Las remesas familiares
Roberto Ferrey Echaverry
El doctor Salomón Cohen, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), nos decía —durante el Seminario Internacional sobre Migraciones y Remesas Familiares en Centroamérica, que realizó el Parlacen, en Guatemala— que las remesas familiares deben considerarse “como contribución privada de la propia sociedad civil en el combate inmediato contra la pobreza”.
El BID recién informó que América Latina estaría recibiendo 50 mil millones de dólares en el 2006. Ello, producto del trabajo que personas de los países de América Latina realizan en otros países, principalmente en Estados Unidos, país que generará unos 40 mil millones de dólares el próximo año.
En el 2004 las remesas familiares llegaron a los 45 mil millones con destino a Centro América y República Dominicana, lo que equivale a “una cuarta parte del valor total del comercio exterior de estos seis países con Estados Unidos”.
La oficina del censo norteamericano denota que los residentes extranjeros provenientes de Centroamérica llegan a unos cinco millones de personas, de las cuales dos y medio millones se encuentran sin documentarse.
Conforme al mismo censo existen unos 400 mil nicaragüenses residiendo en dicho país, de los cuales 240 mil se encuentran registrados y unos cuatro mil quinientos están bajo el programa TPS (Temporary Profection Status), que se vence en julio del 2006. Estos nicaragüenses, junto a los 300 mil que se encuentran en Costa Rica, se han constituido en la mayor fuente de divisas para Nicaragua y se proyecta un considerable crecimiento año con año.
Nicaragua deberá asumir con seriedad esta situación y actuar correspondiendo al sacrificio y solidaridad de los nicaragüenses trabajando en el extranjero y que, como se refirió, constituyen un aporte privado, ajeno a toda intervención estatal, a la mitigación de la pobreza de centenares de miles de nicaragüenses que reciben las remesas en forma periódica.
No requiere mucha inteligencia pensar que mejorando la situación migratoria de los nicaragüenses, en Costa Rica y Estados Unidos, les permitirá obtener mejores condiciones de trabajo e incrementar sus Remesas Familiares con el propósito no sólo de resolver necesidades básicas, sino que también realizar inversiones que permitan: adquirir una vivienda, iniciar pequeños negocios propios o preparar el regreso a Nicaragua de muchos que sienten han sido obligados a salir del país.
El Gobierno de Nicaragua debe actuar firmemente en procura de acuerdos que permitan a los migrantes nicaragüenses poder trabajar en condiciones normales sin movilizarse clandestinamente ni andar evadiendo autoridades.
Una acción sistemática del gobierno, de proteger a sus nacionales, permitirá acordar procesos para formalizar su presencia para mejorar sus propias capacidades de trabajo, incrementar sus ingresos y mejorar sus actuales condiciones de vida.
No se trata de convertir a Nicaragua en un país exportador de mano de obra. No es ese el sentido. Pero mientras no mejoren nuestras condiciones de vida será difícil reducir la migración de nicaragüenses. El hecho que un millón de nicaragüenses residan en el extranjero, compromete al Gobierno de Nicaragua.
Podrán acordarse del trabajo temporal, que legaliza la presencia de la mano de obra que luego regresa a su país de origen; la cooperación fronteriza y aduanera y la protección consular, procurando sustituir la migración irregular con movilizaciones normales y legales.
Algunos analistas señalan que si Nicaragua aceptó excluir el tema de las migraciones durante las negociaciones del DR-Cafta, éste, al iniciar su vigencia, debe servir de marco de referencia para entablar un diálogo que analice preocupaciones mutuas sobre el tema del libre tránsito de personas como parte esencial del libre comercio.
Reafirmando la importancia mundial del tema migratorio y de las remesas familiares, la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene programada la realización de un Foro Internacional sobre “Migración Internacional y Desarrollo”.
Nicaragua no puede continuar siendo ajena a esta temática y debe tomar parte activa en la búsqueda de marcos legales que sustraigan de la clandestinidad tanto los movimientos migratorios, para eliminar los problemas humanitarios y de seguridad que genera para los países de origen, de tránsito y de destino. En nuestro caso ello requiere negociaciones especiales con Costa Rica y Estados Unidos y acuerdos con Guatemala y México, países de tránsito mayormente afectados.
El autor es secretario PRN.
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