo.
Según la categoría reciben el beneficio. Por ejemplo, en caso de muerte por ocasión de servicio, o sea en patrullajes, los policías de línea reciben 55 mil córdobas y 70 mil por restablecimiento al orden constituido, o sea lo que se conoce popularmente como alteración al orden durante las protestas.
Por muerte común también reciben una indemnización, los familiares de policías de línea por ejemplo reciben 40 mil córdobas.
También cubren la discapacidad según las dos causas y depende del grado de discapacidad.
Entre enero y septiembre pasado la Policía había otorgado casi dos millones de córdobas por la muerte de cinco oficiales fallecidos y 50 discapacitados por ocasión de servicio.
Por muerte natural a su vez otorgaron a los parientes de los fallecidos más de un millón de córdobas.
Actualmente solicitan al presidente Enrique Bolaños que el aporte del Estado sea elevado a 45 córdobas.
Al final del retiro también pueden recuperar un 25 por ciento del aporte que hicieron. No importa la causa de baja.
El fondo tiene tres años de haber sido creado y aunque los policías sean recién ingresados en caso de haber fallecido, el fondo paga la indemnización.
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