Mejor transparencia, menor pobreza
Néstor Avendaño
Todos los poderes del Estado de Nicaragua podrían contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos de nuestra población, si reforzaran el imperio de la ley y crearan un clima favorable para la inversión privada, doméstica y extranjera y, en esa forma, coadyuvarían a que el Tratado de Libre Comercio entre las naciones centroamericanas y la nación estadounidense, denominado DR-Cafta, se transforme en un instrumento efectivo para el crecimiento económico y el desarrollo ulterior nacional.
La Asamblea Nacional de Nicaragua tiene que realizar una ingente labor para reformar y reforzar el marco jurídico, con el propósito de reducir y eliminar la incertidumbre de los inversionistas nicaragüenses y extranjeros que, con su capital, amplían la infraestructura productiva del país, crean más y mejores puestos de trabajo, pagan impuestos al Estado para que éste atienda en mejor forma las necesidades de educación y salud de la población, y mejoran la educación técnica de la fuerza laboral.
Pero esa ingente labor legislativa se ve hoy afectada por la reciente garantía del Poder Legislativo de no reformar ni derogar la Ley 364 publicada en La Gaceta en enero de 2001, en un afán de mantener un cúmulo de irregularidades judiciales, supuestamente a favor de las personas afectadas por el Nemagón, pero que en el fondo son de interés para personas que, en general, no conocen la actividad bananera y que, en particular, no han radicado en zonas rurales. Ya se ha denunciado públicamente alrededor de este caso, que una mínima parte de las posibles indemnizaciones quedarán en manos de los demandantes y, por otro lado, una gran parte de las mismas quedaría en las manos de los defensores.
También se necesita de una reforma integral del Poder Judicial, con el fin de erradicar las influencias de personajes políticos y, por consiguiente, buscar una mejor administración de la justicia. Los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia saben que la confianza de los inversionistas se degrada o se deteriora, se mejora o se fortalece, con la actuación de los funcionarios de este Poder del Estado, y que la corrupción, que en gran parte explica la pobreza humana, sigue campeando en el sector público de nuestro país, al ocupar Nicaragua el lugar 107 entre 159 naciones evaluadas recientemente la organización no gubernamental ‘Transparency International’, antecedida en Latinoamérica sólo por Bolivia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Venezuela, Paraguay y Haití.
Con la garantía legal concedida a una ley que ha estado sujeta a demasiadas críticas en el plano de la jurisprudencia, como es la Ley 364, nuestros legisladores parecen estar actuando en contra del objetivo de crear un buen clima para la inversión y el libre comercio, y estar a favor de un anémico crecimiento económico, una alta tasa de desempleo y el mantenimiento de una pobreza que afecta al 80 por ciento de la población total del país.
Conviene, por lo tanto, a las autoridades gubernamentales reforzar el Estado de Derecho, continuar la lucha contra la corrupción, fortalecer las instituciones públicas y mejorar la gobernabilidad, con los fines de garantizar la transparencia en el manejo de la cosa pública y de los intereses de las personas físicas y jurídicas, atraer la inversión doméstica y extranjera, y potenciar el libre comercio. De nada sirve aprobar tratados internacionales, con sus beneficios y sus riesgos, como los de libre comercio, o convenios de cooperación asociados con la reducción de la pobreza —como la Cuenta del Reto del Milenio— si se profundiza la inseguridad jurídica o se reducen los derechos de las partes en conflictos.
Ojalá se pudiesen cumplir las palabras del Presidente del país, que “nadie debe estar sobre la ley”. Ojalá se pudiesen eliminar rápidamente las influencias que debilitan la administración equitativa de la justicia. Ojalá se pudiese construir rápidamente una red institucional pública sólida que facilite el establecimiento de “claras reglas del juego” y una acertada supervisión estatal, que favorezca a la tarea, también ingente, de reducir el desempleo y elevar la producción, y redistribuir ese crecimiento económico para contrarrestar y revertir el avance de la pobreza en nuestro país. Y en esta labor, se demanda una mayor transparencia a todos los poderes del Estado.
El autor es economista.
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