En las ediciones de LA PRENSA del domingo 18 y lunes 19 de diciembre corriente, se publicaron unas declaraciones del magistrado de la Corte Suprema de Justicia que figura como principal involucrado en el escándalo de los 609 mil dólares; declaraciones que fueron como un autorretrato de la administración de justicia en Nicaragua y pusieron en claro porqué la reputación del Poder Judicial ha caído tan bajo en nuestra sociedad.

Había muchas conjeturas sobre la turbiedad del funcionamiento de la administración de justicia, pero las revelaciones del magistrado del caso de los 609 mil dólares no sólo confirmaron sino que superaron todas las sospechas imaginables. Y sin duda que lo más impactante fue la revelación de que los proyectos de sentencias de la CSJ “filtran” a las partes interesadas, lo que un diputado abogado calificó categóricamente como delito de prevaricato.

Posiblemente no todos los magistrados son iguales —ética y profesionalmente— al del caso de los 609 mil dólares. Pero es inexplicable que los magistrados honestos permanezcan impasibles ante lo que está ocurriendo en el supremo tribunal y en toda la administración de justicia del país. No entendemos porqué los magistrados que se consideran honestos no denuncian la trágica y vergonzosa situación que sufre el Poder Judicial y/o renuncian a sus puestos en la Corte, al menos para no seguir impregnándose con la mala fama de la administración judicial ni perjudicando sus imágenes personales.

Por mucho menos que lo que está ocurriendo ahora en el Poder Judicial, cuatro magistrados de la CSJ renunciaron dignamente a sus altos cargos, durante el régimen sandinista —exponiéndose inclusive a las represalias que acostumbraba tomar aquel poder absolutista contra cualquier tipo de disidencia—, después que el Poder Ejecutivo no acató una sentencia del supremo tribunal que mandó a devolver una propiedad usurpada a sus verdaderos y legítimos dueños.

Ahora nadie renuncia ni tampoco hay señales de que los involucrados en el escándalo de los 609 mil dólares serán destituidos, por lo menos. Es vergonzoso para el Poder Judicial y para todo el Estado que también este escandaloso caso de prevaricato y corrupción quede en la impunidad. La sociedad civil que ha venido denunciando la perversión de las instituciones causada por el pacto libero-sandinista, debería pronunciarse contra esta vergonzosa prevaricación y en demanda de independencia y decoro en la administración de justicia.

Los jueces y magistrados, ante todo los que integran la Corte Suprema, deberían ser reclutados entre los mejores y más experimentados juristas que hay en el país, con la única condición de que sean justos, es decir, independientes de criterio, honestos de comportamiento y valientes en sus resoluciones y sentencias. En la Nicaragua actual tal vez es mucho pedir que esos funcionarios sean como los querían los próceres de América: “hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados son los que constituyen la república”, según señaló Simón Bolívar. Pero por lo menos hay que poner de magistrados a personas mejores que las de ahora. El Estado perfecto no existe. Las instituciones siempre funcionan con defectos, aún en las sociedades más avanzadas y democráticas del mundo. Pero no es imposible conseguir que el más alto tribunal de justicia actúe imparcialmente, con honestidad y dignidad, basado exclusivamente en lo que establece la Constitución Política de la República y mandan las leyes.

Al respecto, en reiteradas ocasiones hemos expresado nuestra opinión de que no obstante que las leyes y la misma Constitución son defectuosas y tienen vacíos que es necesario llenar, sin embargo el problema principal radica en que muchos de los que ocupan las instituciones son individuos incompetentes y corruptos. Y por lo tanto lo primero que hay que hacer es sustituirlos con personas que simplemente sean mejores.

Y los medios de comunicación social debemos autocriticarnos en este caso. Los retratos personales hay que darlos a conocer cuando son nominados los candidatos a ocupar cualquier cargo principal del Estado, no después, de que fueron nombrados y el mal está irremediablemente hecho. Por ejemplo, ¿se habrían atrevido los diputados a nombrar al magistrado del caso de los 609 mil dólares si sus referencias personales y profesionales se hubieran conocido públicamente antes de que lo nombraran, no hasta ahora?

Confesión de parte