Tilapias y desarrollo sostenible
Se conoce muy bien que la razón de ser del Estado y la función principal del Gobierno es prevenir o resolver los conflictos entre las personas naturales o jurídicas. De acuerdo con este principio de gobernabilidad,cuando se trata de inversiones para hacer negocios y promover el desarrollo económico y social de la nación, las autoridades deben valorar en cada caso —antes de autorizarlas— los pro y los contra, determinar si son factibles, si tienen validez legal, económica y ética; si podrían causar perjuicios —o no— a otras personas; si causarían daño —o no— al medio ambiente, etc.
Traemos esto a colación a propósito del negocio de cultivo de peces tilapias en los alrededores de la Isla de Ometepe, que según denuncias de algunas autoridades municipales y personalidades ambientalistas está contaminando las aguas del Lago Cocibolca y perjudicando los atractivos turísticos del lugar.
Según declaró a LA PRENSA el Director General de Administración Pesquera, señor Miguel Marenco, esa dependencia gubernamental “hizo una serie de recomendaciones antes que el proyecto de tilapias del Lago Cocibolca comenzara a operar”. Y agregó que “hasta la fecha ninguna organización ambientalista ha presentado ningún estudio científico sobre la contaminación que provocan las tilapias en este cuerpo de agua”. Pero, ¿qué pasó con esas recomendaciones? ¿Se cumplieron o no? ¿Verificaron, la misma Dirección General de Pesca, el Marena y el Mific si el cultivo de las tilapias en esa y otras zonas del Lago Cocibolca es inofensivo o perjudica al más importante cuerpo de agua que hay en Nicaragua? ¿Consideraron si las jaulas de tilapias perjudican o no los atractivos turísticos del lugar o si son dañinas para la salud de las personas?
Según se conoce, la tilapia es un pez tropical, de origen africano, cuyo cultivo se ha venido extendiendo por diversas partes del mundo —particularmente en aquellos países en los que hay déficit de alimentación—, debido a que es una especie que se reproduce con mucha facilidad y rapidez. Y por lo tanto es una buena alternativa para resolver el problema de la escasez de alimentos. Pero, además, la tilapia se ha convertido en un lucrativo producto de exportación, siendo Estados Unidos uno de los mejores compradores y Taiwán y la República Popular China sus principales vendedores. Y cabe señalar que, en Centroamérica, Costa Rica ha venido aumentando de manera consistente su participación en las exportaciones de carne de tilapia .
Sin embargo, el cultivo de la tilapia —que tiene como una de sus características principales la facilidad con que se reproduce en cautiverio—, tiene o puede tener también consecuencias negativas para el entorno ambiental. Tal como señaló el científico ambientalista nicaragüense Jaime Incer Barquero (LA PRENSA, miércoles 28 de diciembre del 2005), “un criadero de tilapias como éste (en la Isla de Ometepe), contamina las aguas y el paisaje de una zona con potencial turístico”. “El agua se está pudriendo alrededor de Ometepe —agregó el científico nicaragüense, quien es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA— y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) por ganar plata en las tilapias va a perder plata en el turismo, y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) está consciente de ese peligro ambiental”.
Al respecto cabe señalar que hace ya casi tres décadas que fueron determinados el concepto y las normas del desarrollo sostenible, o sustentable, cuya definición más sencilla es la de “satisfacer las necesidades de la presente generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades”. Así lo estableció en 1987 la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, mejor conocida como Comisión de Bruntland porque fue dirigida por el ex Primer Ministro de Noruega, Gro Bruntland.
El principio, concepto o norma del desarrollo sostenible o sustentable, ha sido reconocido y aceptado mundialmente como garantía para un nivel de vida adecuado en términos de salud y bienestar de los seres humanos. Y presupone dicho principio la obligación de los poderes públicos de garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, respetar los sistemas que sustentan la vida en todas sus manifestaciones, preservar la diversidad genética y garantizar el desarrollo de los ecosistemas.
De manera que el Marena y el Mific deberían aclarar si el cultivo de la tilapia en el Lago Cocibolca se ajusta a ese principio del desarrollo sostenible, y si no, tienen que disponer las providencias necesarias.
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