Editorial
El fantasma del fraude electoral
Las recientes elecciones presidenciales en la vecina Honduras han dejado algunas experiencias interesantes que de alguna manera pueden ser instructivas para los ciudadanos de Nicaragua.
En primer lugar, las encuestas que hizo en ese país la firma CID Gallup daban por probable ganador al nacionalista (conservador) Porfirio Lobo, con ocho puntos de ventaja sobre su contrincante liberal, Manuel Zelaya. Sin embargo, como ya es del conocimiento público, Zelaya se alzó con la victoria. Además, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras fue muy lento en el conteo de los votos, lo cual generó un vacío de información con sus consecuentes especulaciones. Más pronto que tarde, la gente comenzó a hablar de fraude electoral, el candidato conservador Porfirio Lobo dijo que impugnaría las elecciones y el país vivió momentos de zozobra, hasta que el presidente Ricardo Maduro reconoció los resultados revelados por el TSE.
La Organización de Estados Americanos (OEA) estuvo presente por medio de más de cien observadores. Sin embargo, eso no fue suficiente para que los hondureños se sintieran seguros de que no habría fraude. El representante de la OEA en Honduras, el señor Moisés Benamor, dijo que la principal causa de la suspicacia de la gente es la afiliación política de los magistrados del TSE. Y es que también en Honduras, como en Nicaragua, los magistrados electorales son percibidos como personas al servicio de sus propios partidos y no de la conservación y fortalecimiento de la democracia.
Las encuestas y los observadores de la OEA son factores importantes y necesarios en cualquier proceso electoral en América Latina. Sin embargo, en sí mismos no bastan para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo expresada en el voto. No hay que perder de vista las palabras del señor Benamor. Lo que realmente cuenta es la composición del Poder Electoral. Aquí está el meollo del asunto. De ahí la justa preocupación al pensar en los miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
Es evidente que en este poder del Estado —así como en la Corte Suprema de Justicia— los magistrados no sirven a la democracia ni tienen un criterio independiente, sino que se deben a la dirigencia de los dos partidos mayoritarios en cuya cúspide están los caudillos, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, los cuales decidieron sus nombramientos. Tanto los magistrados sandinistas como los liberales están comprometidos políticamente y, por lo tanto, de ninguna manera pueden proyectar ante la ciudadanía una imagen de imparcialidad.
De manera que es válida y justa la demanda que han planteado organismos independientes de la sociedad civil que operan en el ámbito electoral, lo mismo que dirigentes de los partidos políticos alternativos, de que se debe reformar la Ley Electoral para depurarla de los aspectos viciosos que le introdujo el pacto libero-sandinista, y sobre todo hay que reestructurar el Consejo Supremo Electoral, para poner en sustitución de los actuales magistrados que son miembros y partidarios incondicionales del FSLN y el PLC, a personas profesionales e independientes que sean capaces de cumplir la enorme responsabilidad de garantizar la limpieza de las elecciones y el respeto al voto popular.
Las encuestas miden la intención de voto de los ciudadanos con capacidad de elegir. Y como se conoce muy bien, todas las encuestas confiables que se hacen en Nicaragua, tanto las de CID/Gallup como las de M&R Asociados y las de Víctor Borge, desfavorecen a ambos caudillos y a sus candidatos de dedo y favorecen a los disidentes Herty Lewites y Eduardo Montealegre. Y la presencia de observadores internacionales y nacionales, así como de fiscales de los distintos partidos que participan en la contienda electoral, podría dar fe de posibles irregularidades durante el proceso electoral que escapan al conocimiento público.
Sin embargo, con un Consejo Supremo Electoral hecho a la medida de uno o dos de los candidatos, las encuestas y los observadores vendrían a ser irrelevantes para el resultado. Este es el dilema de los nicaragüenses ante el fantasma del fraude electoral en el 2006. Un dilema que no puede esquivarse ni dejarse para luego.
|
